MADRID.- La Mesa del Senado ha acordado trasladar al Tribunal Supremo (TS) la solicitud de certificación acreditativa de la condición de senadora
de la exalcaldesa de Valencia formulada por el juez instrucción número
18 de Valencia, al entender que debió enviarlo directamente al alto
tribunal para saber si está o no aforada.
El anuncio del Senado se
produce al mismo tiempo que la Guardia Civil se personaba en el
Ayuntamiento de Valencia para reclamar la documentación sobre la Mostra
Cinema del Mediterrani de 2006.
“No corresponde al Senado contestar al juzgado”, ha
explicado el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz (PP), al término de
la reunión de la Mesa, que considera que debe ser el Supremo el que
comunique al órgano judicial inferior si la exalcaldesa valenciana
ostenta o no la condición de senadora.
Por eso, ha precisado Sanz, la petición debería haberse dirigido
directamente al alto tribunal, en lugar de al presidente del Senado, Pío
García-Escudero.
En su petición, el juez solicita a la Mesa del Senado que “a los
efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos
referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado”
remita “certificación sobre la condición actual de senadora en la
presente legislatura” de Rita Barberá.
Mientras, la Guardia Civil continúa recabando información sobre el
presunto caso de corrupción en el PP de la Comunidad Valenciana y este
mismo martes se ha presentado en el Ayuntamiento de la ciudad del Turia
para recavar información sobre el certamen de cine valenciano, informa El Mundo. Los contratos solicitados estarían vinculados con María José Alcón, exconcejala y esposa de Alfonso Grau.
El juzgado de instrucción nº 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
La exalcaldesa y actual senadora del PP hizo público un comunicado el
pasado 2 de febrero en el que afirmaba que “ningún contrato del
Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni
desvío a financiación ilegal”.
Barberá añadía que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia,
durante los 24 años que fue alcaldesa, “no se han puesto en duda”.
La petición de la Fiscalía
Esta martes, la Cadena Ser ha desvelado que la Fiscalía Anticorrupción va a solicitar al juez que inicie los trámites para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capitales dentro de la denominada ‘operación Taula’.
En el escrito que está preparando el Ministerio Público se considera a
la senadora y exalcaldesa de Valencia responsable de la puesta en marcha
de un sistema de blanqueo en el seno del PP valenciano, una vez que su
‘número dos’, Alfonso Grau, dimitió y dejó en sus manos la supuesta
‘caja b’. La noticia ya fue adelantada hace casi dos semanas por el
diario digital Valencia Plaza, que aseguraba que a los instructores “no
les temblará el pulso a la hora de citarla a declarar”.
Rita Barberá se uniría así a las 49 personas investigadas por este
caso, 17 de ellos concejales o exconcejales y nueve de los diez ediles
actuales del PP.
La Fiscalía tienen indicios de la comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de la exalcaldesa que alcanzaría la suma de 50.000 euros, la
cantidad que presuntamente quedaba en la contabilidad en negro de los
populares valencianos cuando Alfonso Grau, que era quien manejaba la
caja, tuvo que dimitir por su imputación en el ‘caso Nóos’.
Fue entonces cuando se ideó un método por el cual se pedía una donación de 1.000 euros a asesores, concejales y otras personas vinculadas a la formación, que después era devuelta en dos billetes de 500 euros de origen presuntamente fraudulento.
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