De esta manera lo ha expuesto durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts para informar sobre las acciones de su departamento relacionadas con la dana del pasado 29 de octubre, en la que ha cifrado en 2.600 millones de euros la estimación económica necesaria de su departamento para completar las tareas de reconstrucción.
Durante su exposición, Mus ha sostenido que los daños materiales sobre las infraestructuras han sido en buena medida «difícilmente evitables» teniendo en cuenta «el volumen y la intensidad de las lluvias», así como la configuración y capacidad de ríos y barrancos o la «escasa» ejecución de infraestructuras hidráulicas y estructurales para la prevención de avenidas de agua recogidas en el plan hidrológico y en el de gestión de riesgos de inundación «competencia del Gobierno de España a través de la Confederación» Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Ante esta situación, ha justificado la necesidad de revisar el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), un instrumento que ha considerado «muy útil».
Por ello, ha garantizado que la Generalitat, «de la mano» de los ayuntamientos, estará «vigilante» y será «contundente» en sus exigencias respecto a las actuaciones «que tiene que hacer la CHJ en el dominio público hidráulico contra nuevas inundaciones».
Y ha subrayado que la Administración autonómica «ya está poniendo todos los mecanismos para evitar más obstáculos a las necesarias y urgentes actuaciones».
Para este fin, ha apostado también por modificar la Ley de la Huerta con el objetivo de «facilitar» proyectos de actuación relativos a la canalización de ríos y barrancos.
En este punto, ha acusado al Consell de l'Horta de «bloquear» con sus informes actuaciones en barrancos como el del Poyo y la Saleta, una situación que «definitivamente tiene que cambiar», ha urgido.
Además, ha anunciado que su departamento trabaja en un marco normativo «extraordinario y urgente» en materia urbanística, aplicable «exclusivamente en los municipios afectados por las inundaciones», para «facilitar la ubicación de instalaciones y equipamientos provisionales para la reconstrucción o reparación los afectados» y, con el fin de permitir la reparación o reconstrucción de edificaciones y construcciones dañadas mediante «únicamente una declaración responsable» y de la modificación de la planificación urbanística municipal en los municipios con más grave afectación.
Asimismo, la Conselleria «considera» la regulación de la figura del Plan Urbanístico Especial de Reconstrucción para crear y ordenar suelos para la construcción de vivienda protegida o la reubicación de polígonos industriales o terciarios.
Todas estas medidas, ha subrayado Martínez Mus, serán «extraordinarias» en un momento en el que se necesita «agilidad burocrática y facilidades» para los municipios afectados, con el fin de «volver a la situación previa al 29 de octubre lo más pronto posible» y tienen «un solo objetivo: la recuperación de los espacios en el menor tiempo».
Paralelamente, el conseller ha llamado a aprender de las lecciones que deja la dana, que son, según ha mencionado, «repensar nuestro modelo de territorio», reclamar «con contundencia las obras que por justicia corresponden a la Comunitat Valenciana y que no tienen otra competencia que la del Gobierno de España» y reafirmar los compromisos con la ciudadanía para «favorecer la tramitación de las actuaciones necesarias».
«Tenemos que actuar siempre en el marco de la ley, pero de una manera absolutamente excepcional», ha dicho.
En este contexto, y ante la situación de «infrafinanciación» que sufre la Comunitat Valenciana, ha considerado «más necesario que nunca» reivindicar recursos para completar las tareas de reconstrucción tras la dana, que suman una estimación de 2.600 millones de euros que «es necesario que el Gobierno de España atienda».
«El Gobierno de España tiene que hacer una aportación mucho más importante de la que hasta el momento ha anunciado, para cubrir no solo sus gastos, sino también una parte de los de la Generalitat y de las administraciones locales», ha sostenido.
Además, también ha instado al Ejecutivo central a colaborar con la Administración autonómica para conseguir que la Unión Europea «asuma la parte que sea necesaria» en estas labores de reconstrucción, un fin para el que ha esperado contar con todos los grupos de Les Corts.
«Estoy convencido de que, con la ayuda de todos, el pueblo valenciano superará este reto», ha finalizado.
Entre los grupos de la oposición, Ana María Bellver (Vox) ha reclamado una «reforma integral» de la Ley de la Huerta para poder ejecutar obras pendientes y ha exigido la supresión del Consell de l'Horta, un organismo que, a su juicio, «no ha mostrado otra cosa que su inutilidad» pese a recibir «decenas de millones» de euros.
«El dinero público ahora más que nunca ha de estar centrado en los valencianos y no en organismos superfluos», ha argumentado.
Desde Compromís, Juan Bordera ha afeado a Mus que el Consell de Carlos Mazón ha sido el que «ha recortado un 50 por ciento el presupuesto de canalizaciones, ramblas y barrancos cuando llegaron al gobierno» y ha reprochado al conseller que es «falso» que la Ley de la Huerta «impida la ejecución de las obras de encauzamiento de los barrancos del Poyo y la Saleta».
También ha censurado el proyecto de ley de simplificación, que permite construir a 200 metros de la costa.
En esta misma línea, desde el PSPV, Rosario Navalón ha sostenido que no existe «informe alguno» que bloquee la intervención en los barrancos del Poyo y la Saleta y ha denunciado que el Consell «reduzca la función» del Consell de l'Horta.
Además, ha emplazado al Gobierno valenciano a dejar de «favorecer a las empresas de sus amigos» y a centrarse en «buscar un desarrollo sostenible a futuro».
«Solo miran en el corto plazo, favoreciendo los intereses de unos pocos», ha criticado.
Finalmente, Jesús Lecha (PP) se ha preguntado «si existe» un presidente de la CHJ, un responsable al que ha acusado de estar «desaparecido del mapa» durante la dana y de dar «la callada por respuesta», y ha centrado sus críticas en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Actúa de una forma completamente mezquina e inhumana», ha criticado. También ha avisado de que los afectados por la dana «no han recibido ninguna ayuda» del Gobierno.
En su réplica, Martínez Mus ha alegado, tras las críticas del PSPV y Compromís, que para el pasado 29 de octubre «no había manual para actuar» ante una situación «absolutamente excepcional» y ha argumentado que la Ley de la Huerta ha supuesto «un obstáculo» y no cumple «ninguna de las funciones para las que había sido diseñada».
También ha considerado «inexplicable» que la ex ministra Teresa Ribera no haya visitado Valencia y ha cuestionado al Gobierno si tenía «voluntad política» para desarrollar las actuaciones pendientes en los barrancos.
«Esa pregunta me sigue machacando cada día», ha señalado.
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