CASTELLÓN.- La exconcesionaria del aeropuerto de Castellón, Concesiones
Aeroportuarias (Conaer) reclama a la sociedad promotora de las
instalaciones, Aerocas, dependiente de la Generalitat valenciana, 128
millones de euros y, de forma subsidiaria, 132 millones, por las obras
del aeródromo y otras adicionales, por lo que presentó una demanda al
considerar que ésta incumplió la novación del contrato para la
construcción y explotación del aeródromo que habían suscrito ambas
partes.
Durante el juicio, que se ha celebrado este martes en el juzgado
de primera instancia número 1 de Castellón, ambas partes se han acusado
mutuamente del incumplimiento de dicho contrato. Así, el abogado de
Conaer considera que Aerocas incumplió sus obligaciones respecto a la
novación del contrato que se llevó a cabo en marzo de 2011 "puesto que
no se cumplió una de las condiciones, que era la emisión por parte de
Aerocas de la ampliación de la carta de patrocinio a la nueva situación
del contrato, a pesar de las promesas de la Generalitat valenciana al
respecto".
Asimismo, el letrado ha destacado otro incumplimiento por parte de
Aerocas del acuerdo por el que, según ha dicho, la promotora del
aeropuerto se comprometió a que la Generalitat valenciana incluyese la
deuda que tenía con Conaer en el plan de pagos a proveedores.
En este punto, la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola
Johnson ha destacado durante su declaración que la Generalitat no dejó
de apoyar el aeropuerto de Castellón "en ningún momento", al
considerarlo "un proyecto estratégico y de interés general", y ha
manifestado que el Gobierno valenciano "no se llegó a pronunciar sobre
la carta de patrocinio" y que fue el propio expresidente de Aerocas,
Carlos Fabra, quien comunicó a la exconcesionaria a finales de 2011 las
razones que habían "impedido o dificultado" que la Generalitat asumiera
dicha garantía.
En este sentido, ha apuntado que "no sólo había razones
económicas, sino problemas en las relaciones contractuales, como
variaciones en el plan económico financiero" que se habían realizado
"sin contar con la otra parte".
Por su parte, el asesor jurídico de Globalvía, socio mayoritario
de Conaer, Carlos Racleta, ha asegurado que los retrasos sufridos por el
aeropuerto "son imputables a Aerocas", lo que originó "sobrecostes por
las paralizaciones y una situación de desequilibrio" que llevó a la
exconcesionaria a presentar una reclamación privada en diciembre de 2010
"puesto que Aerocas todavía no había desembolsado el préstamo
participativo".
Como consecuencia de esa reclamación ha explicado que se abrieron
negociaciones con Aerocas que culminaron con la novación del contrato.
Según ha dicho, "siempre la Generalitat valenciana dijo que se emitiría
la carta de patrocinio, hasta que Carlos Fabra dijo que no sería así
porque la Generalitat tenía otras prioridades económicas", por lo que
considera que dicha novación "quedó sin efecto y se resuelve por
incumplimiento de Aerocas".
Así mismo, ha apuntado que cuando Aerocas recepcionó de forma
provisional las obras del aeropuerto el 31 de marzo de 2011 quedaban por
realizar unas "subsanaciones menores" por parte de la exconcesionaria
que cree que se han ejecutado. Ha denunciado, así mismo, que, a la vez
que Aerocas comunicó que no se emitiría la carta de patrocinio, Conaer
comenzó a recibir comunicaciones por parte de la promotora del
aeropuerto sobre "supuestos incumplimientos que habían surgido de
repente" que acabaron con un expediente sancionador.
El jefe de obra de la UTE que ejecutó las obras del aeropuerto,
por su lado, ha explicado que la modificación de la plataforma de viraje
que se incluía en las subsanaciones que debía realizar Concesiones
Aeroportuarias se ejecutó el pasado verano, aunque ha reconocido que las
calles de rodaje --que conectan la pista y la plataforma de
estacionamiento-- tendrán que reformarse para que el aeropuerto pueda
operar con aeronaves de la clase 4D.
En su informe de conclusiones, el abogado de Concesiones
Aeroportuarias ha reclamado la estimación íntegra de la demanda, y ha
asegurado que "Aerocas tiene que pagar el aeropuerto que se ha quedado",
mientras que considera que desde que Aerocas está al frente de las
instalaciones aeroporturarias "lo está haciendo peor" .
Por su parte, la abogada de Aerocas ha pedido la desestimación de
la demanda y ha indicado que "no es verdad" que la promotora del
aeropuerto se niegue a pagar el precio final del mismo, pues --ha
añadido-- "lo que decimos es que la demanda de la exconcesionaria es
absolutamente abusiva y pretende un total enriquecimiento injusto".
Así, ha aclarado que en el contrato entre ambas partes se
establecía que Conaer recuperaría el coste del aeropuerto a través de
los ingresos del aeropuerto en 47 años, pero cuando se produjo la
recepción provisional de las obras, ésta decidió que no le interesaba
empezar la explotación del aeropuerto y pretende recuperar el dinero en
un solo plazo, sin tener en cuenta que sus incumplimientos han dado
lugar a la resolución del contrato".
Según ha explicado la letrada, la novación del contrato "nunca
entró en vigor" debido al incumplimiento por parte de Conaer, ya que no
hubo aprobación del plan económico financiero por parte de los bancos ni
del Consejo de Administración de Aerocas. Finalmente, ha reseñado que
la Generalitat valenciana no emitió la carta de patrocinio por la
modificación "unilateral" del plan económico financiero y por no estar
realizadas las subsanaciones, entre otras cosas.
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