Imputada la cúpula empresarial que construyó el circuito de Fórmula 1 en Valencia

VALENCIA.- La decisión de Ricardo Costa de colaborar con la Justicia y poner al descubierto los desmanes de la era Camps ha salpicado ahora a la cúpula empresarial nacional y autonómica.

La juez que investiga si las obras para construir el circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia estaban adjudicadas antes de que se iniciaran los procesos a empresarios que pudieron obtener beneficios del PP a cambio de inyectarle dinero, acaba de imputar a todas las empresas que participaron en la construcción.
Carmen García Mingo quiere que expliquen si, como denuncia Costa, pagaron a cambio de recibir la adjudicaciones para poder participar en los trabajos del circuito. 

En una providencia a la que ha tenido acceso El Mundo la magistrada cita en calidad de investigados a los representantes legales de las principales constructoras, algunos de ellos ya condenados por corrupción. 

Entre ellos destacan Rafael y Tomás Martínez Berna -propietarios de Hormigones Martínez SA y viejos conocidos de la Justicia puesto que acaban de ser condenados por la financiación ilegal del PP de Francisco Camps- y a José Mayor Oreja -hermano del exministro y ex directivo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- a quien Costa acusa de pagar una 'mordida' de 150.000 euros en su propio despacho.
También se sentarán ante la magistrada el representante legal de Construcciones Luján, a quien Costa desvinculó en su declaración del circuito delictivo; el de la UTE FCC-Pavasel-Becsa, los representantes de la UTE OHL-Luján-Ecisa. 

También ha requerido a Cyes, Elecnor, Iberdrola Distribución Eléctrica y a Werser Seguridad y Custodia SL.
Además, quiere conocer el testimonio de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Pablo Crespo, condenados ya en Gürtel. El motivo por el que la instructora quiere tomarles declaración como testigos, tal como se refleja en la providencia, radica en que el parecer quiere incorporar a la causa una manera de proceder muy similar a la que investiga: la caja B del PP que, presuntamente, se financiaba con el dinero fuera del circuito legal de empresarios de la construcción. Las declaraciones están previstas para el próximo mes de septiembre.
Esta causa, que continúa secreta, parte de otra denuncia de Ricardo Costa ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo. Se da la circunstancia de que a pesar de que el exsecretario general del PP valenciano admite haber participado en los hechos -aseguró que Mayor Oreja sacó dinero en su despacho para poder participar en la construcción del circuito automovilístico- está en la causa en calidad de testigo.

Continúa el goteo de facturas fuera de contrato en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- La práctica de realizar pagos a empresas por servicios que se prestan sin adjudicación previa está muy lejos de atajarse en el Ayuntamiento de Alicante. A pesar de que Intervención considera esto como una práctica al borde de la legalidad (e incluso en algunos casos «no ajustada a derecho», como ya informó El Mundo), la Administración local sigue teniendo un goteo constante de facturas a dedo.

En la Junta de Gobierno Local de esta semana se han sumado dos nuevos informes a los cinco que pasaron durante las fiestas de Hogueras, en esta ocasión por los conceptos de mantenimiento de zona verdes e instalaciones deportivas (unos 5.354 euros) y la organización de trabajos de jardinería y recogida de sillas de la Explanada (33.362).

En ambos casos el interventor municipal indica lo siguiente: «Este tipo de expediente supone el reconocimiento de la realización de una actuación no sujeta a las normas de procedimiento administrativo».

Y en el tema del mantenimiento de zonas verdes pide al «órgano gestor» que adopte «las medidas oportunas para evitar que esta situación se repita».

Más duro ha sido con la jardinería y recogida de sillas. Ahí exige «al órgano de contratación» que inste «al centro gestor para que tramite el expediente de contratación, con el fin de revertir una situación irregular que se repite desde mediados de 2016 y evitar que esta situación continúe».

En este caso el responsable del área de Jardines era Víctor Domínguez (Guanyar, recién dimitido de la corporación por hacer pagos en Medio Ambiente a un militante de EU sin hacerle un contrato), y el de Contratación Natxo Bellido (portavoz de Compromís, ahora en la oposición).

¿Por qué se producen este tipo de gastos? Pues básicamente porque el órgano gestor encargado de sacar a tiempo los contratos no lo hace, y el consistorio se ve obligado a recurrir a una empresa a dedo para prestar el servicio.

Normalmente este tipo de actuaciones vienen acompañadas con informes de los técnicos de cada área que justifican la necesidad de saltarse el procedimiento habitual, y en los que se defiende la necesidad de prestación del servició aún cuando no se haya licitado un contrato. El visto bueno final, sin embargo, es el del interventor, quien hasta ahora ha emitido el informe favorable pero con las advertencias previas de que la Administración local debe de atajar este tipo de prácticas.

Soraya intentó tres veces la dimisión de Rajoy para ser investida presidenta del Gobierno

MADRID.- El pasado miércoles 24 de mayo nada mas hacerse pública la sentencia de Gurtel –que el Gobierno conocía de antemano- Mariano Rajoy empujado por Soraya Sáenz de Santamaría se había planteado disolver las Cortes en el Consejo de Ministros del viernes 25 y la convocatoria de las elecciones anticipadas ante el riesgo de la moción de censura que pedía Pablo Iglesias y Pedro Sánchez meditaba. El equipo de Santamaría tenía preparado dicho decreto para la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral, según revela hoy www.republica.com/

La intención de Santamaría (que vio tocado a Rajoy con las amenazas de Bárcenas si su esposa Rosalía entraba en prisión y el riesgo de censura) era aprobar el viernes 25 la disolución de la Cortes, porque unas elecciones inmediatas le garantizaban a ella ser la candidata a la investidura con un Rajoy en retirada y sin tiempo para un Congreso o debate interno en el PP. 

Pero Pedro Sánchez, alertado de la maniobra de disolución de las Cortes por un ‘astuto mensajero’, se adelantó y sin esperar al debate interno de su partido presentó a las 10 de la mañana del viernes 25 la moción de censura que triunfó en la votación del 1 de junio y le condujo a la presidencia del Gobierno.

Sin embargo y una vez en marcha la moción de censura Santamaría volvió a la carga para provocar la dimisión de Rajoy, suspender así la moción de censura y abrir un proceso de investidura donde ella sería la candidata del PP con apoyo del PNV y Cs. 

Para ello Soraya pidió al PNV que animara a Rajoy a dimitir con la garantía de que este partido apoyaría su investidura, porque las inmediatas consultas del Rey con los partidos políticos no darían tiempo a un debate interno o Congreso del PP para nombrar otro candidato. 

Pero Rajoy y Cospedal habían descubierto las maniobras de Santamaría y habían hecho otros cálculos sobre la ‘aritmética parlamentaria’ como lo explicó Cospedal en el Congreso el jueves 31 de mayo por la tarde cuando anunció que Rajoy no pensaba dimitir, mientras Soraya ya había colocado su bolso en el escaño de Rajoy como si ese territorio le perteneciera. 

Y fue en la famosa comida y larga sobremesa con muchas copas de Rajoy en el restaurante madrileño Arahy donde Rajoy denunció a Soraya ante los presentes (Cospedal, Dolors, Báñez, Ayllón y Martinez Castro) afirmando que Santamaría llevaba ya mucho tiempo ‘dedicada a sus cosas’. Lo que se interpretó por los presentes como un reproche a sus ambiciones personales. 

Y fue también en dicho almuerzo donde Dolores Cospedal, en defensa de sus propias ambiciones sucesorias de Rajoy, expuso su oposición al riesgo de unas elecciones anticipadas (si dimitía Rajoy y el Rey no lograba una investidura) diciendo que en dichos comicios, como lo anunciaban todas las encuestas, Cs barrería al PP del mapa español.

Y a partir de ahí Rajoy decidió no dimitir porque ello además significaba  que asumía la corrupción del PP. Y dio paso a Pedro Sánchez y más tarde anunció que dejaba la presidencia del Partido Popular y la vida política tras convocar un Congreso del partido para la elección de su sucesor. 

