VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts
Valencianes, Ignacio Blanco, ha propuesto al arquitecto Santiago
Calatrava una reunión para "aclarar dudas" sobre sus proyectos con la
Generalitat y "resolver contradicciones entre sus afirmaciones y los
documentos oficiales" a los que ha tenido acceso su formación.
Según ha dicho Blanco en un comunicado, "por ejemplo,
Calatrava afirma que el Ayuntamiento de Valencia sufragó aproximadamente
la mitad del coste del Puente de l'Assut de l'Or --34 millones de
euros-- cuando según el expediente municipal solo hubo una aportación
fija de 4.171.852,54 euros y el resto --más de 64 millones-- lo asumió
la empresa pública autonómica CACSA". "Suponemos que sobre esto también
tendrán algo que decir el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat", ha
comentado Blanco.
El diputado ha anunciado que va a ponerse en contacto por
escrito con el arquitecto valenciano a través de sus empresas en Zürich y
Valencia para proponerle "una reunión en la que pueda aclararnos las
dudas que han ido surgiendo al conocer la documentación oculta a la
opinión pública durante casi dos décadas".
En la misiva, le reiterará que el objeto de sus críticas "no
es la faceta artística de los proyectos sino el coste que han tenido
para el erario público, que en estos momentos afronta una situación
límite cercana a la insolvencia de la Generalitat".
"La culpa del derroche no es tanto de Calatrava, que es un
particular que trata de conseguir el máximo beneficio de su negocio,
sino de los gobernantes del PP que deberían haber velado por los
intereses generales", ha destacado Blanco.
En el caso del puente del Assut de l'Or, "aunque el precio se
multiplicó por más de dos, como es habitual en las obras de Calatrava,
creemos que todos los sobrecostes fueron asumidos por CACSA, aunque no
estaría mal que el Ayuntamiento y el Consell aclararan este punto".
Asimismo, el diputado ha replicado a Calatrava que "no es
cierto, como dice, que todas las decisiones, desde el propio encargo
inicial hasta el último de los detalles de construcción y el presupuesto
asignado, fueran tomadas única y exclusivamente por el cliente, Ciudad
de las Artes y las Ciencias SA (CACSA) y la Sociedad de Proyectos
Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), para Valencia y Castellón
respectivamente".
Según ha recalcado, en este último caso, la también diputada
autonómica de EUPV Marina Albiol, hizo público en marzo de 2011 el
expediente del proyecto del Centro de Convenciones, "donde quedaba
constancia de las modificaciones introducidas por Calatrava sin el visto
bueno de la SPTCV, que elevaban el presupuesto de 60 millones en total a
90 millones sólo en una primera fase". "También en el caso de la Ciudad
de las Artes y de las Ciencias hubo modificaciones propuestas por el
propio arquitecto que incluso contravenían la normativa urbanística
municipal", ha añadido Blanco.
El diputado de Esquerra Unida espera tener la "oportunidad de
contrastar sus informaciones con el propio Calatrava aprovechando alguna
de sus visitas a Valencia". "Incluso sería interesante mantener un
debate público sobre el coste y los beneficios para la sociedad que han
generado sus proyectos pagados por la Generalitat, si el arquitecto
tiene interés en ello", ha manifestado.
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