MADRID.- El PSOE se ha comprometido a
ir “más allá de la justicia” si se confirman conductas reprobables en
la financiación del partido en la Comunidad Valenciana, el PSPV, porque
aunque pudieran haberse cometido delitos ya prescritos los socialistas
exigen a sus cargos “máxima ejemplaridad” en el ejercicio de la
actividad pública.
En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Ábalos ha hecho
referencia al auto del Juzgado de instrucción 21 de València sobre la
presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de
Compromís, en 2007, a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar,
a la que podrían haber recurrido estos partidos para que, a
través de facturas falsas, empresas terceras pagaran gastos de la
campaña de 2007.
En ese auto, conocido ahora, pero que data del pasado mes de enero,
la juez se inhibe en favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid para
que continúen la investigación. Ábalos interpreta esa decisión como la
confirmación de que no ha habido financiación irregular del PSPV”,
porque si la hubiera habido, sería competente la justicia valenciana. “Parece que no hay trama y no hay financiación ilegal”, ha insistido.
En cualquier caso, el PSPV ha creado una comisión interna de
investigación sobre los hechos referidos y, en función de sus
conclusiones, el partido actuará en consecuencia, sancionando, en su
caso, a los responsables de comportamientos “inadecuados”. Los trabajos
de esta comisión, ha añadido, el PSOE los sigue “con insistencia y preocupación”.
En el auto mencionado, la juez pone de relieve “la existencia de
irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de
contratación” con la empresa de comunicación Crespo Gomar –que tuvo como
presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del
Ayuntamiento de Gandia–, algunas de ellas solo administrativas pero
otras “que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal”.
La documentación que motiva la investigación fue aportada por el
actual presidente del PP en Alicante, José Císcar. Se investiga, entre
otros, contratos adjudicados por los Ministerios de Medio Ambiente y
Vivienda en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que
dirigían por entonces Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, y
Beatriz Corredor, miembro de la Ejecutiva Federal.
Ábalos ha confirmado que ha hablado con ellas del tema y que su primera reacción fue de estupefacción. “Estamos hablando de cosas en las que un ministro no está”,
ha indicado antes de apuntar que la investigación remitida a Madrid
sólo afectaría a los departamentos de Vivienda y Consumo, no Medio
Ambiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario