PALMA DE MALLORCA.- El Instituto Nóos acordó en 2004 solicitar
una póliza de crédito por un importe máximo de 300.000 euros ofreciendo
como garantía las futuras facturas que se girarían a la Ciudad de las
Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia por la celebración del Valencia
Summit, evento investigado en el marco del caso Nóos y por cada una de
cuyas tres ediciones la asociación cobró 1,044 millones, a pesar de que
los investigadores estiman en unos 300.000 euros el coste real de las
mismas.
Así consta en el acta de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 19 de octubre de 2004, en la que se acordó por unanimidad solicitar a La Caixa dicha
póliza a un plazo de hasta doce meses, al tiempo que se facultaba a
Diego Torres, en su calidad de vicepresidente de Nóos, para efectuar las
gestiones necesarias y formalizar el contrato.
Para ello, el Instituto ofrecía como aval las facturas que
cobraría la entidad en virtud del convenio de colaboración, rubricado
tan sólo mes y medio antes -el 8 de septiembre-, firmado entre Nóos,
Cacsa y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) a pesar
de que, según las pesquisas, los responsables de la entidad, con el
Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y Torres al frente, comenzaron a
trabajar meses antes en el proyecto.
El acta aparece firmada tanto por Urdangarin como por el
exsecretario general de Nóos Miguel Tejeiro. En concreto, tanto Cacsa
como la FTVCB intervinieron en la firma del convenio, en septiembre de
2004, y de dos addendas posteriores (2005 y 2006) para la puesta en
marcha del evento Valencia Summit.
Precisamente, sobre una de las entidades firmantes, la Fundación
Turismo, el Tribunal de Cuentas subraya, en un extenso informe de
fiscalización de las fundaciones de ámbito local, que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que
percibe son aportados por el Ayuntamiento de la capital levantina,
determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del
sector público.
Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas
hasta el momento por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien
sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba
sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un
dictamen jurídico aportado al caso Nóos por el Duque de Palma, para
intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado
por el evento deportivo.
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