VALENCIA.- La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han acusado al Gobierno
en funciones de "boicotear" la dársena y de "ningunear los intereses" de
los valencianos y le han exigido que le condone los 440 millones de
euros de deuda para que pueda ser una alternativa turística y de
innovación "viable".
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el alcalde de Valencia,
Joan Ribó, han criticado que el Gobierno, socio del Consorcio Valencia
2007 con Generalitat y Ayuntamiento para la gestión de la Marina Real,
no participara en la reunión del consejo rector para adjudicar los
contratos sobre seguridad y mantenimiento.
Soler ha dicho que "no es posible" que el Gobierno haya pagado
acontecimiento como la Expo de Sevilla o de Zaragoza, los Juegos
Olímpicos de Barcelona o la capitalidad cultural de Madrid "y los 440
millones de deudas del Consorcio sean ignorados".
"Si esos 440 millones no acaban absorbidos por quién tiene que
hacerlo como se ha hecho en otras ciudades será terrible", ha apuntado y
ha incidido en que el Consorcio "es necesario" y que quieren que el
Gobierno "se haga cargo" de la deuda "y así será viable y tratará de dar
una alternativa turística y de innovación".
Según han explicado, en un correo electrónico recibido por la
mañana la excusa para no ir a la reunión era que no podían adoptar
decisiones sobre contratos que pudieran comprometer el margen de acción
de un futuro Gobierno aunque por la tarde adujeron que ni Generalitat ni
Ayuntamiento habían pagado sus obligaciones.
Tanto Soler como Ribó han asegurado que sus respectivas
Administraciones han cumplido con el pago de 600.000 euros al Consorcio,
por lo que han considerado que el Ministro de Hacienda en funciones,
Cristóbal Montoro, "miente" al poner como excusa para faltar a esa
reunión el impago de esas obligaciones.
"Tanto Ayuntamiento como Generalitat acudimos a nuestras
responsabilidades financieras y no podemos consentir que esto siga así
porque es una muestra más del trato impresentable del Gobierno hacia
Valencia", ha afirmado Soler, para quien la actitud del Gobierno es "un
insulto a la inteligencia de los valencianos" y "un tratamiento de
absoluta discriminación y ninguneo".
Ribó ha defendido que el Ayuntamiento "ha pagado escrupulosamente
lo que se había comprometido aunque -Rita- Barberá no lo presupuestó en
2015 y se ha tenido que adelantar de 2016", por lo que ha asegurado que
"no se puede ser ministro y decir mentiras para excusar lo
inexcusable".
El alcalde ha explicado que el próximo 12 de mayo acaba el
contrato de seguridad y en agosto el de mantenimiento, las dos nuevas
adjudicaciones que debía aprobar el consejo rector, y si "no se
arreglan, Montoro será el responsable de que no haya seguridad" y se
pierda el patrimonio.
Ribó ha defendido la importancia de la dársena como punto de
conexión al mar y de cluster de innovación y de atracción de empresas
para generar empleo, algo que se ha visto frenado.
"Es un elemento de boicot intencionado a Valencia", según Ribó,
para quien "lo intolerable es que quien sale perjudicado es Valencia
porque deja al Consorcio en una situación insostenible".
El alcalde ha asegurado que no se han cuestionado la disolución
del consorcio porque consideran que "funcionaría si cada parte asumiera
lo que tiene que asumir" y que el problema es "el Gobierno estatal que
no está respondiendo a una ciudad como Valencia"
Respecto a la deuda de 7 millones con el Banco de Santander, que
ha supuesto el embargo de las cuentas del Consorcio, ha explicado que se
debía renegociar a nivel estatal pero el Gobierno "no ha hecho nada",
algo "absolutamente intolerable", y ha apuntado que ya no se puede
garantizar que el embargo no afecte a los salarios.
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