Sánchez se afana en tratar de formar Gobierno, nos esperan aún
semanas de infarto, dimes y diretes. Pero la corrupción sigue
mostrándose en el escaparate de los medios, porque no cesa. El penúltimo
caso ha afectado de nuevo al PP, en Valencia otra vez, y es asunto de
enorme enjundia. Una trama masiva organizada para financiar el partido
con dinero negro que se blanqueaba a las órdenes de la cúpula del
partido, con la mayoría de los cuadros y los militantes tragando con
cometer un delito, salvo honrosas excepciones. Pero no nos equivoquemos,
la responsabilidad política, y vaya usted a saber si también penal,
llega a Madrid, a los máximos dirigentes de la sede central de Génova,
pues estatutariamente los partidos regionales siguen en materia de
gestión y financiación las pautas que marcan los jefes del PP nacional.
El partido del Gobierno en funciones se resquebraja y cada día hay
más voces que reclaman no ya la regeneración de la dirección nacional,
sino la refundación con cambio de nombre incluido, porque quizá las
siglas hayan quedado manchadas para siempre y las alas de la gaviota no
tengan plumaje suficiente para seguir volando. Y quedan aún bombas por
estallar en Valencia, y restan aún por conocer muchos secretos de
Bárcenas, relacionados con la financiación del partido y de sus campañas
electorales, que afectan a Mariano Rajoy y a otros dirigentes del PP
nacional cuyos nombres están en boca de todos.
Pero la corrupción en España no es solo cosa del PP. No. Afecta a
todos los partidos que han gobernado. Ahora mismo hay en España casi mil
políticos imputados. Ahí tenemos el asunto de los ERE de Andalucía,
cuantitativamente quizá el mayor caso de corrupción de la última década.
Y el escándalo del gang en que se convirtió la familia Pujol
gestionando la Generalitat de Cataluña como si fuera su cortijo, con la
ayuda eficaz de sus cuates de Convergencia, la colaboración inestimable
de los independentistas y el silencio cómplice y útil del PP y el PSOE,
que sabiendo lo que sucedía miraron para otro lado, y en el caso del
PSOE de González, incluso laminó a dos fiscales, Mena y Villarejo, que
osaron pretender cumplir con su obligación de investigar el latrocinio. Y
el PNV en el País Vasco, siempre con más sordina, pero salpicado
también por múltiples casos.
El problema de fondo está en la ausencia de controles, en la
inexistente separación de poderes, con un Ejecutivo que lo copa todo,
unos partidos políticos con un poder de sus núcleos dirigentes ilimitado
y en un sistema electoral y de representación insoportable que
posibilita que la corrupción se extienda como la peste y la impunidad
sea la norma, pese al esfuerzo que algunos medios de comunicación y
algunos jueces y fiscales hacen por cumplir con sus obligaciones
constitucionales.
O modificamos la Constitución, el sistema de elección de los vocales
del Consejo General del Poder Judicial, el estatuto del Ministerio
Fiscal, la Ley de Partidos, la Ley Electoral y el reglamento del
Congreso, como poco, o la corrupción seguirá campando a sus anchas
gobierne el partido que gobierne España o las Comunidades Autónomas.
Como es normal, los casos de corrupción afectan siempre más al
partido en el Gobierno y generan más escándalo cuando es así. Sucede en
el ámbito nacional, en el autonómico y en el municipal. Ninguno de los
Gobiernos que nos hemos dado en democracia ha conseguido erradicarla,
pese a las promesas que los partidos turnistas hacen cuando están en la
oposición.
Los partidos de gobierno se han convertido en maquinarias controladas
por unos pocos, que hacen y deshacen a su antojo, y los representantes
elegidos en las urnas dedican su tiempo y sus esfuerzos a defender los
intereses particulares suyos y de su partido, y no los intereses
generales. Es decir, son en su mayoría unos idiotas, en la acepción
griega del término, unos “idiotés” que no miran por la defensa del
interés de los ciudadanos sino del suyo particular.
Y actúan así porque saben que no les deben sus actas a los ciudadanos
que han depositado su voto en las urnas, sino a la dirección de su
partido, cuando no solo al jefe máximo. El poder absoluto está en los
partidos, porque el presidente del Gobierno responde al interés
particular de la estructura que le ha permitido llegar hasta La Moncloa,
y por lo tanto el presidente del Gobierno acumula un poder en España
sin parangón con cualquiera de sus homólogos europeos. No tenemos
prácticamente ninguna de las ventajas de los sistemas presidencialistas,
pero sí todos sus inconvenientes.
Esta es la realidad. Los demás son trampas. No nos hagamos ilusiones.
Mientras no cambiemos de arriba hasta abajo todo esto, no salimos del
estercolero en que un atajo de irresponsables, con la eficaz ayuda de la
clase empresarial más adinerada de España, nos han instalado durante
años, apelando siempre ellos, eso sí, a la estabilidad y la sensatez.
Con un par.
(*) Periodista
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