VALENCIA.- El alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, no sólo otorgaba licencias de obras a la empresa de su hijo, «Telyzan, S.L». para construir chalés ilegales en suelo rústico sino que, además, las parcelas sobre las que se asentaban estas edificaciones pertencían al propio edil, quien, junto a sus dos hijos, figura como «transmitente» de esos terrenos, según "Abc".
La Fiscalía mantiene que el alcalde maneja, desde el sillón consistorial, los hilos de la mercantil cuyo control cedió a su hijo Sergio hace cinco años y a la que se atribuye la construcción, bien de manera directa bien mediante subcontratas, de los 87 unifamiliares ilegales.
La Fiscalía mantiene que el alcalde maneja, desde el sillón consistorial, los hilos de la mercantil cuyo control cedió a su hijo Sergio hace cinco años y a la que se atribuye la construcción, bien de manera directa bien mediante subcontratas, de los 87 unifamiliares ilegales.
El Ministerio Público cree que Juan José Rubio sigue siendo el «administrador de hecho» de Telyzan, mercantil que constituyó en noviembre de 2000 y que en 2003 vendió a su hijo, quien figura como único socio y administrador. El alcalde, sin embargo, continúa como apoderado en dos cuentas bancarias de la sociedad, cuya salud financiera depende de las inyecciones económicas que con excesiva frecuencia recibe del Ayuntamiento.
La investigación ha permitido descubrir que entre 2003 y 2007 «Telyzan» declaró unos ingresos de casi 3,5 millones de euros. La mitad de este dinero procede de la venta de las edificaciones investigadas. Fuentes del caso precisaron que la cuarta parte de los ingresos de la sociedad son pagos efectuados directamente por el Ayuntamiento de Zarra, que abonó a la empresa 800.000 euros, «más de la mitad de los gastos realizados por el Ayuntamiento».
Un año después de aquella operación de traspaso de poder entre padre e hijo en «Telyzan», la mercantil se entregó a una frenética actividad de construcción de viviendas ilegales «vulnerando con ello las normas más elementales del ordenamiento urbanístico». Hasta el punto de que, según fuentes de la investigación, «las obras no son autorizables» porque la parcela sobre las que se asientan los chalés son demasiado pequeñas.
En al menos 69 casos se trata de parcelas de menos de 1.000 metros cuadrados, superficie mínima exigida por la legislación urbanística para este tipo de edificaciones. El Ayuntamiento encubrió la frenética e ilegal actividad constructiva de Telyzan con licencias de obras que sólo permitían construir refugios agrícolas, locales comerciales y almacenes.
En al menos 69 casos se trata de parcelas de menos de 1.000 metros cuadrados, superficie mínima exigida por la legislación urbanística para este tipo de edificaciones. El Ayuntamiento encubrió la frenética e ilegal actividad constructiva de Telyzan con licencias de obras que sólo permitían construir refugios agrícolas, locales comerciales y almacenes.
El alcalde y su hijo fueron detenidos el martes por la Guardia Civil. El juez decretó el viernes de madrugada su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 18.000 euros. Sabían lo que se les venía encima. Por eso, su abogado tenía dinero preparado. Pero no llevaban suficiente. No fueron trasladados a prisión. Permanecieron en los calabozos a la espera de que su círculo completara la cantidad exigida por el juez de Requena 2.
El padre, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, está imputado por los delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida, fraude y estafa. El hijo, por estafa, usurpación de la propiedad y contra la ordenaciónd el territorio.
No son los únicos implicados en este caso de presunta corrupción. La Fiscalía ha denunciado a cuatro concejales más: Luis García, Trinidad Andrés, Eugenio Cuenca y Pilar Isabel Villar. Todos están imputados en otra causa junto al alcalde y su hijo por favorecer un «pelotazo ubanístico» de este último.
También figuran como denunciados los cuatro representantes legales de las empresas «Ayora Valley Properties» y «Real Spanish House», dos de las tres mercantiles que comercializaban las viviendas en el mercado británico a través de páginas web. De la tercera empresa denunciada, «Hills and Valley Properties» se desconoce su órgano de dirección.
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