MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción avanza con paso firme en las diligencias
que tiene abierta en Castilla y León por la llamada 'trama eólica', el
cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de
asesoramiento para la construcción de parques de energías renovables en
la Comunidad, según publica la agencia 'Colpisa'.
La investigación se basa en un informe de la Agencia Tributaria que
recoge el pago de unos 110 millones de euros entre cargos de la Junta,
políticos y asesores, en supuesta connivencia con algunas empresas
regionales, para favorecer la concesión de autorizaciones de medio
centenar de los 241 parques eólicos sembrados en Castilla y León en la
última década.
Las pesquisas dirigidas por el fiscal anticorrupción Tomás Herranz,
que cuenta con tres equipos especializados desde hace un año, han puesto
en el punta de mira a destacados responsables de la administración
autonómica e importantes constructores de Valladolid. Pero también los
negocios privados de históricos dirigentes del Partido Popular, quienes
se lucraron por supuestos servicios de asesoramiento a través de sus
despachos cuando eran parlamentarios.
Las diligencias de investigación de la Fiscalía, que sigue acumulando
indicios antes de remitir la querella al juzgado, han estrechado el
cerco sobre un peso pesado en el PP, Federico Trillo-Figueroa, embajador
de España en Reino Unido, expresidente del Congreso y exministro de
Defensa. También sobre los exparlamentarios Vicente Martínez-Pujalte y
Ana María Tormé, quienes no repitieron como diputado y senadora,
respectivamente, en la últimas elecciones.
Tal y como apuntan fuentes jurídicas, la instrucción de
Anticorrupción maneja que recibieron pagos sin justificación a través de
sus respectivos despachos por parte del Grupo Collosa (Construcción y
Obras Llorente, en la actualidad Corporación Llorente), una constructora
de Valladolid especializada en obra pública y a quien la Agencia
Tributaria señala como una de las beneficiadas por el sistema de
aprobación de los parques.
El avance de las pesquisas de Anticorrupción ha provocado que Trillo y
Martínez-Pujalte se hayan personado con abogado en las diligencias
"para saber de qué se les acusa o investiga" y poder defenderse, según
confirmaron fuentes fiscales. Un movimiento judicial que ya conocen en
la dirección nacional del PP y que hace temer lo peor, sobre todo en el
caso del actual embajador en Reino Unido. Las mismas fuentes señalan, no
obstante, que la investigación de la Fiscalía no está cerrada y no se
está ultimando la judicialización del caso, tal y como apuntan otros
informantes.
El despacho de la familia Trillo, Estudios Jurídicos Labor, que en la
actualidad figura a nombre de tres de sus hijos, recibió 354.560 euros
de 2006 a 2008 (unos 9.000 euros al mes) por tareas de "asesoramiento
general y jurídico" a Collosa. Ante la inspección de Hacienda, Collosa
aportó las facturas, pero no dio "ningún informe, dictamen, valoración,
estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de
los servicios prestados descritos en las facturas", según publicó el
diario 'El País' en abril de 2015.
Tras finalizar el contrato en 2008, otra mercantil llamada Sirga XXI
Consultores, creada en octubre de ese año por los entonces diputados
populares Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme firmaron otro
acuerdo similar. Tormé, natural de Valladolid como el Grupo Collosa, y
Martínez-Pujalte, murciano como Trillo, recibieron 5.000 euros al mes
por asesoramiento. En un año y tres meses facturaron 75.000 euros (la
sociedad fue liquidada en agosto pasado, según el registro mercantil).
En cualquier caso, los implicados defendieron la legalidad de sus
trabajos porque asesoraban verbalmente al consejo de administración.
También que los pagos recibidos están al corriente con el fisco y que no
incumplieron el reglamento de incompatibilidades del Congreso. En el
caso de Martínez-Pujalte alegó que recibió permiso de la Comisión del
Estatuto del Diputado para realizar, en genérico, tareas de
asesoramiento como economista, su profesión.
Sin embargo, la diputada socialista por Valladolid, Soraya Rodríguez,
afirmó tras conocerse estos pagos "que los diputados no pueden ser
contratados o hacer valer su cargo informado para ejercer cualquier tipo
de actividad mercantil", más si cabe de una empresa que trabaja con la
administración pública. Asimismo, recordó que Pablo Trillo, hermano de
Federico, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía
de Castilla y León, departamento que está en el centro de la trama,
meses antes de que se firmara el contrato de asesoramiento con Collosa.
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