VALENCIA.- El exgerente del PP nacional, Cristóbal Páez,
quien también ocupó el cargo de administrador general del partido en
las elecciones generales celebradas en 2008, ha negado este miércoles,
en su declaración como imputado en la sede del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que hubiera anomalías en su
gestión, y ha alegado que tanto el Tribunal de Cuentas como los
gerentes del partido validaron las cuentas que presentó, según han
informado hoy fuentes conocedoras de la declaración.
Páez ha prestado declaración en el TSJCV durante casi dos horas, y
ha respondido a todas las preguntas formuladas por las partes. Páez ha
sido citado a declarar por la pieza segunda de la causa instruida por el
magistrado José Ceres, que se ocupa del supuesto delito electoral. Las
otras dos piezas investigan la supuesta financiación irregular del PP y
la presunta contratación irregular en relación con distintas ediciones
de Fitur.
El exgerente del PP, quien abandonó la gerencia del partido tras
dejar Luis Bárcenas su cargo de tesorero en Génova a raíz de su
imputación en el 'caso Gürtel' por presunto cochecho y delito fiscal, ha
mantenido en su declaración que no entendía el motivo por el que estaba
imputado, puesto que él no había hecho nada incorrecto.
Así, ha estado explicando, a preguntas de las partes, que él
realizaba en el partido una tarea burocrática, y ha reiterado que no
hubo anomalías en las cuentas del PP en el año 2008, mientras él estaba
como administrador general.
De hecho, ha indicado que tanto los gerentes del partido como el
Tribunal de Cuentas validaban todas las cuentas e informes, por lo que
no había ningún tipo de irregularidad. Por este motivo, ha repetido que
él no tenía nada más que explicar, ya que todo se hizo de la mejor
manera.
Junto a Páez, estaban citados a prestar declaración este miércoles
dos testigos: Ana Brusola --exsecretaria de Administración Pública-- y
Nuria Pérez --hermana de el exjefe de Orange Market y uno de los
presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, conocido como 'El
Bigotes'--.
Las declaraciones continuarán la próxima semana, en concreto, el
día 25 de junio, cuando están citados Juan Bover --jefe de servicio de
Infraestructuras Turísticas de la Generalitat--, en calidad de imputado,
y la testigo Paula Seco de Herrera. Tras ellos, y según el calendario
previsto, le tocará el turno a los legales representantes de diferentes
empresas, entre ellos, a Enrique Gimeno --en representación de Facsa--, a
Enrique Ortiz --por Enrique Ortiz e Hijos, Contratistas de Obras S.A.--
y a Vicente Cotino --representante de Sedesa Inversiones S.L., Sedesa
Obras y Servicios S.L.--, quienes cerrarán el calendario el día 11 de
julio.
En total, el número de imputados en esta causa ascienden, por el
momento, a 26, tres de ellos representantes legales de varias empresas.
Entre los 26 imputados se encuentran cinco diputados de las Corts
Valencianes, de los que algunos han desempeñado cargos en el PPCV:
Yolanda García --extesorera--; David Serra --exvicesecretario de
Organización del partido--; Ricardo Costa --exsecretario general del
PP-- y Vicente Rambla --exvicepresidente de la Generalitat y exconseller
de Industria, Comercio e Innovación--.
Este procedimiento llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando
el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el
magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del
'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta
causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de
prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la
Generalitat.
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