Mazón lleva a la Abogacía los contratos 'a dedo' de Puig y ordena un plan de control "preventivo" en el sector público

 

VALENCIA.- Una instrucción de Mazón a la Intervención de la Generalitat, que confirman fuentes de Presidencia, llega tras constatar el "descontrol" en los pagos por parte del anterior gobierno de Ximo Puig. Según datos que maneja la propia Administración, en los últimos cinco años se adjudicaron contratos a dedo por valor de 876 millones de euros, de los cuales la mayoría salió directamente de las arcas del sector público.

Según las cifras a las que ha tenido acceso El Mundo, el conjunto de organismos públicos pagó en la anterior legislatura hasta 713 millones de euros saltándose los principios de libre concurrencia y publicidad: 158,85 millones se adjudicaron a través de contratos para los que no se pidieron varias ofertas económicas y 554,5 millones se pagaron sin expediente de contratación. Las consejerías y el conjunto del sector público adjudicaron 75.919 contratos menores por un importe de 322 millones.

La primera medida, según avanzó Mazón, será estudiar la posibilidad de emprender acciones legales por si hubiera alguna "irregularidad" que, en todo caso, negaron fuentes socialistas, que lo atribuyen a "una vendetta política del PP contra Puig por defender la amnistía". 

El jefe del Consell censuró los millonarios pagos "a capricho" de Puig y sus socios de Compromís y Unidas Podemos. Los 270.711 expedientes contabilizados se pondrán en manos de la Abogacía de la Generalitat "para que examine si se produjeron ilegalidades", según fuentes de Presidencia.

A partir de ahí, la lupa se pone sobre el sector público. Presidencia encargará a la Intervención General, el órgano de control de la Administración, que analice lo que a juicio del actual Consell es un auténtico "descontrol" con los pagos y contratos, especialmente en el sector público, que suele quedar fuera del radar.

La petición de información a la Intervención General tiene un segundo objetivo: que diseñe un "sistema de control" que evite la proliferación de "irregularidades contables y de gestión", en palabras de Mazón. Para ello, la instrucción de Presidencia será "que fiscalice especialmente todo el sector público instrumental". Esta vigilancia, además, tendrá "carácter preventivo", según puntualizan las fuentes consultadas.

La orden de Mazón es la de realizar una "fiscalización previa y exhaustiva". El propio jefe del Consell desveló ayer que ha dado tres meses a los gerentes y responsables de las empresas públicas para presentar un plan de ahorro en "gasto superfluo", es decir, que permita un recorte en el capítulo de gasto corriente y de funcionamiento.