VALENCIA.- La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está
desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una
presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo
de capitales.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de
responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para
presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos.
Entre los detenidos --hay 24-- están el expresidente 'popular' de la
Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María
José Alcón.
Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas
varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la
posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en
esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran
conocimiento de estos hechos.
En este sentido, señalan que la
investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y
actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente
económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de momento se trata
solo de indicios y sospechas, advierten.
El propio presidente del
Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha pronunciado ya sobre este
supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en
caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni
detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".
"Mientras no
sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada
distinto de que estas personas están absolutamente limpias", proclamó
Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del
partido.
La macrooperación desplegada desde el pasado martes por
la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción
infiltrada en varias administraciones públicas valencianas
--ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat-- que
se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado 'caso Imelsa'.
Las
pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la
Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa
pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos
Benavent.
Sin embargo, las investigaciones
apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó
una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado
marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la
administración pública --entre ellos los de prevaricación
administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho y blanqueo de capitales--.
El caso está en
manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía
Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su
Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.
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