VALENCIA.- La Asociación para la Defensa de los Accionistas del Banco de Valencia (Pro Banco Valencia) sostiene que la entidad "necesita más que nunca del apoyo de los agentes políticos, económicos y empresariales de la Comunitat" para conseguir que la adjudicación "sea favorable a los sectores económicos y sociales valencianos".
En un comunicado, ratifica que un año después de la intervención
del banco, su objetivo sigue siendo la defensa de los accionistas y
recuerda que, desde el primer día, ha abogado por que se adjudique a una
entidad "solvente y con experiencia en el sector".
Este miércoles se cumple un año de la intervención del Banco de
Valencia por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) y diez meses de la puesta en marcha de la asociación para
defender los intereses de los accionistas de la entidad y "lo que el banco representa para los sectores productivos valencianos".
Para "salvaguardar la fidelidad de los accionistas",
propone al futuro comprador una serie de "condiciones", en primer lugar,
que respete los derechos de los más de 47.000 accionistas, que son
también "una parte importante de los clientes de la entidad, poseedores de activos y ahorradores".
Además, reclama el mantenimiento de una parte importante de los
órganos de decisión del banco en la Comunitat, donde han estado "desde hace más de 110 años", subraya.
Pro Banco Valencia aboga igualmente por que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la entidad adjudicataria "aceleren al máximo"
la acción de responsabilidad social acordada en la junta general de
accionistas de mayo contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja
--a la que representaba en el consejo--, contra el ex consejero delegado
Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de
Inversiones Mobiliarias, y contra Aurelio Izquierdo, como ex consejero
delegado y expresidente.
En esa sesión, se aprobó que la sociedad --Banco de Valencia--
promoviera ante los tribunales una acción civil contra los
administradores para resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su
gestión. Según la legislación mercantil, los administradores responden
frente a la sociedad del daño que causen por actos u omisiones
contrarios a la ley, a los estatutos o por los realizados incumpliendo
los deberes inherentes al desempeño del cargo.
La asociación también plantea que se tenga en cuenta la
importancia de la marca del banco y su capilaridad en su ámbito de
actuación, especialmente en la Comunitat Valenciana y Murcia.
Igualmente, subraya la importancia que tiene el tejido empresarial
y productivo dentro del negocio de la entidad y, por este motivo,
considera "fundamental" que "se mantenga el apoyo que ha prestado tradicionalmente a las unidades de negocio".
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