Esta actuación se enmarca en una iniciativa unitaria de diversas entidades antinucleares de toda España --apoyadas por Ecologistas en Acción y Greenpeace-- y que ha supuesto la celebración de protestas similares en las comunidades autónomas donde se ubican los municipios candidatos a albergar la instalación, informó hoy la organización en un comunicado.
En la misiva entregada se pide a Zapatero "coherencia con sus propias palabras, ya que éste, como se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente al debate sobre el Estado de la Nación de 2006, afirmó, al respecto del problema de los residuos radiactivos: "Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque es un problema de hondo calado".
Sin embargo, "en realidad el proceso iniciado por el Ministerio de Industria se ha caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos participativos y la falta de información veraz a la población y a los municipios", opinan los ecologistas.
En ese sentido, señalan que "el proceso puede considerarse ilegal pues vulnera claramente los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio Aarhus".
"Como se ha visto --prosiguen-- la estrategia seguida por el Ministerio de Industria ha consistido en tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa) para tratar de conseguir que los municipios se ofreciesen como candidatos a albergar el cementerio nuclear, sin importar ni si quiera si se había tenido en cuenta la opinión de los vecinos, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma".
Para estas entidades, "de lo que no cabe duda alguna es que el proyecto del ATC ha generado ya un amplio rechazo social, territorial y político en todas las comunidades autónomas donde alguna Corporación municipal ha presentado a su municipio como candidato a albergar este cementerio nuclear".
En la misma línea, argumentan que "el ATC es una instalación muy peligrosa. Los procesos de manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior del cementerio implican riesgos de accidente, además de la contaminación radiactiva rutinaria que se produciría, incluida la emisión de gases radiactivos al exterior".
Además, apuntan, "los residuos radiactivos se tendrían que transportar desde cada central hasta el cementerio en tren o por carretera, exponiéndonos al riesgo de escape radiactivo en caso de accidente o sabotaje".
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