MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción abrió hoy una investigación penal a la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós y solicitó al Banco de España información sobre las causas del cese y despido.
La ex directora general de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se adjudicó un sueldo de 593.040 euros anuales y una renta vitalicia. El revuelo producido tras conocerse algunos detalles sobre las remuneraciones que percibía la máxima ejecutiva de la caja alicantina, que fue intervenida por el Banco de España, obligó a intervenir a la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora ha pedido a los actuales interventores del Banco de España información sobre las causas que motivaron el cese y despido de Amorós, por si fueran constitutivas de un delito penal. Amorós fue sometida a un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre tras conocerse algunos detalles de su gestión al frente de la caja, por la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros anuales.
Sobre este asunto, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, remitió una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que el Ministerio Público "investigue de oficio la posible existencia de ilícitos penales" en la actuación de los ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y, en su caso, "se abran diligencias para sustanciar las responsabilidades de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja".
"Teniendo en cuenta que el proceso de intervención (de las cajas de ahorro) se completó el 30 de septiembre con la intervención del FROB en Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, investigaciones similares deberían ser abiertas de oficio" en estas entidades, añade Llamazares en su misiva.
El parlamentario de IU, que realiza esta petición en su calidad de miembro de la Diputación Permanente del Congreso, considera que la Fiscalía General del Estado debería adoptar esta iniciativa "con independencia de que el Banco de España exija la devolución del dinero embolsado, con intereses, y la apertura de expedientes sancionadores a los gestores".
"Los datos publicados son abrumadores: según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, "en la antesala de la intervención", el anterior director general de la CAM, Roberto López Abad y otros cuatro altos ejecutivos "se aseguraron un dorado retiro" con un total de 15,5 millones de euros.
Llamazares se refiere también en la misiva a la sucesora de López Abad, María Dolores Amorós, quien "no quiso ser menos" y se atribuyó un sueldo de 593.040 euros anuales y una renta anual vitalicia de 369.497 euros por ejercicio. "Y todo ello, sin informar a los órganos rectores de la entidad y pese a que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año", subrayó.
Ahora ha pedido a los actuales interventores del Banco de España información sobre las causas que motivaron el cese y despido de Amorós, por si fueran constitutivas de un delito penal. Amorós fue sometida a un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre tras conocerse algunos detalles de su gestión al frente de la caja, por la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros anuales.
Sobre este asunto, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, remitió una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que el Ministerio Público "investigue de oficio la posible existencia de ilícitos penales" en la actuación de los ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y, en su caso, "se abran diligencias para sustanciar las responsabilidades de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja".
"Teniendo en cuenta que el proceso de intervención (de las cajas de ahorro) se completó el 30 de septiembre con la intervención del FROB en Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, investigaciones similares deberían ser abiertas de oficio" en estas entidades, añade Llamazares en su misiva.
El parlamentario de IU, que realiza esta petición en su calidad de miembro de la Diputación Permanente del Congreso, considera que la Fiscalía General del Estado debería adoptar esta iniciativa "con independencia de que el Banco de España exija la devolución del dinero embolsado, con intereses, y la apertura de expedientes sancionadores a los gestores".
"Los datos publicados son abrumadores: según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, "en la antesala de la intervención", el anterior director general de la CAM, Roberto López Abad y otros cuatro altos ejecutivos "se aseguraron un dorado retiro" con un total de 15,5 millones de euros.
Llamazares se refiere también en la misiva a la sucesora de López Abad, María Dolores Amorós, quien "no quiso ser menos" y se atribuyó un sueldo de 593.040 euros anuales y una renta anual vitalicia de 369.497 euros por ejercicio. "Y todo ello, sin informar a los órganos rectores de la entidad y pese a que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año", subrayó.
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