MADRID.- El Estado, a través del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) será titular indirecto de un
45% del capital de Bankia, con lo que "adquirirá su control", tras la
decisión del consejo de administración de Banco Financiero y de Ahorros
(BFA), matriz de la entidad, de solicitar la entrada de capital público,
informó el Ministerio de Economía y Competitividad.
De este modo, el Estado se hará con el 100% del capital de BFA a
través de la conversión en acciones ordinarias de la entidad de los
títulos emitidos por importe de 4.465 millones de euros, lo que le
llevará a controlar esta participación del 45% en Bankia.
Además, el gabinete dirigido por Luis de Guindos señala que el
Gobierno aportará el capital "que sea estrictamente necesario para
realizar los saneamientos precisos" con el objetivo de llevar a cabo los
planes de reestructuración, viabilidad y mejora de gobierno corporativo
que deberá presentar al Banco de España el nuevo equipo directivo de
Bankia encabezado por José Ignacio Goirigolzarri.
Así, el Ministerio de Economía indica que impulsará los trámites
para la conversión en capital de las participaciones preferentes por un
valor de 4.465 millones de euros que posee el FROB en BFA, tal y como ha
solicitado la entidad.
Economía recuerda que la conversión se fundamenta en lo dispuesto
en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de
crédito, ya que el Gobierno considera improbable, a la vista de la
situación de la entidad y de su grupo, que la recompra de las
participaciones preferentes pueda llevarse a cabo dentro del plazo de
cinco años. Así, siguiendo lo señalado en dicha disposición, corresponde
al FROB requerir formalmente la conversión.
Esta decisión conllevará la toma de control público y no supone la
intervención de la entidad, según puntualiza Economía. Para el
Ejecutivo, la entrada en el capital se considera "un primer paso
necesario" para garantizar la solvencia, la tranquilidad de los
depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades
de capital de la entidad.
Ningún acreedor de la entidad, incluidos los depositantes y
titulares de participaciones preferentes, se verá perjudicado por esta
decisión, subraya Economía.
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