De esa manera, Rajoy cortó de raíz todas las maniobras de Santamaría. Las que además tenían precedentes conocidos por él durante las negociaciones de su investidura a finales de 2016. Tiempo en el que la intrigante Soraya había movido en distintas instancias las influencias de su vicepresidencia para que Rajoy se retirara y ella pudiera ser la candidata a la investidura, con el argumento de que su presencia haría más fácil el voto favorable de Cs y PNV y la abstención del PSOE. 

Dos movimientos utilizó Soraya a finales de 2016 para intentar la retirada de Rajoy en favor de su candidatura: el poder económico y el mediático. Y fue así que Santamaría animó, por persona interpuesta, al ex presidente de Telefónica y del Consejo de Competitividad del Ibex, Cesar Alierta a decir a Rajoy para que diera un paso atrás por el ‘bien de España y la estabilidad económica’. 

Lo que Alierta transmitió a través de la esposa de Rajoy Elvira Fernández, empleada de Telefónica y lo que indignó a Rajoy y puede que estuviera en el origen de la posterior dimisión de Alierta en Telefónica. 

En ese tiempo la jefa de gabinete de Santamaría, la no menos intrigante María Pico, habría visitado a un poderoso editor de un diario nacional y amigo personal de Rajoy para sugerirle lo mismo de la operación Alierta: que le pidiera a Rajoy que le diera paso a Soraya, pero el editor rechazó semejante maniobra diciéndole a Pico: ‘yo no soy un felón’. 

Naturalmente ambas gestiones, fueron conocidas por Rajoy, indignaron al presidente que se mantuvo en sus trece como ganador de las elecciones de 2016 y logró la investidura, con apoyo de Cs, PNV y abstención del PSOE.    

Pero ya le vio las garras afiladas a su vicepresidenta Santamaría. A la que poco después le quitó la portavocía del Gobierno y ‘la desterró’ a Cataluña a hacerse cargo del incontrolable desafío catalán, que Soraya empeoró con su incapacidad política, por no aplicar el 155 el día 7 de septiembre y por no impedir el referéndum del 1-O.

Pero la gata ambiciosa de las garras afiladas volvió a la carga a finales del pasado mes de mayo, no sin antes haber colaborado en la caza de otros de sus posibles adversarios a la sucesión de Rajoy. 

Como ocurrió con Aguirre, Gallardón , Cifuentes e incluso Feijóo. El que, finalmente, no fue candidato a la sucesión de Rajoy por temor -según se cuenta en el PP- a la posible información privada que podía manejar Soraya del CNI sobre su anterior amistad con el narco Marcial Dorado. 

Una Soraya que está bajos muchas sospechas de desprecio a la libertad de expresión (manipulando RTVE y otros medios en su favor) y la democracia (Ley Mordaza) con el manejo de las influencias políticas y toda clase de intrigas en el Gobierno (que se lo pregunten a Margallo) y en el PP (que le pregunten a Cospedal), dando pie al ‘Sorayismo’. Eso que bien explicó José Antonio Zarzalejos en u reciente y brillante artículo publicado en El Confidencial.

Y todavía aspira Santamaría a ganar las elecciones primarias del PP, lo que de producirse provocaría la ruptura del partido y la fuga masiva de muchos militantes y dirigentes hacia Ciudadanos, porque el ‘Sorayismo’ -que tiene mucho de sectarismo- ya se sabe en el PP lo que significa y puede ser. Ahí incluidas la deslealtad y la traición a Rajoy.

La guerra comercial pone en riesgo el 7% de las exportaciones españolas

MADRID.- Casi el 7% de las exportaciones españolas está en riesgo por la guerra comercial abierta entre EEUU y China. Aunque nuestro país es uno de los socios europeos menos expuestos a un recrudecimiento de las tensiones porque sus ventas al exterior se dirigen mayoritariamente a la eurozona, lo cierto es que exporta a las dos grandes potencias económicas mundiales casi 18.000 millones de euros anuales, según se desprende de las estadísticas que difunde periódicamente el Ministerio de Economía y cita El Economista.

Pese a que Irlanda, Reino Unido y Alemania son los países que peor parados pueden salir del fuego cruzado entre Pekín y Washington, el peso de las ventas españolas a estos dos países no ha dejado de crecer. De nuestras ventas, el 4,8% van a parar a EEUU, casi 12.500 millones. 

El resto, 5.500 millones (el 2,3% del total), tiene como destino China. Gravámenes sobre todas estas cantidades pueden provocar un agujero importante en numerosos sectores económicos, especialmente el alimentario, que ya padece el efecto de un arancel sobre productos como la aceituna negra.

Para el resto de socios europeos el efecto puede ser peor. Primero llegaron los aranceles de Donald Trump al acero y al aluminio europeos, además de todos los impuestos a China, su gran rival. Después Bruselas contraatacó con barreras a las Harley Davidson y otros productos por valor de 2.800 millones. 

Y eso ha ofrecido a la Administración Trump la excusa perfecta para centrar sus iras comerciales en la automoción, con la amenaza de otro arancel del 20 al 25%. Alemania tiembla por ello. 

"Las tensiones comerciales mundiales siguen siendo el principal riesgo para Europa tanto a nivel mundial como regional, la pregunta ahora es cuán grande será el impacto económico", advierte Paul Watters, supervisión de las condiciones de crédito regional de S&P Global Ratings.

El PIB del euro sufrirá

Una decisión que hundiría el dedo en la llaga europea, especialmente alemana, dado que la industria de automoción de la UE exportó a EEUU entre vehículos y piezas el año pasado por valor de 53.563 millones de euros. Alemania llevó materias por 30.435 millones, seguida de Reino Unido con 9.098 millones. España vendió productos por valor de 1.134 millones de euros.

"Un arancel del 25% podría disminuir la demanda estadounidenses de coches europeos del 22,5%, unas 260.000 unidades", calcula Christian Schulz, economista de Citi. "Esto reduciría los ingresos del sector de la UE en 9.000 millones de euros, es decir, el 0,5% de las exportaciones totales y el 0,1% del PIB de la UE", aclara.

Bank of America Merrill Lynch estima que un gravamen a los coches europeos podría reducir el PIB de la eurozona en al menos un 0,3%, excluyendo cualquier daño colateral sobre la confianza de los inversores, el gasto empresarial y los cambios en otros mercados.

Aún así, Schulz recalca que "una guerra comercial entre EEUU y China corre el riesgo de tener un mayor impacto en el crecimiento europeo que una confrontación directa entre Bruselas y Washington". 

Así, aunque la UE esquivase más aranceles directos de Trump, las cadenas de suministro globales de las que dependen las compañías europeas podrían verse afectadas si la Casa Blanca y Pekín endurecen posiciones. Se debe tener en cuenta que las exportaciones de bienes y servicios representan el 27% del PIB de la zona euro, en comparación con el 12% en EEUU y el 21% en China (datos del BCE).

Aunque este porcentaje incluye también el comercio entre miembros de la UE, debemos destacar como Alemania es el socio europeo con la mayor participación comercial fuera del Viejo Continente, contribuyendo con sus exportaciones a otros países no europeos al 28,3% de las ventas de bienes totales de UE fuera del grupo. 

Le siguen Reino Unido (10,9%), Italia (10,6%) y Francia (10,4%). En el caso de España, el porcentaje el año pasado fue del 5,1%.

Si China y EEUU aumentan tensiones, cualquier efecto en sus economías se dejará sentir, ya que ambos países son clave para exportaciones europeas. "Incluso antes de que Trump comenzara con sus escaramuzas, China ha sido un factor clave para la desaceleración de Europa este año", avisa.

El año pasado las exportaciones de la UE a EEUU alcanzaron los 375.500 millones de euros, con Alemania liderando el grupo, con 112.320 millones. Le siguen Reino Unido (52.023 millones); Italia (40.496 millones); Francia (34.254 millones); e Irlanda (32.849 millones). España se sitúa en octava posición por detrás de Países Bajos y Bélgica, con 12.455 millones de euros.

"El impacto de una guerra comercial se dejará sentir más allá de las dos economías más grandes del mundo", incide Luca Paolini, estratega jefe de Pictet Asset Management, que apunta a Irlanda como una de las economías europeas "más vulnerables". 

