Ambos proyectos de ley serán remitidos a las Cortes para su tramitación y han sido elaborados a partir del acuerdo del nuevo modelo de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 15 de julio, gracias al apoyo de las comunidades autónomas del PSOE y la abstención de las regiones del PP.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Minsitros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, celebró la aprobación del anteproyecto de ley por tratarse de un modelo "equitativo" que corrige los errores del anterior y garantiza acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos en igualdad de condiciones. "Ése es el primer y último objetivo del Gobierno", añadió.
A su parecer, el Ejecutivo acudirá con "los deberes hechos" al paso del nuevo modelo por el Parlamento, ya que ninguna comunidad votó en contra del proyecto en el CPFF. En este sentido, consideró que ha llegado el momento de que los partidos muestren una "idéntica altura de miras" en el Congreso para poder poner en marcha un modelo más "equitativo, solidario y fuerte".
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, repasó las características principales del nuevo modelo y aseguró que da respuesta a las necesidades de la sociedad actual y que se trata de un sistema "más estable, solidario y justo", que garantiza una aportación adicional de unos 11.700 millones de euros durante los próximos tres años.
Preguntada por las cuantías definitivas que recibirá cada comunidad autónoma, Salgado recordó que las comunidades pueden hacerse una idea "muy razonable" de lo que van a recibir y aseguró que el Gobierno revisará las cifras cuando tenga los datos de población definitivos del año 2009. "Las cifras que han ido dando las comunidades son cifras que perfectamente encajan con el modelo", señaló.
Sobre los apoyos que recibirá el proyecto de ley en el Congreso, Salgado consideró que las CC.AA. que se abstuvieron en el CPFF no deberían pedirle a su grupo que votara en contra del nuevo modelo si quieren "mantener la coherencia", aunque sostuvo que el Gobierno está trabajando para conseguir el mayor consenso posible porque no puede fiarlo todo a "esa racionalidad".
En cuanto a la idea de que el nuevo modelo desincentiva las rebajas de impuestos de las comunidades, la vicepresidenta económica recordó que no se trata de una sanción, sino de una indicación de que lo más conveniente no es bajar los impuestos teniendo en cuenta que uno de los fondos del nuevo sistema cuenta con el 75% de lo recaudado por cada CC.AA. "Pero el mayor incentivo es la responsabilidad de cada comunidad", añadió.
Una vez aprobada la reforma de la Ley, el nuevo modelo inicia su tramitación parlamentaria, ya que tendrá que ser refrendado por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV. El PP, a pesar de que se abstuvo en el CPFF, ya anunciado que votará en contra. Después de ser aprobado por el Parlamento, el nuevo modelo será discutido por las comisiones de transferencias de las distintas CC.AA.
La nueva financiación, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año y de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales ligeramente superiores a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.
El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50 por ciento del IVA y del IRPF y el 58 por ciento de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar. Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.
El nuevo modelo garantiza además la prestación de los servicios públicos, puesto que dedicará el 80% del total de los recursos a la financiación de los mismos a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. En concreto, esta "bolsa común" contará con el 75% de lo recaudado por cada comunidad autónoma a la que se sumará una aportación del Estado equivalente al 5%.
Asimismo, contempla la instauración de un Fondo de Suficiencia Global, íntegramente financiado por el Estado, que pretende complementar los recursos tributarios no integrados en la garantía de servicios públicos fundamentales y que permite incluir competencias no homogéneas.
El Estado, por su parte, aportará nuevos recursos para la constitución de un Fondo de Competitividad y un Fondo de Cooperación para facilitar la convergencia en los niveles de renta de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y cuyos recursos se distribuirán entre las CC.AA. con menor renta per cápita o que registren una dinámica poblacional especialmente negativa.
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