Solbes admitió que el plan de lucha contra el fraude fiscal debe adaptarse a la realidad y al entorno económico y social, por lo que será imprescindible llevar a cabo modificaciones para adaptarlo a los escenarios y requerimientos actuales, determinados por "la difícil situación de la economía mundial y el contexto de "restricción presupuestaria".
Así lo puso de manifiesto Solbes en el Congreso de los Diputados en respuesta a una interpelación urgente del diputado de ERC Joan Ridao sobre las medidas que piensa poner en marcha el Ejecutivo para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y lograr un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre los contribuyentes.
Solbes aseguró que la lucha contra el fraude fiscal es un objetivo "prioritario" para el Ejecutivo, y aseguró que al analizar la aplicación del plan de prevención del año 2005 "hay que ser positivos" y pensar que ha sido un instrumento "enormemente eficaz", a pesar de que ahora sea imprescindible adaptarlo a un entorno económico y social diferente.
Aseguró que en los últimos años, la Agencia ha intentado "poner el acento" en el diseño de medidas preventivas, pero también en el control y el seguimiento, lo que, a su parecer, ha derivado en una mejora clara de los niveles de cumplimiento tributario, con un incremento de las declaraciones muy superior al previsto.
Sobre las investigaciones, aseguró que en los últimos años se han incrementado los medios destinados a este fin, aunque reconoció que no es "suficiente" y se mostró dispuesto a discutirlo con otros grupos, a pesar de tachar el trabajo de la Agencia de "fundamental" al desarrollar instrumentos de gran importancia, como la puesta en marcha de la investigación de los billetes de 500 euros, o programas para investigar operaciones fiduciarias, entre otras.
Aclaró que la Agencia Tributaria planifica sus actuaciones en base a lo recursos disponibles en cada momento y dentro del marco competencial existente, con acciones encaminadas a obtener la máxima productividad. "Estamos actuando de forma correcta en materia de prevención", indicó, a pesar de que reconoció la necesidad de mejorar los resultados y el plan de prevención por ser un "instrumento fundamental" para todos.
En este sentido, aceptó las recomendaciones del diputado sobre la necesidad de reelaborar la gestión de la Agencia incentivando el cumplimiento voluntario de impuestos, reduciendo la litigiosidad por vía administrativa, detectando a los contribuyentes de riesgo, haciendo un esfuerzo de pedagogía y asesoramiento fiscal, excluyendo a contribuyentes morosos del acceso a la función pública y potenciando los recursos humanos de la Agencia para aumentar el ratio inspectores-contribuyentes.
Asimismo, aceptó la petición de mejorar la colaboración con las CC.AA., aunque rechazó las críticas de Ridao sobre la falta de interés del Gobierno para favorecer la corresponsabilidad fiscal. "Eso no es cierto", denunció.
Por su parte, Ridao reacordó al vicepresidente económico que en una situación de crisis y de reducción de ingresos el Gobierno debe incrementar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida para elevar la recaudación. Además, criticó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por dibujar un panorama "auténticamente idílico" sobre la gestión recaudadora.
A su juicio, las estrategias de gestión de fraude fiscal "no son adecuadas" debido a la escasez de personal, la cambiante legislación y algunas disfunciones de la propia Agencia Tributaria, como la deficiente comprobación de algunas empresas, las limitaciones de medios o las deficientes formas organizativas que afectan a los resultados y restan capacidad operativa.
Ridao cifró la bolsa de economía sumergida en España en 241.000 millones de euros haciendo una media de los diversos organismos que han realizado estudios de este tipo, y denunció "la opacidad" del Gobierno en este sentido.
Además, aprovechó para recordar que la situación económica es "especialmente compleja" y que los Presupuestos contemplan un escenario "optimista" en el que se escuda el Gobierno para no atender algunos compromisos de orden social, como la reforma de la financiación autonómica y local.
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