Las exportaciones irlandesas a EEUU suponen el 55,7% del total de sus ventas fuera de la UE. En comparación, en el caso español, este porcentaje es del 13%, según Eurostat, y apenas supera el 6,8% si se cuantifican las ventas a EEUU y China en conjunto.

Más exposición a Pekín

Paralelamente, entre 2007 y 2017, las exportaciones europeas a China, casi se han triplicado, hasta 200.000 millones de euros. Esta estrecha relación no debería sorprender: el gigante asiático representó el 6,7% de las exportaciones alemanas en 2017, no mucho menos que las estadounidenses (8,7%). 

Y teniendo en cuenta el incremento de las relaciones comerciales podría decirse que China es incluso más importante que EEUU en lo que respecta al crecimiento de las exportaciones.

La economía alemana está mucho más expuesta al comercio chino que cualquier otra economía europea. Los Países Bajos y Bélgica ocupan el segundo y tercer puesto, con el 1,9% y el 1,7% de su PIB exportado a la segunda mayor economía del mundo en 2017. La media de la UE es del 1,3% y otras grandes economías europeas como Francia, el Reino Unido e Italia (todos 0,8%) o España (0,5%) están por debajo de la media. 

Sin embargo, además de estas exposiciones, las grandes compañías industriales de Alemania actúan como una "ventana" para la fabricación europea en China.

A través de las cadenas de suministro paneuropeas, las actividades alemanas en China, así como sus exportaciones al país o la inversión nacional generada por el negocio chino, afectan indirectamente al resto de Europa. Los datos del PMI manufacturero han caído en línea a los alemanes, por ejemplo en Austria, Hungría, España, República Checa y aún más en Italia.

"China enfrenta riesgos a la baja por tensiones comerciales con EEUU", reconoce el economista de Citi, que apunta como esto juega en detrimento y también a favor de la UE. Schulz pone de manifiesto que las autoridades chinas han adoptado ya algunas medidas para apoyar el crecimiento y podrían ir más allá en la segunda mitad del año. 

"Las empresas europeas podrían beneficiarse desproporcionadamente de este estímulo mientras sus rivales estadounidenses sufren las consecuencias de las represalias comerciales chinas a EEUU".

Nuestro país, en vilo por el ataque a la aceituna

Según los últimos datos oficiales del censo estadounidense, las exportaciones de Estados Unidos a España alcanzaron entre los meses de enero y abril de 2018 un total de 4.168 millones de dólares (3.569 millones de euros al cambio). 

Por su parte, las importaciones españolas al país norteamericano tocaron un valor de 6.100 millones de dólares (5.220 millones de euros), por lo que la brecha comercial entre la primera potencia económica mundial y nuestro país alcanza los 1.931 millones de dólares (algo más de 1.600 millones de euros).

Dejando de lado los aranceles del 25 por ciento y el 10 por ciento, respectivamente, al acero y el aluminio impuestos a Europa por decisión del presidente Donald Trump, el Departamento de Comercio de Estados Unidos adoptó este mismo mes las resoluciones definitivas que ponen fin a sus investigaciones antidumping y antisubvenciones contra la aceituna negra de España. 

Según ha anunciado la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), supondría la imposición de un arancel del 34,75 por ciento, desde el 21,60 por ciento provisional anterior. 

Como consecuencia de la investigación antisubvención se impone un arancel medio del 14,75 por ciento, frente al 4,47 por ciento provisional establecido el pasado mes de noviembre de 2017, mientras que a partir de la investigación antidumping se impone un arancel medio del 20 por ciento, frente al provisional 17,13 por ciento establecido el pasado mes de enero de este año.

El sector automotriz alemán, bajo amenaza

Las exportaciones de Estados Unidos a Alemania se sitúan en los 19.489 millones de dólares (unos 16.688 millones de euros al cambio actual) desde que arrancase 2018 hasta el pasado mes de abril. 

Mientras, las exportaciones alemanas a EEUU se situaron en los 41.389 millones de dólares (35.437 millones de euros) por lo que el déficit comercial del país norteamericano con la primera potencia europea se sitúa ya en los 21.900 millones de dólares (a-proximadamente 18.751 millones de euros).

Es por ello que Donald Trump ha atacado insistentemente a su "masiva" brecha comercial con el país germano, al que además acusa de contribuir menos de lo que debe a la OTAN y las fuerzas militares.

La Administración estadounidense estudia en la actualidad la posibilidad de imponer aranceles del 25% sobre los automóviles importados, una medida similar a la que recurrió en cuanto a los suministros de aluminio y acero.

En 2017, EEUU importó unos 8,27 millones de vehículos por un valor total de 192.000 millones de dólares (algo más de 164.400 millones, en euros) y vendió 1,98 millones, por alrededor de 57.000 millones (48.813 millones de euros), según el Departamento de Comercio. 

Pero de manera general, Washington importa vehículos baratos y vende otros de gama alta. Más del 70% de los 371.316 vehículos producidos en 2017 por BMW en su fábrica de Carolina del Sur estaba destinado a la exportación.

La aliada Francia advierte: habrá represalias

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, las exportaciones de Estados Unidos a Francia alcanzaron entre los meses de enero y abril de este año un total de 11.210 millones de dólares (aproximadamente 9.596 millones de euros). 

Por su parte, las importaciones francesas al país norteamericano totalizaron un valor de 16.908 millones de dólares (cerca de 14.475 millones de euros), por lo que el déficit comercial entre la primera potencia mundial y nuestros vecinos galos alcanza los 5.698 millones de dólares (4.878 millones de euros).

Cabe recordar que las principales exportaciones de Francia son los aviones, helicópteros y las naves espaciales, además de los medicamentos, automóviles, piezas de vehículos y turbinas de gas.

El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, un aliado clave del presidente galo, Emmanuel Macron, ha advertido que si Estados Unidos cumple con su amenaza de imponer un arancel del 20% sobre los coches europeos, "responderemos de nuevo".

 "No queremos una escalada, pero somos nosotros los que estamos siendo atacados", señaló recientemente, asegurando que Europa no quiere una guerra comercial pero se defenderá de las medidas arancelarias de el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente francés, en la primera visita de Estado que acogió Washington en la era Trump, trató de ejercer su influencia para que EEUU aminorase el volumen de su guerra arancelaria. Ambos líderes hicieron gala de su relación privilegiada.

Al choque con Italia se suma el 'efecto Irán'

En el caso de otra de las principales economías europeas, las exportaciones de bienes estadounidense a Italia acumulan un valor de 7.503 millones de dólares (algo más de 6.426 millones de euros) desde que arrancase 2018 hasta el pasado mes de abril. 

En el mismo periodo, las ventas italianas a Estados Unidos alcanzaron los 17.322 millones de dólares (en euros son aproximadamente 14.836 millones), de manera que el déficit comercial de la primera economía mundial con Italia se sitúa ya en los 9.819 millones de dólares (al cambio, 8.410 millones de euros).

El caso concreto del país transalpino, las principales exportaciones al otro lado del Atlántico son medicamentos, automóviles, piezas de vehículos, petróleo refinado y válvulas.

Pero además, cuando nos referimos a Italia, a los aranceles de Washington también habría que añadir la decisión de la administración de Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, instaurando de nuevo sanciones contra la república islámica y los países que mantienen relaciones comerciales con Teherán.

El año pasado, Italia exportó casi 2.000 millones de dólares (unos 1.713 millones de euros) en bienes a Irán, muy por encima de los 1.401 millones de dólares (1.200 millones de euros) de dos años antes, en 2015, según datos oficiales de la Unión Europea. Solo Alemania exportó más, enviando mercancías por valor de casi 3.500 millones de dólares (algo menos de 3.000 millones de euros) a Irán.

Bankia soltará 2.300 millones de euros de activos dudosos este mismo año

MADRID.- El Plan Estratégico de Bankia tiene prevista una reducción acelerada de activos problemáticos. El objetivo: seguir reduciéndolos de manera orgánica mediante la venta de carteras. Según ha podido saber OKDIARIO, la intención pasar por vender, este mismo año, activos dudosos por valor de 2.600 millones de euros.

