PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de
agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a
productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio",
una tendencia que pidió revertir.
"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos
estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones
comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que
aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".
El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en
2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que
forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes:
Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia,
Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.
Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de
euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que
205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los
agricultores.
El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus
ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo
1995-1997.
Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE
destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores
agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los
agricultores.
Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los
agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido
sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la
tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997
al 13,5% en el periodo 2015-2017.
Más ayudas en los países emergentes
El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las
políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el
mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han
crecido hasta representar el 80% del total.
La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51
países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a
valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas
públicas en el ámbito comunitario.
En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo
público a los agricultores está condicionado por cláusulas
medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede
obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por
ley.
Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la
simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las
cuotas impuestas a la producción de azúcar.
El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en
los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de
frutas y verduras.
La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas
en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento
de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que
"ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin
depender de la acción gubernamental".
En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a
productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas
colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y
de reestructuración de deuda a los agricultores.
La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema
de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de
productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité
Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de
Agricultura.
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