VALENCIA.- El PSPV solicita un total de 15 años de
prisión para el diputado del PP y exconsejero de Solidaridad, Rafael
Blasco, así como una inhabilitación de 30 años para cargo público y una
multa de 1,9 millones de euros, en la pieza separada que se instruye en
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación
con el supuesto fraude en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes para
proyectos en el tercer mundo, dentro del 'caso Cooperación'.
Así consta en la calificación provisional presentada por el PSPV
--que ejerce una de las acusaciones populares en el caso-- y que ha
anunciado en rueda de prensa la presidenta del grupo parlamentario
socialista, Ana Barceló, quien ha exigido al presidente de la
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, la expulsión "inmediata" de
Blasco del PP en las Cortes Valencianas porque lo que ha hecho es
"repugnante".
Los socialistas han reclamado las "penas máximas" por cada uno de
las nueves imputados --Blasco, Tauroni; el que fuera subsecretario de la
Consejería de Solidaridad, Alexandre Català; el exdirector general,
Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares;
el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de
Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial
López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás--, así
como que "se devuelva hasta el último céntimo".
De este modo, reclaman la misma condena de Blasco para la
exsecretaria general administrativa de la extinta Consejería, Agustina
Sanjuan, y para el empresario preso, César Augusto Tauroni, exige 15
años de prisión, al que eleva la multa a los cinco millones de euros.
Para el resto de los seis imputados en esta causa, las penas solicitadas
oscilan entre los tres y 15 años de cárcel.
Los socialistas consideran que los imputados constituyeron "un
entramado" para "desviar fondos de Cooperación para obtener beneficio
propio". Así, señalan que pese a que la Fundación Cyes "no cumplía
ninguna de estas exigencias" establecidas en las bases de la
convocatoria le fueron concedidas pro el departamento que dirigía
Rafael Blasco dos subvenciones de 833.409,33 cada una para proyectos en
Nicaragua, y otros tres proyectos por un importe total de 161.020,18
euros.
Al respecto, señalan que las citadas adjudicaciones "se produjeron
en contra del criterio de la Comisión Técnica del Programa de
Cooperación, siendo impuestas por el acusado Rafael Blasco".
Por ello, a Blasco se le reclama por un delito de tráfico de
influencias, un delito continuado de prevaricación, por un delito
continuado de malversación de caudales públicos, y un delito continuado
de falsedad documental una pena de 15 años de cárcel, una multa de
1.900.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público
por 30 años.
Para el empresario Augusto Cesar Tauroni reclaman por el delito
continuado de fraude de subvenciones, un delito continuado de falsedad
documental, y el delito continuado de malversación de caudales públicos
la pena de 15 años de prisión, una multa de 5.000.000 euros y pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a
gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante un periodo de 6 años, así como inhabilitación absoluta por
tiempo de 20 años.
A Alejandro Catala, exsubsecretario de Solidaridad, se le pide
por el delito continuado de falsedad documental la pena de 6 años de
prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros e
inhabilitación especial por tiempo de 6 años; a María Josefa Cervera,
trabajadora de la Fundación Cys, por el delito continuado de falsedad
documental la pena de 3 años de prisión, multa de doce meses con una
cuota diaria de 400 euros; y a José Maria Felip, exdirector general, por
el delito continuado de falsedad documental la pena de seis años de
prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros e
inhabilitación especial por tiempo de 6 años.
Por su parte, para Javier Llopis, exjefe de Área de la Dirección
General de Cooperación solicitan por un delito continuado de falsedad
documental, la pena de 6 años de prisión, multa de 24 meses con una
cuota diaria de 400 euros e inhabilitación especial por tiempo de 6
años.
Del mismo modo al presidente de Cyes, Marcial López, por el delito
continuado de fraude de subvenciones y el delito continuado de falsedad
documental 7 años de prisión, multa de 5.000.000 euros y pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a
gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante un periodo de 6 años, así como multa de doce meses con una cuota
diaria de 400 euros.
Por último, a Marcos Antonio Llinares, exjefe del Servicio de
Cooperación, solicitan por el delito continuado de prevaricación y por
el delito continuado de malversación de caudales públicos la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10
años; la pena de 6 años de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo
de 15 años.
Al respecto, Barceló ha recalcado que si Fabra tiene "un mínimo de
ética" no puede seguir "protegiendo, amparando ni cotejando" a quien
"en nombre de la solidaridad se ha llevado el dinero de los más pobres
en beneficio propio". "Es algo escandaloso y repugnante", ha recalcado
Barceló, quien ha señalado que por resulta "inadmisible" que no se
expulse a Blasco "inmediatamente".
En ese sentido, ha recriminado a Fabra que "no es capaz de tomar
ni una sola decisión sin esperar a que actúen los tribunales" cuando
"los partidos debemos denunciar, pero también cesar por responsabilidad
política a quienes ocupan un cargo".
Por ello, ha cuestionado que si un presidente "no es capaz de
poner orden en su grupo es muy difícil que pueda gobernar la Comunitat
Valenciana".
"Si Fabra no tiene liderazgo ni capacidad de imponer
decisiones en su partido, tampoco lo tiene al frente de la Generalitat",
ha insistido. Del mismo modo, ha pedido a los diputados del PP que
"persigan y denuncien" a Blasco para acabar tirándolo del grupo popular
en Las Cortes.
Barceló, que ha calculado que el juicio oral puede comenzar a
finales de año, que "están pendientes de que el juez resuelva la
dirección única de letrados y representación procesal dentro del
procedimiento", que en caso de que se apruebe, "la podrá asumir
cualquiera de las partes".
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