También abogó por la puesta en marcha del sistema de gasto público, sobre todo para ofrecer ayudas que pongan fin a la "parálisis" del sector de la construcción, que tan "grave" es para el empleo, y "subsidios" que permitan a las personas hacer frente a sus hipotecas.
Así, estimó que las medidas aprobadas por el Ejecutivo estatal para ampliar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta los 100.000 euros y crear un Fondo de Adquisición de Activos Financieros de máxima calidad dotado de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones, son positivas, pero están condicionadas por las "limitaciones" que "vienen fijadas por Bruselas y el Banco Central Europeo", y por la "dispersión entre unas opiniones y otras".
Boyer se pronunció en estos términos en la sesión inaugural del XVII Congreso Nacional de Auditoría, que se celebra desde ayer y hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Valencia, jornada en la que pronunció la conferencia 'Situación actual y perspectivas de la economía'.
Respecto a la ampliación del FGD, consideró que "se podía haber hecho la garantía total para los depósitos", ya que "además de que no va a haber ningún caso de insolvencia en España", algo de lo que dijo estar "casi seguro", incluso en caso de que los hubiese, "el Gobierno español acabaría arreglándolos". "Es más práctico decir que están garantizados todos los depósitos", resumió.
En cuanto a los criterios del Fondo de Adquisición de Activos Financieros a la hora de hacerse con los "malos activos" de las entidades para "reducir el riesgo que asumieron y que puedan volver a dar créditos", estimó que "no debe limitarse a adquirir activos triple 'A' para dar préstamos a los bancos" y ser "tan rígidos" que se limiten únicamente a los "mejores activos", sino "ser más flexibles y estudiar cada situación" por la importancia de "limpiar los activos malos".
Planteó además que para hacer frente a la crisis económica actual, "no es suficiente la política monetaria", que "actúa lentamente", por lo que "sería conveniente poner en funcionamiento el sistema de gasto público", orientado "sobre todo" al sector de la construcción, dado que generó en los últimos diez años el 20 por ciento del total de empleos creados y "el problema del empleo es el más grave que tenemos en este momento", con 806.900 desempleados entre el tercer trimestre de 2008 y el mismo periodo del año anterior.
Abogó en este sentido por "aumentar la licitación", ya que consideró "perfectamente razonable" aumentar el gasto público en infraestructuras dado que "siguen siendo insuficientes" en España, mientras que "en cambio, la teoría económica nos enseña que inyectar renta, bien bajando impuestos o bien haciendo un regalo 'por barba' tiene un multiplicador que no llega ni a la mitad del que tiene el gasto público por ejemplo en construcción".
Preguntado por el déficit de las cuentas públicas estatales, Boyer afirmó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 "es muy austero, probablemente temiéndose que el crecimiento va a ser todavía menor del que está previsto" en esas cuentas, y "sabiendo que va a haber más gasto público y menos ingresos públicos por la propia evolución de la crisis", de modo que "el déficit va a ser mayor".
Recalcó que, en situaciones de crisis, "lo más importante no es presumir de un déficit reducido. La austeridad es para los periodos de auge", subrayó Boyer, quien defendió así que "debería haber inversión pública aumentada en infraestructuras y en ayudar a que las personas que tienen hipotecas y que necesitan sus casas, puedan acabar teniendo sus casas" por las "tremendas" repercusiones que tiene sobre el empleo la actual "parálisis del sector inmobiliario".
En cuanto al futuro de la economía española, el ex ministro expresó su desacuerdo con quienes auguran "un futuro mediocre, con retraso y divergencia respecto al resto de países" por la desaparición de los "estímulos" que conllevaron el auge de la construcción, la gran cantidad de mano de obra inmigrante y las cuantiosas transferencias de la Unión Europea.
En este sentido, incidió en que esa postura "no tiene en cuenta el dinamismo mostrado en los últimos 20 años por la economía española", con unos crecimientos del PIB "extraordinariamente buenos" que le llevaron a recortar la distancia con Francia hasta el 60 por ciento, y con Italia, hasta "solamente un 40 por ciento".
Auguró que España seguirá recibiendo un flujo de inmigrantes "bastante considerable", de modo que si bien "no es verosímil" que se pueda "encajar 700.000 personas al año y encontrar trabajo", "habrá una inmigración que será estimulante" porque ocupará los nuevos puestos "que los españoles no ocupan por las buenas", en sectores como el agrario o de la construcción, con lo que "mantendrá una flexibilización del mercado" y "seguirá sosteniendo el consumo y la construcción de viviendas", aunque "en menor cuantía", matizó.
Asimismo, consideró "esperanzador" que España sea "uno de los países desarrollados que más ha venido invirtiendo", con entre un 28 y un 30 por ciento de su PIB, frente al 22 por ciento de media de los países de la zona euro o el 19 por ciento de Estados Unidos, una tendencia que, según dijo, "ha continuado en el primer semestre" de 2008.
Respecto a posibles críticas por destinar "una parte muy grande" a la construcción residencial, sostuvo que para un país como España "es perfectamente lógico" tener mucha actividad en este campo por el gran crecimiento registrado por el PIB por habitante, y precisó que, en cualquier caso, únicamente el 9 por ciento de la inversión fue destinada a residencial, mientras que el 22 por ciento restante correspondió "a inversión productiva", tanto industrial como para obras de infraestructuras.
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