ALICANTE.- La práctica de realizar pagos a empresas por servicios
que se prestan sin adjudicación previa está muy lejos de atajarse en el
Ayuntamiento de Alicante. A pesar de que Intervención considera esto
como una práctica al borde de la legalidad (e incluso en algunos casos
«no ajustada a derecho», como ya informó El Mundo), la Administración local sigue teniendo un goteo constante de facturas a dedo.
En
la Junta de Gobierno Local de esta semana se han sumado dos nuevos
informes a los cinco que pasaron durante las fiestas de Hogueras, en
esta ocasión por los conceptos de mantenimiento de zona verdes e
instalaciones deportivas (unos 5.354 euros) y la organización de
trabajos de jardinería y recogida de sillas de la Explanada (33.362).
En
ambos casos el interventor municipal indica lo siguiente: «Este tipo de
expediente supone el reconocimiento de la realización de una actuación
no sujeta a las normas de procedimiento administrativo».
Y en el
tema del mantenimiento de zonas verdes pide al «órgano gestor» que
adopte «las medidas oportunas para evitar que esta situación se repita».
Más duro ha sido con la jardinería y recogida de sillas. Ahí
exige «al órgano de contratación» que inste «al centro gestor para que
tramite el expediente de contratación, con el fin de revertir una
situación irregular que se repite desde mediados de 2016 y evitar que
esta situación continúe».
En este caso el responsable del área de Jardines era Víctor Domínguez (Guanyar,
recién dimitido de la corporación por hacer pagos en Medio Ambiente a
un militante de EU sin hacerle un contrato), y el de Contratación Natxo
Bellido (portavoz de Compromís, ahora en la oposición).
¿Por qué
se producen este tipo de gastos? Pues básicamente porque el órgano
gestor encargado de sacar a tiempo los contratos no lo hace, y el
consistorio se ve obligado a recurrir a una empresa a dedo para prestar
el servicio.
Normalmente este tipo de actuaciones vienen
acompañadas con informes de los técnicos de cada área que justifican la
necesidad de saltarse el procedimiento habitual, y en los que se
defiende la necesidad de prestación del servició aún cuando no se haya
licitado un contrato. El visto bueno final, sin embargo, es el del
interventor, quien hasta ahora ha emitido el informe favorable pero con
las advertencias previas de que la Administración local debe de atajar
este tipo de prácticas.
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