Aguirre ha criticado las políticas de Bruselas basadas en la «defensa a ultranza del medioambientalismo» y ha expuesto algunas las líneas de trabajo que tiene abiertas la Conselleria para intentar proteger la rentabilidad de las explotaciones agrarias, como la reforma de la Ley de Estructuras Agrarias y la reconversión varietal, todo ello en un contexto en el que se debe «dar prioridad a la cosecha nacional» frente a la entrada de productos de países terceros, que supone a la vez una competencia «desleal» y un riesgo por la entrada de plagas.
En concreto, Aguirre ha explicado que desde la Conselleria están «muy preocupados» por el HLB y que sus investigadores han viajado a Chipre para buscar un parásito de ese vector que pueda controlarlo, pero «la lucha biológica contra la diaphorina no es suficientemente efectiva y lo que tenemos que hacer es poner todas las medidas que sean necesarias» para impedir que entren productos infectados.
«Si nos traen el vector, tarde o temprano vendría con seguridad la bacteria y podría ser un problema muy grave», ha apuntado.
Tras la detección de fresas infectadas con hepatitis A en España procedentes de Marruecos, Aguirre ha defendido que «se deben intensificar» las inspecciones.
«No es por tirar balones fuera, pero quien tiene esas competencias es el Gobierno central y debe hacer lo posible para que no llegue ni siquiera a nuestros puertos ese material infectado que viene de países terceros. Que se haya detectado en las fresas quiere decir que hay inspecciones y que funcionan pero nos da miedo que no sean suficientes», ha añadido.
En concreto, el conseller ha defendido que se exijan inspecciones en los puertos de origen y se intensifiquen en los de entrada, y ha puesto de ejemplo el modelo de Estados Unidos, cuyos inspectores controlan las importaciones españolas en inspecciones que tienen que pagar los propios productores españoles.
Aguirre considera que, con «la cantidad de alertas que vienen continuamente» desde países como Marruecos, deberían revisarse los tratados comerciales de la UE con países terceros «e incluso suprimirse, aunque fuera temporalmente, en tanto en cuanto no se constate que las cosas se hacen bien ahí».
De hecho, ha apuntado que «quizá debería sacarse la agricultura» de las negociaciones de estos acuerdos. «No podemos cargarnos a nuestro sector primario europeo para que aquellos países puedan exportar y comprar lavadoras o coches», ha aseverado.
En concreto, ha opinado que firmar el acuerdo con Mercosur «tal y como está ahora mismo» sería «tremendamente peligroso para la economía y la sostenibilidad de nuestra agricultura».
También ha defendido que el Puerto de Valencia «replantee» las bonificaciones a los productos como ha hecho el de Castellón.
Aguirre ha señalado que la Conselleria de Agricultura ha pedido al Ministerio que active el Fondo de Reserva de Crisis de la PAC como el año pasado para apoyar a los cultivos más afectados por la sequía y la subida de costes y que llegue a los cultivos que «quedaron olvidados» en estas ayudas el año pasado, como el olivar y la viña.
«En el caso de que no fuera suficiente, nosotros hemos previsto una ayuda complementaria, que evidentemente no puede ser comparable con aquella por los recursos que tenemos», ha indicado.
Por otro lado, respecto a las críticas a la gestión de los pagos de la PAC por parte de la Conselleria, Aguirre ha asegurado que «no es cierto» que no estén llegando a los agricultores y que su departamento ha pagado «en un tiempo récord más del 60%, de las ayudas», pero que «más del 70% de los expedientes tenían errores de tramitación» y su administración está ayudando a los agricultores a solventarlos.
«La complicación no la ponemos nosotros» sino que se debe a «las exigencias que impone Europa y que el Gobierno de España no ha sabido defender». Estos requisitos, ha comentado, no se adaptan a la estructura minifundista del campo valenciano.
Sobre la modificación de la Ley de Estructuras Agrarias anunciada por el Consell y las modificaciones concretas en las que se está trabajando, José Luis Aguirre ha explicado que se tratará de ampliar la superficie de las explotaciones fomentando las iniciativas de cultivo en común. Ha detallado que la Conselleria está trabajando para activar un registro de este tipo de explotaciones y tiene «ya decenas de iniciativas en marcha».
«Estamos basándonos en la estructura que nos pueden aportar tanto cooperativas como comunidades de regantes para fomentar estos cultivos. Hay varios planes piloto que continuamos desarrollando y somos optimistas porque están funcionando muy bien y queremos que nos sirvan de ejemplo para otras iniciativas en ese estilo», ha detallado.
Para todo ello, se modificarán «una serie de artículos» de la ley «lo más rápido posible» para que pueda entrar en vigor «antes de que termine esta legislatura». Ha señalado que también hay iniciativas en marcha de agrupación de tierras y de concentración parcelaria. «Hay que dar facilidad para que estas iniciativas puedan salir adelante porque tenían algunas trabas, flexibilizar y simplificar los trámites para los agricultores».
Respecto a la reconversión varietal, ha asegurado que «está permanentemente en marcha tanto en frutales de secano y de regadío como en cítricos» y que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias está «trabajando muy seriamente con nuevas variedades que funcionan mejor con agua depurada, que soportan aguas de peor calidad y que se ajustan a un calendario de producción más amplio».
«Pero todo esto no sirve si luego vamos a estar favoreciendo importaciones de naranja de países terceros a unos precios inasumibles por nuestros agricultores», ha advertido.
Sobre la falta de relevo generacional en el campo, Aguirre ha explicado que la Conselleria tiene en marcha líneas de apoyo a la primera implantación de jóvenes, cursos de formación en zonas rurales despobladas y ayudas para el establecimiento de pymes, pero «por mucho que ayudes, si luego no se saca un rendimiento de las cosechas, va a ser imposible» que las nuevas generaciones se dediquen al campo.
Por ello, ha reiterado que «es necesario luchar contra las importaciones de países terceros», que «el Gobierno de la Nación y Europa protejan a la agricultura» y que «los políticos bajen y pisen la tierra, conozcan la realidad de la agricultura en España en general y sobre todo en nuestra zona, que es de las más áridas, que vean que no es lo mismo cultivar patatas en Polonia que en Valencia».
«Si no, acabaremos echando a nuestra gente de nuestro campo, ni jóvenes ni mayores, nadie querrá dedicarse a esto por mucho que le ayudemos», ha lamentado.
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