Bankia necesita seguir deshaciéndose de activos problemáticos para liberar liquidez y recursos con el fin de conceder sus créditos en segmentos en los que la entidad nacionalizada quiere aumentar las nuevas formalizaciones y las cuotas de mercado. 

Así las cosas, el mayor volumen de crédito estará acompañado de nuevas reducciones de los dudosos y los activos adjudicados (8.800 millones de euros previstos en el periodo 2017-2020) que, según las previsiones del nuevo Plan Estratégico, dejará la ratio de activos problemáticos (dudosos brutos + adjudicados brutos / riesgos totales + adjudicados brutos) por debajo del 6% al cierre del ejercicio 2020 (12,5% en 2017), en tanto que la tasa de morosidad se situará en el 3,9%.

Durante el primer trimestre de 2018, los inmuebles adjudicados por Bankia han mostrado una evolución positiva, disminuyendo un 3,5% en el trimestre hasta situarse en 4.938 millones de euros brutos al finalizar marzo de 2018. 

En este primer trimestre de 2018, el grupo ha continuado con su estrategia de reducción de exposición inmobiliaria, formalizado la venta de 3.311 inmuebles, lo que representa un 73% más que en el mismo periodo de 2017.

La reducción de NPA´s (dudosos más adjudicados) fue de 600 millones en el primer trimestre de 2018, sin embargo, el objetivo es hacer algo más de 2.900 millones anuales durante los tres años del plan para llegar al objetivo de 8.800 millones, lo que supondría el 51% del stock existente a finales de 2017.

Así las cosas, y según han confirmado fuentes próximas a la entidad a OKDIARIO, la intención del banco para por acelerar las ventas en lo que queda de año hasta alcanzar los 2.900 millones. Teniendo en cuenta que en el primer trimestre se han deshecho de 600 millones, en los seis meses que quedan de año Bankia tratará de colocar hasta 2.300 millones de euros.

La entidad nacionalizada ha anunciado esta misma semana el proceso de venta para una cartera de inmuebles alquilados con un valor de mercado estimado de unos 450 millones de euros. Pero queda mucho más. 

Cabe recordar, en este sentido, que la reducción de los 8.800 millones del plan a tres años supondrá algo más de la mitad de los 17.200 millones que teníamos a finales del año pasado.

Puja reñida por los activos tóxicos de Banco Sabadell: siete fondos presentan ofertas

MADRID.- Hasta siete fondos internacionales han presentado ofertas a Banco Sabadell para adjudicarse una o varias de las cuatro carteras que la entidad ha sacado al mercado. 

Cerberus, Lone Star, Blackstone, Oaktree, Deutsche Bank, Bain Capital y CPPIB son los interesados, con lo que la entidad que preside Josep Oliu tendrá ahora que decidir a quién vender para liquidar, de una vez por todas, la práctica totalidad de su saldo de activos problemáticos.

Fuentes del sector han confirmado a OKDIARIO que no todos pujan por todo: tres fondos que sólo están interesados en los inmuebles adjudicados y otros cuatro sólo pretenden comprar préstamos fallidos o NPL (non-performing).

Los planes de Banco Sabadell pasan por deshacerse de hasta 10.800 millones de euros de activos tóxicos antes del mes de agosto, lo que supone aproximadamente un 75% del total de los activos problemáticos de la entidad, que rozan los 15.000 millones (mitad saldos dudosos y mitad adjudicados).

De este modo, Sabadell ha hecho cuatro paquetes con estos activos improductivos: Challenger (5.000 millones), Coliseum (2.500 millones), Makalu (2.400 millones) y Galerna (900 millones). Cabe recordar, en este sentido, que aproximadamente la mitad, unos 5.800 millones, son activos heredados de la compra de la CAM y que forman parte del esquema de protección de activos (EPA).

En concreto, los fondos estadounidenses Cerberus Capital Management L.P., Lone Star Funds LLC y Blackstone Group L.P. están pujando por “Challenger” y “Coliseum”, dos paquetes de activos improductivos adjudicados valorados en 5.000 millones de euros el primero y 2.500 millones el segundo, ha explicado la fuente.

La de menor dimensión incluye también créditos inmobiliarios procedentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, o CAM, comprada por 1 euro en 2012 por Sabadell tras su quiebra.

Por su parte, el fondo Oaktree Capital Group LLC, el banco alemán Deutsche Bank AG y el fondo canadiense CPP Investment Board están intentando hacerse con “Makalu”, que engloba préstamos morosos a promotores y pequeñas y medianas empresas por valor de 2.400 millones, y con “Galerna”, una cartera de hipotecas a particulares impagadas de 900 millones, ha dicho la fuente, que ha añadido que estos dos paquetes proceden también de la CAM.

Sabadell está siendo asesorado en las transacciones por la firma de gestión de activos y patrimonio Alantra Partners SA y la empresa de servicios financieros KPMG, y su objetivo es cerrar los acuerdos antes de que finalice el mes de julio, ha agregado la fuente, confirmando una información adelantada por el diario Expansión.

Uno de cada tres hogares lo mantiene un jubilado

MADRID.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2017. El dato que vimos en todos los medios es el de que el gasto medio por hogar, que subió un 3,5% el año pasado, lo que supone la mayor subida en una década. Pero la estadística incluye otras cifras que llaman mucho la atención y que resultan muy relevantes en este momento, como el número de hogares que hoy están sustentados por pensionistas, que ya roza el 29%, según Vozpópuli.

Y es que el 'invierno demográfico' que esperan los expertos está cada vez más cerca. En el año 2006 el porcentaje apenas llegaba al 27% y lo peor es que no parará de subir en los próximos años e incluso en las próximas décadas. Y es que la población envejece y lo hace a ritmos agigantados. Es cierto que envejece toda Europa, pero España está a la cabeza en esta carrera.

De hecho, no es la única cifra preocupante que ha publicado el INE esta semana. El martes también dio a conocer la estadística 'Movimiento natural de la población', con un dato demoledor para los indicadores demográficos del país: las muertesvolvieron a superar a los nacimientos en 2017, como ya ocurrió también en el año 2015.

En concreto y, según datos provisionales, durante 2017 nacieron en España 391.930 niños, lo que supone un descenso del 4,5% respecto al año anterior, es decir, 18.653 nacimientos menos. Si echamos la vista atrás la cifra es aún más dramática, puesto que entre 2008 y 2017 el número de niños nacidos en España ha caído un 24,6%. De hecho, la cifra de nacimientos es la más baja desde 1996.

Y lo peor de todo es que en 2017 fallecieron en España 423.643 personas, una cifra que supone un aumento del 3,2% que en 2016 y la cifra más alta desde 1976. La diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de residentes en el país arroja un crecimiento vegetativo negativo de 31.245 personas, lo que supone la diferencia más amplia desde que existen datos (1941).

Pensiones

Estas dos estadísticas son dos pruebas más de la necesidad de acometer una profunda reforma del sistema de pensiones en España. Y sobre todo ahora que se ha paralizado la reforma que hizo el Partido Popular en el año 2013, que incluía un nuevo índice de revalorización y desarrollaba el factor de sostenibilidad. La reforma iba a dejar las pensiones cuasi congeladas durante décadas, es cierto, pero también iba a contener el gasto lo suficiente como para hacerlo sostenible.

Algunos expertos, como los de Fedea, aseguran que la supresión de la reforma supondrá un coste medio anual durante las próximas cuatro décadas de 3 puntos de PIB. El coste no será igual todos los años. Al principio será más bajo, pero irá creciendo exponencialmente según vaya aumentando la masa de jubilados y disminuyendo la fuerza laboral.

Y es que son muchas las previsiones que apuntan a que en 2050 cada cotizante tendrá que sostener a un pensionista, una tasa difícil de asumir para un sistema contributivo y de reparto como el español. Por eso, se necesita una reforma capaz de asegurar la sostenibilidad del sistema sin vapulear la suficiencia de las pensiones como hacía la reforma de 2013.

El nuevo Gobierno es consciente y ya está calentando motores. Quiere una reforma pactada y consensuada para evitar derogaciones y cambios en el futuro como le ha pasado al PP. Está esperando a recibir las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ha sufrido un nuevo parón por el Congreso del PP, pero ya tiene en mente unas cuantas medidas.

