MADRID.-
Los primeros presupuestos con los que trabajará Pedro Sánchez están
amenazados por la nueva crisis de los interinos, que podría afectar a
más de 300.000 trabajadores en toda España. Las oposiciones masivas que
se harán públicas la próxima semana dejarán en la calle a un enorme
número de trabajadores interinos que no podrán aprobarlas, según
concluye www.economiadigital.es
Muchos de los interinos cuentan con más de tres años en sus puestos
de trabajo, lo que excede el máximo fijado por ley. Ahora, un tribunal
de Madrid ha dado la razón a un trabajador interino que reclamaba a la
Comunidad de Madrid una indemnización por despido.
El
juzgado de lo social de Madrid número 33 elevó el caso al Tribunal de
Justicia Europeo,
que ha determinado que no todos los interinos tienen derecho a ser
equiparados a un puesto fijo, pero dejó en manos de los jueces españoles
determinar si los interinos deben ser indemnizados si se quedan sin
trabajo porque otro aspirante ganó una plaza por una oferta de empleo
público.
Y el tribunal madrileño ha dado la razón al trabajador en cuanto a su
indemnización. Considera que, después de haber desempeñado un puesto de
trabajo durante más de tres años (el máximo legal para este tipo de
plazas) tiene derecho a una indemnización, que, en este caso, ha sido
fijada en algo más de 10.000 euros.
Indemnizaciones sin presupuestos
La sentencia sienta un precedente de máxima importancia (o gravedad)
para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales comienzan a cuestionar
el acuerdo al que llegó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
con los sindicatos, que pactaron que los trabajadores interinos que
pierdan sus puestos porque no pueden aprobar las oposiciones, no tienen
derecho a ningún tipo de indemnización.
Por tanto, el ejecutivo anterior
no tiene previsto en los presupuestos la indemnización para unos
350.000 trabajadores afectados que podrían quedar en el paro en breve.
El nuevo ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ha explicado a Economía Digital
que su intención es pagar a todos los trabajadores que ganen en los
tribunales la indemnización que Montoro y los sindicatos no le habían
reconocido. El ministerio asegura que el Estado cumplirá con todas las
obligaciones exigidas por sentencias adversas, aunque en este caso
pueden resultar mil millonarias.
“Nos parece una irresponsabilidad que el gobierno anterior no haya
incluido partidas presupuestarias para estos casos, pero también nos
parece que han tenido muy poca sensibilidad con trabajadores con más de
50 años que si no logran aprobar las oposiciones, quedarán en el paro
con muy pocas posibilidades de reinserción”, explica Miguel Ángel
Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas, agrupación que criticó el
pacto entre Montoro y los sindicatos.
El gobierno de Mariano Rajoy evitó la convocatoria
de ofertas públicas de empleo durante los años de crisis por las
restricciones presupuestarias. Este año, se esperan las mayores
oposiciones de los últimos años tanto en los ayuntamientos y comunidades
autónomas como en el gobierno central.
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