Así, la agrupación socialista indicó en un comunicado que la "crisis" de los aparcamientos de Mislata "no ha terminado".
En este sentido, explicó que la Delegación de Gobierno solicita periódicamente informes al Ayuntamiento de Mislata sobre el "pelotazo" de los aparcamientos y el "enriquecimiento injusto" que "figura en informes de intervención, poniendo en duda la legalidad de la operación, así como la dudosa legalidad de las actuaciones ordenadas por el PP".
Asimismo, aseguró que la intervención municipal intentó "parar los pies al PP y poner trabas a que se consumaran hechos que van contra el ordenamiento jurídico".
Sin embargo, según el PSPV, el PP "buscó una artimaña, mediante decreto, para fulminar a la intervención municipal, que puede ser un claro obstáculo para concluir con el pelotazo de más 24 millones de euros que Lubasa va a recibir a costa del dinero de los ciudadanos de Mislata por unos aparcamientos que costaban menos de 16".
Además, los socialistas de Mislata aseguraron que Corredera "ordenó a la Polícia Local el seguimiento de la interventora municipal y su registro para evitar que sacara cualquier tipo de documentación comprometedora que pudiera poner al PP bajo las cuerdas, en concreto sobre la operación de los aparcamientos".
"Hasta dos patrullas de la Policía Local y seis efectivos se dieron cita en el despacho de la interventora para ordenarle que desalojara el edificio", indicaron, y añadieron que la interventora solicitó la presencia de su abogado y de un notario para que levantara acta.
El secretario general de los socialistas de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, advirtió al equipo de gobierno de que "no va a callar por decreto a quienes estamos defendiendo el dinero de los ciudadanos, a quienes denunciamos el derroche y el despilfarro del PP y a quienes hemos denunciado, una y otra vez, el gran pelotazo con los aparcamientos de Lubasa".
Fernandez Bielsa tachó la decisión del alcalde de Mislata de "dictatoral" porque, a su juicio, "castiga a quienes no hacen informes como él quiere, con claros síntomas de abuso de poder, simplemente por defender la legalidad" algo que, para el dirigente socialista, es "repudiable e intolerable en democracia".
"Corredera y el PP pretenden apartar a la interventora municipal para seguir haciendo lo que quieren, derrochando el dinero público, sin ningún tipo de control", denunció el secretario general de los socialistas de Mislata, quien exigió al alcalde que "revoque la decisión de fulminar a la interventora municipal y paralice el decreto, ya que no existe ninguna razón para su suspensión".
Según consta en el decreto del Ayuntamiento, con fecha de hoy, la funcionaria ha realizado determinadas actuaciones que "pueden constituir incumplimiento de las funciones esenciales de su puesto de trabajo de interventora o funciones encomendadas", así como "desobediencia abierta a las instrucciones de sus superiores".
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