De momento, se sabe que el PSOE tiene intención de recuperar el IPC como indicador de referencia para las pensiones, reducir los gastos, revisar las tarifas planas, atraer talento de fuera para mejorar el número de cotizantes, fomentar las ayudas a la familia para impulsar la natalidad y revisar el sistema fiscal para mejorar los ingresos. 

La ministra Magdalena Valerio ya ha dicho que recurrirá a los Impuestos Especiales, la tasa Google ideada por el Ejecutivo del PP, el impuesto a la banca y la figura que gravará las transacciones financieras.

Y no descarta usar la imposición general para ayudar a la Seguridad Social. En el Presupuesto alternativo del PSOE, el partido quería recaudar 4.000  millones más a través del Impuesto de Sociedades y 1.900 millones más con el IRPF, subiendo el tipo máximo a las rentas de más de 150.000 euros y equiparando de forma progresiva los tipos de rentas de trabajo y de capital.

La amnesia deliberada de Aznar / Graciano Palomo *

Conozco bien al personaje y con la distancia que permite el tiempo puedo concluir que sus declaraciones, cuando no han sido tabuladas por edecanes al pairo, son monumentos a la obviedad ("el PP o se regenera o dejará de ser partido de gobierno"), generalidades al paño para salir del paso cuando no se tiene nada que ofrecer.

El gran problema de José María Aznar es que no acepta lo que hizo y mucho menos lo que le ocurrió. La corrupción que ha sido el cáncer que ha consumido los huesos del partido que él ayudó a construir decisivamente y, en efecto, lo hizo una formación de poder. 

Se escuda en que la corrupción es algo "individual", sí, en eso podríamos estar de acuerdo. No es esa la cuestión. Porque una cosa es que te llame un juez, y un tribunal te juzgue y otra bien distinta las evidencias clamorosas.

Si pudiera, que no puede, borraría de su particular historia a gentes como Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Juna Villalonga, Miguel Blesa, Jesús Sepúlveda, Rodrigo Rato y un larguísimo etcétera. 

Si pudiera borraría de las hemerotecas y de la memoria colectiva sus correos electrónicos a Blesa; la entrada en el PP bajo su mandato del gran Francisco Correa "Gürtel", los sobresueldos que un juez acreditó y una larguísima retahíla.

Los hechos son como fueron, señor expresidente. Incluidos los dos millones de dólares que su gobierno contrató con una empresa norteamericana (Piper Rudnick) para que trabajara a favor de que usted recibiera la Medalla de Honor del Congreso de EEUU.

Decididamente, Aznar López no aguanta una repregunta.

(*) Periodista

https://blogs.elconfidencial.com/amp/espana/palo-alto/2018-06-30/amnesia-deliberada-aznar_1586164/

El juez deja libre con cargos al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez

VALENCIA.- Un día después del sorpresivo arresto del presidente de la Diputación de Valencia, con el consiguiente daño que ha provocado en la imagen del PSPV-PSOE -aunque también de Compromís-, Jorge Rodríguez ha salido sonriente de los juzgados alrededor de las 18.15 horas de este jueves. 

Lo ha hecho en libertad con cargos -no especificados- y sin medidas cautelares, aunque seguirá investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos -en su vertiente de administración desleal- por irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Divalterra. En la misma situación quedan los otros seis arrestados ayer miércoles: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación (Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego). Todos ellos deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia, que lleva el caso, cuando sean llamados.
Tras permanecer por la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores, han pasado a disposición judicial al principio de la tarde. Apenas dos horas después, la mayoría había abandonado ya las dependencias judiciales después de acogerse a su derecho a no declarar. A la salida han estado acompañados por familiares, aunque también han sido recibidos por algunos cargos de sus respectivos partidos.

El único en atender brevemente a la prensa ha sido Rodríguez, quien ha declarado que estaba «muy tranquilo» y que todo había «salido bien». Sobre su comparecencia ante el juez, ha señalado que no podía «decir nada» puesto que la causa todavía se encuentra bajo secreto de sumario y tiene que saber primero «de qué va».
Aunque no ha ofrecido ninguna explicación de los hechos que han trascendido hasta el momento, sí ha calificado de «desproporción absoluta» tanto las acusaciones que recaen sobre él como el operativo de su detención.
En cuanto a la medida adoptada por el partido de suspenderle de militancia y de todos sus cargos, ha asegurado que era «la primera noticia» que recibía y que no la iba a valorar. Aun así, ha considerado que este tipo de decisiones son «lógicas en una situación como esta».
En términos similares se ha expresado otro de los arrestados, Manuel Reguart. «Esto es una barbaridad, es una desproporción», ha indicado entre gritos. El resto de investigados no ha realizado ningún tipo de comentario.
Con la salida en libertad se concreta una de las incógnitas más importantes desde que se pusiera en marcha la denominada «Operación Alquería» por la gravedad que habría supuesto que el juez decretara prisión provisional.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Ciberdelincuencia, mientras que el caso se encuentra coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juzgado.
Durante la jornada del miércoles se practicaron varios registros en la Diputación, en las sedes de Divalterra, en distintas viviendas y en el Ayuntamiento de Ontinyent -del que Rodríguez es alcalde-, donde los agentes accedieron tanto a su despacho como al departamento de informática, lo que apunta especialmente a la búsqueda de información en ordenadores.
Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras de la investigación, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -aunque anulados hace dos meses- en los que se habría colocado a personas afines a Compromís y al PSPV-PSOE.
El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas al no responder a una necesidad real. Algunas fuentes apuntan a que una de las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la documentación intervenida.
Las contrataciones llegaron a tener doce informes jurídicos en contra. Pese a que aconsejaban convocar las plazas con concurrencia pública, en ningún momento se corrigió. La situación fue denunciada en los tribunales por trabajadores de Divalterra, aunque el PP ya interpuso una denuncia que fue archivada. Ciudadanos también se sumó posteriormente.

La detención de Jorge Rodríguez, una operación contra el corazón del PSPV que debilita a Ximo Puig

VALENCIA.- La operación Alquería lanzó ayer un misil a la línea de flotación de la federación socialista valenciana que lidera Ximo Puig. La imagen de decenas de agentes y varias furgonetas de la Policía Nacional en la puerta de la Diputación de Valencia -junto a una pancarta reivindicando una financiación justa y una bandera arcoiris- les ha dejado en shock y les ha roto el discurso de regeneración democrática con el que la izquierda consiguió sacar al PP de las instituciones valencianas en 2015, razona hoy El Mundo.

«Nadie podía sospechar que Jorge Rodríguez (el principal detenido) tendría ese final», apuntaban fuentes del partido. Por otros, apuntan, no pondrían la mano en el fuego, pero Rodríguez era lo que se conoce como un mirlo blanco.
El presidente de la Diputación de Valencia era uno de los valores en alza del partido y eterno candidato a pugnar por la sucesión de Ximo Puig cuando éste se retirara tras las elecciones de 2019. 

El también alcalde de Ontinyent, que empezó como asesor en la institución provincial, no tenía demasiados apoyos orgánicos pero con el traje de presidente de la Diputación -una institución que reparte muchas subvenciones entre los ayuntamientos- había logrado afianzarse en el partido.
Tras el último congreso regional donde Puig tuvo que frenar el empuje de los sanchistas, el secretario general reelegido premió su lealtad y le nombró portavoz de la ejecutiva por encima de otra de las jóvenes promesas. Le colocaba en la pole position de una supuesta sucesión. Eso sí, como si no se acabara de fiar, Puig le puso un contrapeso con la designación como vicesecretario general del experimentado dirigente Manolo Mata.
Un Rodríguez crecido estuvo a punto de enfrentarse a los partidarios de José Luis Ábalos por la Secretaría General del partido en la provincia de Valencia. Ya durante la campaña interna se posicionó como uno de los valedores de Susana Díaz, aunque mantenía puentes con el otro bando. 

Finalmente, Ximo Puig le disuadió de enfrentarse a la candidata del sanchismo pues no quería seguir en una guerra inacabable contra los partidarios de Pedro Sánchez.

