Calles apostó en un comunicado por la "corresponsabilidad financiera" del Gobierno valenciano, y señaló que la decisión del PP "de incrementar en 13 años la concesión de la AP-7 a Aumar fue arbitraria y solventarla ahora costará miles de millones de euros a las administraciones públicas, que han de dialogar, consensuar y cooperar para afrontar el pago del rescate de forma solidaria".
El dirigente socialista apremió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a "empezar por Castellón" y priorizar la liberación del tramo Castellón-Oropesa que, "por razones de flujo de tráfico y seguridad vial, es el que presenta una mayor urgencia".
"Camps debería defender los intereses de Castellón, que es la capital de provincia que menos recibe del Consell, pero ni está ni se le espera, y Castellón tiene que dejar de ser la hermana pobre de la Comunidad Valenciana", añadió.
Calles instó, además, al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a que explique la posición del equipo de gobierno municipal con respecto a las obras de duplicación de la carretera N-340.
"Camps ha dejado en evidencia la irresponsabilidad de sus compañeros de partido en Castellón, que han mantenido una política de infraestructuras absolutamente incoherente", dijo el portavoz socialista, quien añadió que "en poco más de cinco años, Alberto Fabra ha pasado de apoyar la mejora de la N-340 a oponerse a ella, y ha pasado de negarse a liberar la AP-7 a defender el rescate de la autopista".
El portavoz socialista recordó que el PSPV presentó una moción ante el plano el 30 de noviembre de 2000 en la que solicitaba la liberación de la autopista en todo el trazado urbano de Castellón.
"El PP se opuso con su mayoría y la iniciativa no prosperó", aclaró Calles, quien se mostró partidario de explorar la vía del consenso en el Ayuntamiento de Castellón "para que desde el resto de administraciones se compruebe la unidad de acción de todos los grupos municipales".
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