Según indicó el grupo socialista, este artilugio de defensa, cuestionado por el movimiento internacional pro derechos humanos, fue utilizado por los agentes de la Policía Local de Valencia el pasado 6 de abril cuando desalojaron a rastras a diversos políticos y vecinos concentrados en el barrio de El Cabanyal.
En este sentido, el concejal del PSPV Francisco Carsí recordó que, aunque la Generalitat ampare el uso de dicho modelo de porra en el decreto autonómico de 2005 que regula el sistema de homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local, "los efectos del arma son tales que, si se usa para golpear en lugar de para apartar, puede llegar a tener consecuencias brutales para el afectado".
De hecho, el Gobierno central prohíbe su uso a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por ello, el edil exigió al equipo de gobierno municipal la retirada "inmediata" de este tipo de armas en la Policía Local "a la vista de las investigaciones abiertas en foros internacionales sobre sus efectos y de tan inconsistente justificación por parte del equipo de gobierno".
En concreto, los argumentos esgrimidos por parte del equipo de Rita Barberá son que las porras metálicas extensibles causan "inhibición en vez de lesión", que son de "fácil portabilidad" pues "sus dimensiones y peso son menores que las convencionales, lo que beneficia su portabilidad", y que "no se balancea, lo que se traduce en que no molesta en las persecuciones".
Además, entre otros argumentos, se señaló que "gracias a su menor diámetro es más eficaz en controles, reducciones y conducciones" y que "gracias a su tamaño y diseño su uso y porte son más discretos".
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