La detención de Rodríguez deja muy tocada a la federación valenciana, que no solo pierde un portavoz, un referente y un posible relevo de Puig. Da munición a la oposición y rompe el discurso de que «todos los políticos no son iguales» que exhibían los partidos que firmaron el pacto del Botànic.
Ayer los socialistas intentaron rehacerse pronto del golpe. Aunque costó, finalmente, Puig, «con tristeza» y «dolor», suspendió de todos sus cargos a Rodríguez. 

En el PSPV mantienen que «no hay nada» que les haga «presumir de una responsabilidad directa» del detenido, pero eran conscientes de que mantener al presidente de la Diputación era demasiado desgaste. 

Ya aguantaron al alcalde de Alicante más de la cuenta para nada. El PSPV no quiso caer en el mismo error y la ejecutiva socialista decidió apartar al dirigente consciente de que, de lo contrario, todo el esfuerzo para levantar la hipoteca reputacional quedaría en papel mojado.
En el caso que se investiga de la presunta financiación irregular del PSPV de la época anterior, Ximo Puig ha conseguido sortear la asunción de responsabilidades. Ayer, la imagen de la policía tomando la Diputación fue demasiado explícita.

La Fiscalía de Alicante pide pena de cárcel para Armando Sala, ex vicepresidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado la libre absolución para 13 miembros del consejo de administración de la CAM que aprobó la dietas del expresidente Modesto Crespo, entre los cuales figura el empresario murciano José García Gómez, presidente de Agrupal. 

En su escrito de conclusiones definitivas el fiscal Anticorrupción mantiene la acusación contra la cúpula de la Caja, en la que se incluye al ex vicepresidente por Murcia, Ángel Martínez, en la recta final del juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante. Se trata de una de las siete piezas separadas de la causa abierta en la Audiencia Nacional por la quiebra de la CAM.

La Fiscalía mantiene las penas de dos años para los ex vicepresidentes Ángel Martínez y Armando Sala (en la imagen), así como para el ex secretario del consejo José Forner. Argumenta que los vicepresidentes «no eran vocales de base, eran delegados cuyo papel tenía que haber sido sumamente activo y responsable. Ellos eran la CAM», asegura.

Aunque en sus conclusiones el fiscal había tenido que mantener la responsabilidad penal de los consejeros por una cuestión técnica, pese a eximirles de responsabilidad civil, lo que implicaba que no tendrían que abonar las dietas percibidas por Modesto Crespo, en su informe final pedía ayer la absolución.

Estima que el papel de los 13 vocales del consejo de administración que aprobaron la propuesta en la sesión del 27 de noviembre de 2009 fue meramente «administrativo». Aludía a la complejidad «premeditada» de esta sesión del consejo y de cómo se planteó una propuesta ya resuelta. A esto hay que sumar, indicaba el fiscal, que «no tenían un fácil acceso ni a las actas ni a las preactas del consejo».

Para el Ministerio Público ha quedado probado que Modesto Crespo nunca trabajó en Tinser, «no fue presidente ni fue nada», y que tan solo en 2010 mantuvo una reunión de una hora relacionada con la empresa participada por la Caja.

Según el fiscal, no se ha podido acreditar «ni un solo escrito ni correo electrónico o testigo» de que Crespo actuara como presidente de Tinser. Se trata, añadía en su exposición, de «un palmario fraude de ley».

Unos hechos que se han reflejado en el escrito de conformidad del expresidente Modesto Crespo, y que para el fiscal Anticorrupción se han convertido en una prueba de cargo contra los otros siete acusados, ya que «en ningún momento, estos han puesto en duda la versión del expresidente», dijo.

El fiscal responsabiliza directamente al ex director general de la CAM Roberto López Abad y mantiene la petición de cuatro años por inductor y cooperador necesario.

Imputado el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, el 'popular' César Sánchez, por coacciones y malversación

ALICANTE.- Uno de los casos más controvertidos con los que se ha enfrentado el alcalde de Calp, el popular César Sánchez, regresa. El también presidente de la Diputación de Alicante tendrá que ir a declarar al juzgado de Dénia el próximo 12 de julio como investigado (la acepción actual de imputado) por una posible comisión de un delito de coacciones y malversación de caudales tras una denuncia de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Calp ante el Ministerio Público en Alicante.

La citación se produce después de que en dos ocasiones el juzgado de Dénia haya archivado la denuncia presentada por una trabajadora, que cursó en su momento la fiscalía. Ha sido la Audiencia Provincial de Alicante la que ahora solicita al juzgado de Dénia que abra diligencias y realice alguna investigación antes de archivar la causa.

En mayo de 2017, momento en el que la fiscalía dio traslado a la denuncia presentada por la funcionaria y pidió la imputación del munícipe calpino por dos presuntos delitos de malversación y coacción, fuentes del entorno de César Sánchez aseguraron que la denuncia no tenía “ni pies ni cabeza”.

Sin embargo, la Audiencia, coincidiendo con el punto de vista del ministerio público, no lo ha visto así: la denuncia aporta prueba documental, facilita testigos y señala que el alcalde de Calp pudo disponer ilícitamamente de trabajadores municipales atendiendo a su cargo y ejerciendo un posible abuso para hacer campaña electoral en las municipales de 2015, sacando provecho de una institución pública. Sánchez ganó aquellas elecciones.

Paradójicamente, ha sido el propio alcalde de Calp el que ha revelado su nueva situación procesal a través de un comunicado. Sánchez ha mostrado su máximo respeto a la justicia y ha pedido celeridad para que se aclare cuanto antes el caso de la trabajadora del Ayuntamiento calpino contra él.

“ El día 12 de julio voy a tener la oportunidad de explicarme y de dar mi versión de los hechos para aclararlos y evitar que quede alguna duda al respecto”, ha señalado Sánchez, quien ha manifestado estar tranquilo y “dispuesto a colaborar plenamente con la justicia para que esta situación se resuelva lo antes posible”.

'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales

MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.

Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.

La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.

No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.

Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.

En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.

'Hefame' supera en 2017 los 1.300 millones de euros en ventas, un 5% más que en 2016

MURCIA.- Grupo Hefame acaba de presentar durante las Juntas Preparatorias sus resultados del pasado ejercicio. Los últimos datos analizados del cierre y balance final de 2017, que se han presentado ante la Asamblea, sitúan la cuota de mercado de Hefame en un 10,97%, entrando ya por méritos propios dentro del ranking de los tres principales players del sector de la distribución en España. Grupo Hefame ha superado los 1.300 millones de facturación y un crecimiento en el pasado ejercicio superior al 5%.

Los directivos de la cooperativa farmacéutica, Carlos Coves, presidente y Javier López, director de Grupo Hefame, han presentado conjuntamente las principales conclusiones de la estrategia implementada en los últimos tres años de gestión y la línea de trabajo para el nuevo plan estratégico hasta el 2020. 

Las Juntas Preparatorias han tenido lugar, durante el mes de junio, en las ciudades de Málaga/Granada, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid y han finalizado con la Asamblea General de delegados del Grupo, elegidos con anterioridad en las diferentes Juntas para representar a la totalidad de los socios de la cooperativa. En éstas, el Consejo Rector y la dirección de la compañía han dado cuenta detallada de la gestión a sus socios y han presentado las cuentas anuales del Grupo para someterlas a debate y aprobación.

“2017 ha sido un año para la consolidación y hemos batido todos nuestros récords en facturación y cuota de mercado”, ha puntualizado Coves.

 “Estamos muy satisfechos con los hitos obtenidos y esperamos seguir impulsando un gran número de servicios tecnológicamente avanzados, que ya nos diferencian de la competencia, para que nuestro socio pueda competir en este mercado con el objetivo claro de dar más información, más apoyo al paciente, compras más atractivas y dirigidas a través de las Redes Sociales. ¿Y, qué mejor asesoramiento podemos tener en temas de salud que la del propio farmacéutico, y, además, teniendo más de 20.000 puntos de atención en nuestro país?”. 

Por su parte, Javier López ponía de relieve la importancia de los objetivos logrados en la estrategia que finalizaba en el 2017, que se centraban en una estrategia sostenible para mantener la solidez financiera, cohesión interna y un mejor servicio a los socios, y ahora Grupo Hefame se embarca en un nuevo plan estratégico hasta 2020.

“Grupo Hefame ha protagonizado en este pasado ejercicio un crecimiento del 5%, ganando así cuota de mercado. Tras mejorar la política comercial de nuestros socios, el ebitda generado alcanzó la cifra de 9.8 millones de euros, incrementándose un 18% respecto a 2016”, comentaba Javier López.

En 2017, Grupo Hefame ha acortado distancias entre almacenes y establecimientos abriendo un nuevo almacén en Tortosa (Tarragona) y próximamente el abrirá un nuevo almacén, a la vanguardia tecnológica, en Valencia para expandir y mejorar el servicio a nuestros socios”. 

De 2015 a 2017 ha abierto nuevas rutas mejoradas gracias a la apertura de almacenes en Albacete, Tortosa, Granada y Melilla y la modernización realizada en la sede central de Murcia. 

“Estamos mejorando de manera sustancial las  rutas y nuestra principal preocupación sigue y seguirá siendo siempre que los medicamentos lleguen a su hora a las farmacias”, apuntaló López durante sus intervenciones” 

Para ello, en el pasado ejercicio, Hefame continuó con el plan de inversiones en activos fijos, precisamente en proyectos basados en la robotización y modernización de las plataformas logísticas de los diferentes almacenes que tiene la distribuidora española, así como en el desarrollo del software que soporta la actividad.

El presidente Coves, por su parte, recalcaba que, “vamos a seguir siendo punta de lanza para nuestro socio y seguir mejorando su relación/comunicación con el paciente y entregar un servicio digitalizado a la farmacia”. 

A día de hoy, puntualizaba, “Grupo Hefame está ayudando a cientos de farmacias, y a más de 900 farmacias en todo el territorio, que no disponen de los medios necesarios, a dotarse de la tecnología adecuada con F+Online (www.fmasonline.com)”. 

El proyecto más importante en el que se ha embarcado Grupo Hefame estos últimos años ha sido la Farmacia F+, desde donde los farmacéuticos pueden ya vender, facturar y controlar su comunicación con sus pacientes.

Las primarias del PP pueden terminar en un absoluto ridículo / José Oneto *

El cierre oficial de la lista de los militantes del Partido Popular que participarán en la elección del líder que substituirá a Mariano Rajoy al frente del partido, ha supuesto un verdadero fiasco sobre la tan cacareada fortaleza del partido que acaba de ser desplazado del poder, sino que el desarrollo de las primarias populares puede terminar en el más preocupante de los ridículos. 

Aunque quien ha ideado las normas de actuación y funcionamiento de esas primarias, el vicesecretario de organización Fernando Rodríguez Maíllo, insista en que los militantes que participarán en ese proceso insólito en el PP, en uno de los peores momentos de su reciente historia, no llegarán ni siquiera al ocho por ciento de la militancia, una cifra que a quien, en este momento maneja el aparato, le parece lo más natural del mundo.

Que un partido que según ha confesado recientemente a Carlos Alsina en Onda Cero, la secretaria general Dolores de Cospedal, tiene 780.000 afiliados (se ignora si han dado de baja a los muertos y a los que han anunciado su marcha por descontento político o porque se han pasado a Ciudadanos) y no tenga ni 70.000 militantes dispuestos a votar en las primarias del jueves  5 de Julio, significa que el PP tiene la militancia menos participativa de cualquier partido político europeo o, por el contrario, nunca ha tenido esos 780.000 afiliados (869.000, según las últimas cifras oficiales) el partido con más afiliados de España, según han venido repitiendo de forma machacona sus dirigentes.

Una cifra realmente insólita que algún medio ha recordado que es algo más alta, no mucho, que los 61.986 militantes que se presentaron en la listas de las elecciones municipales. O sea una cifra de militantes que podría englobar a los que tienen algún cargo de cualquier tipo en las distintas Administraciones y a sus familiares. Esos pocos más de 66.000 militantes que votarán al fututo Presidente del partido contrastan con el 80% de los militantes del PSOE que en otras primarias históricas eligieron a Pedro Sánchez, secretario general del partido. Pablo Iglesias fue votado por 55.275 inscritos, el 34,5% del censo, en febrero de 2017.

Cómo estará la situación interna, que el único que ha dado la voz de alarma de algo que resulta escandaloso, ha sido Pablo Casado con un argumento demoledor: “Si no hemos sido capaces de ilusionar y movilizar a nuestros afiliados ¿cómo vamos a ilusionar al país?”. 

Otro candidato, el ya famoso Joserra, también ha sido el único que ha propuesto cambios en las reglas de funcionamiento para no terminar haciendo el ridículo. Su preocupación es tal que incluso se ha atrevido a preguntarle en un pasillo del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  qué es lo que hay que hacer en unas primarias y se ha quedado sorprendido cuando le ha oído decir al Presidente del Gobierno que “ir contra el aparato del partido”.

El resto calla como si no fuera con ellos. Margallo, uno de los candidatos más creíbles, en señal de protesta por lo que no deja de ser un gran ridículo político, en el que él  no debería participar, debería, eso sí,  en señal de protesta, retirarse. Las dos restantes candidatas, bautizadas en algún periódico europeo como “las dos generalas”,  han tenido  reacciones esperadas: las reglas son las reglas y no se pueden cambiar a mitad del partido. Las dos piensan que pueden controlar el aparato y también a los compromisarios en una segunda vuelta.

Más ladina, Sáenz de Santamaría, la vicetodo, que nunca se ha interesado por el partido ni ha querido saber lo que pasaba porque siempre se resistió a ser militante, y siempre ha querido ir de “independiente”, aunque estaba en el Comité Ejecutivo, ha encontrado a quienes deberían pronunciarse como miembros del “Aparato” del partido: Cospedal y Pablo Casado. Ella, Santamaría, no se pronuncia. Ella es una mujer de poder, de Gobierno (es lo único que le interesa), y no de partido.

Y ella participa en estas primarias, no como candidata a la Presidencia del Partido, sino en función de que la presidenta del Partido es también la candidata a la Presidencia del Gobierno y cree que ese puesto es suyo, como si lo hubiese heredado. Pero puede haber muchas sorpresas, porque cada vez se sabe más del obscuro y misterioso papel que desempeñó: bolso puesto en el escaño del Presidente del Gobierno, refugiado en ese momento, en un restaurante de la calle de Alcalá, al lado del Congreso con sus más leales, entre los que no estaba la vicetodo.

(*) Periodista y economista

https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/06/27/las-primarias-del-pp-pueden-terminar-en-un-absoluto-ridiculo/

Ximo Puig aparta a Jorge Rodríguez de la presidencia de la Diputación y propone a Toni Gaspar

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apartará al todavía presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Así, Puig convocará al Secretariado del PSPV para "proponer la suspensión de todos sus cargos". 

En este sentido, el presidente de la Generalitat convocará a los órganos de dirección del partido competentes para proponer al actual vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Faura, Toni Gaspar, como nuevo presidente provincial. 

Puig pedirá también al Secretariado del partido la suspensión de militancia de Rodríguez, y por tanto, que sea apartado de la ejecutiva del PSPV de la que es portavoz.

Puig reacciona así después de que Rodríguez haya sido detenido hoy por la Guardia Civil acusado de un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La causa, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta antes la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Valencia.

En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de siete altos cargos en 2015 cuyos nombramientos no pasaron por el consejo de administración de la antigua Imelsa, hoy Divalterra.

Comunicado íntegro de Ximo Puig sobre la detención de Jorge Rodríguez
Tras un día difícil en el que he compartido reflexiones con muchas compañeras y compañeros he convocado al Secretariado del PSPV y voy a proponer la suspensión de todos sus cargos de Jorge Rodríguez. 
Con dolor, con tristeza, pero sabiendo que lo más importante es el interés general siempre, el interés de los valencianos. La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que hemos hecho todos para levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de gobiernos del PP.
El PSPV confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta y de la que nada en estos momentos nos hace presumir que haya una responsabilidad directa de Jorge Rodríguez. 
El PSPV ha sido contundente, ha luchado siempre, se ha arruinado por defender la legalidad y la lucha contra la corrupción. Así será siempre el PSPV.
Para garantizar la estabilidad de la Diputación de carácter inmediato, voy a proponer a la ejecutiva que el actual vicepresidente, Toni Gaspar sea el candidato a la presidencia.

Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en una operación anticorrupción

VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido esta mañana en el desarrollo de una operación contra la corrupción que coordina el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. 

Junto al también alcalde de Ontinyent hay otras cinco personas detenidas. Entre ellas, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, el secretario del consejo de administración, Jorge Cuerda y un asesor de Presidencia, Manuel Reguard. 

Rodríguez está retenido en su despacho del Ayuntamiento de Ontinyent y Brines y Simón en la sede de la empresa pública.

La causa, cuyas diligencias están secretas, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia a raíz de la denuncia de un ex trabajador. 

Se investigan irregularidades en la contratación en 2015 de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, una de las empresas públicas más salpicada por los escándalos, ya que sirvió de tapadera a las irregularidades denunciadas por Marcos Benavent, el yonki del dinero, y que condujo a la detención del ex presidente Alfonso Rus
Sin embargo, según fuentes consultadas por El Mundo, la llamada Operación Alquería tiene más focos al margen de las siete contrataciones de 2015, tres de las cuales están extinguidas, aunque fueron adjudicadas a personas que ni fueron a trabajar. También se investigan también contratos duplicados, fraccionados para eludir el concurso y sin presupuesto previo ni vigilancia posterior.
En el marco de estas acturaciones, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. 

En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.

Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, que argumentaban que eran hecho al margen del consejo de la empresa pública. Las denuncias de ambos partidos ante la Fiscalía fueron adjuntadas a unas diligencias ya abiertas, según contestaron fuentes judiciales a los denunciantes.

Golpe político a Puig

La detención de Jorge Rodríguez es un golpe directo al corazón de la dirección del PSPV que lidera Ximo Puig, puesto que Rodríguez es, a su vez, portavoz de la dirección regional de los socialistas y miembro destacado del equipo de Puig.
De hecho, esta portavocía fue el premio de Puig por el hecho de que Rodríguez renunciara a la batalla por hacerse con la secretaría provincial del PSPV en Valencia cuando los seguidores de Pedro Sánchez, enfrentados a Puig por el poder orgánico en el partido, presentaron como candidata a Mercedes Caballero, una persona de la confianza de Sánchez y del secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos.
Rodríguez era hasta hoy uno de los cargos dirigentes del partido destinados a participar en la sucesión de Puig. El también alcalde de Ontinyent siempre ha mantenido un perfil institucional como alcalde y como presidente de la Corporación Provincial. 

También se destacaba por atajar radicalmente todos aquellos asuntos que pudieran tener alguna sombra de duda, como los que afectaron a José Manuel Orengo, actual asesor de Puig en Presidencia. Rodríguez cortó por lo sano y buscó la manera de deshacerse de Orengo como vicepresidente de la Diputación. Y lo logró.

Suya fue la iniciativa de tratar de cambiar el perfil de Divalterra, la sociedad pública dependiente de la Diputación de la que han provenido sus problemas judiciales.  

Divalterra es la heredera de Imelsa, centro de la corrupción en la etapa de su antecesor, Alfonso Rus.
La Diputación de Valencia está gobernada por un cuatripartito, con el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida con las carteras repartidas. La posible caída de Rodríguez abre una panorama absolutamente incierto en el gobierno de la corporación provincial.

Mata (PSPV): "Me cuesta creer un operativo así por unos contratos irregulares"

VALENCIA.- El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha dicho que le "cuesta creer" que "por unos contratos irregulares" se haya lanzado un operativo como en el que ha sido detenido, entre otros, el presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de este partido, Jorge Rodríguez, y que "tiene que ser otra cosa" aunque ha pedido "cautela" y "prudencia". 

Mata ha reconocido su "sorpresa" por la detención de Rodríguez junto, al menos, otras dos personas más, y ha insistido en que detener a alguien "por haber hecho contratos de alta dirección mal" le parece "insólito".

"Sorpresa y prudencia. He leído que es por unos contratos de alta dirección mal y me parece insólito que detengan a alguien por eso. No sabemos nada", ha indicado el también portavoz del grupo socialista en Les Corts.

Mata ha insistido en que "la versión que dan es porque hizo unos contratos mal en una empresa pública. Está mal pero no es esa corrupción. Puede haber unos contratos mal, enchufar a alguien, eso pueden ser un delito, pero la detención y los registros de domicilios es una medida muy extrema y tiene que ser otra cosa porque no puede ser eso".

"Lo que dicen no me lo puedo creer. Te puedo hacer un contrato para una empresa sin concurso público, puede ser irregular, puede ser prevaricación, pero por eso la gente no va a la cárcel, la inhabilitan pero no para registrar domicilios porque ¿qué buscan en los domicilios?", se ha preguntado.

Mata ha reiterado que desconoce los motivos que han llevado a la detención y ha asegurado: "Me cuesta creer que un operativo así se monte por unos contratos irregulares. Deben estar buscando otra cosa pero no lo sabemos. Mucha sorpresa y mucha cautela".

Una operación contra la corrupción

VALENCIA.- La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entrado este  miércoles en los despachos de la Diputación de València y de la empresa pública Divalterra para buscar contratos de alta dirección, y ha detenido tanto al presidente de la Corporación, el socialista Jorge Rodríguez. 

Además del presidente de la Diputación, han sido arrestados el asesor Manuel Reguart, el jefe de gabinete, Ricard Gallego, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes de esta empresa pública, Xavier Simó y Agustina Brines.

Está previsto que Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasen el viernes a disposición del Juzgado instructor.

Esta 'Operación Alquería' ha supuesto que el despacho del presidente haya sido precintado y también se estaría investigando dentro de las dependencias del departamento de informática.

El Juzgado de Instrucción nº 9 de València es el coordinador de la operación por una causa que se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

En el marco de la llamada “operación Alquería”, agentes de la UDEF han practicado registros tanto en la Diputación de València como en la empresa pública Divalterra y el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Jorge Rodríguez. El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.

En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.

La investigación sigue abierta y se espera que los detenidos pasen esta noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores en la ciudad de València.

La investigación tendría su origen en una primera denuncia interpuesta por el PP el 29 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción, denuncia que fue admitida a trámite el 2 de enero de 2017 y archivada el 4 de enero. 

Posteriormente, tras este archivo, la misma denuncia se presentó por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado.

El pasado mes de abril fue Ciudadanos el grupo que aportó una nueva denuncia sobre las contrataciones de altos directivos en Divalterra, que la Fiscalía añadió a las diligencias que ya venía desarrollando.

Ferraz se remite a su código ético ante la detención del presidente de la Diputación valenciana

MADRID.- La dirección del PSOE no se plantea tomar medidas contra el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que ha sido detenido por la UDEF en el marco de una operación contra la corrupción. En Ferraz se remiten al código ético que impulsó Pedro Sánchez y que establece en el momento de la apertura del juicio oral la suspensión de militancia. 

Fuentes de la dirección socialista se remiten a ese texto y aseguran que por el momento tendría que por el momento tendría que Rodríguez tendría que adquirir ese "carácter" de acusado ante un juicio para que el partido tomara medidas contra él. No obstante, dejan en manos de la dirección del PSPV de Ximo Puig la toma de otro tipo de medidas. Rodríguez es portavoz del partido en la Comunidad Valenciana. 

Esas mismas fuentes muestran, además, su "extrañeza" ante la detención policial ante un caso por "irregularidades procedimentales" en unas contrataciones y recuerdan que, se formularon con el informe contrario de los órganos pertinentes, pero que fueron revocadas por el propio Rodríguez, que ha sido detenido junto a un asesor y su jefe de gabinete. 

Horas más tarde de la primera reacción de Ferraz, el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, que es el número dos de José Luis Ábalos en la dirección del PSOE, ha advertido de que están "a la espera de conocer todos los hechos y en el momento en el que se conozcan los detalles, si se demostrara que hay cualquier indicio de delitos vinculados con la corrupción, el PSOE actuará con contundencia, como siempre ha hecho en estos casos".