VALENCIA.- Las declaraciones de los 49 investigados por blanqueo en el
PP de Valencia concluyen mañana mientras el foco de atención del caso
Imelsa se desplaza hacia otras supuestas irregularidades detectadas en
esta operación, como las comisiones ilegales o la contratación
encubierta de asesores políticos.
A falta de la declaración de un asesor mañana, cuya
citación fue aplazada porque su abogado debía participar en las sesiones
del caso Nóos en Palma de Mallorca, la ronda de declaraciones de los 49
investigados por blanqueo, 17 de ellos concejales o exconcejales, ha
concluido.
Por el supuesto caso de blanqueo, la Fiscalía
Anticorrupción no pedirá el sobreseimiento de la causa para ninguno de
los investigados, no solicitará nuevas citaciones ni tampoco
testificales, según explicaron fuentes del caso.
En su vertiente política, este caso ha supuesto la práctica
disolución de la organización del partido en la ciudad, tras la
suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz,
Alfonso Novo, y el nombramiento, el pasado viernes, del diputado y
exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora.
De las escuchas, registros y testimonios recabados durante meses
en la investigación del conocido como caso Imelsa se han destapado al
menos otras dos ramificaciones al margen de este supuesto caso de
blanqueo.
Una, la considerada pieza principal, se centra en Imelsa (empresa
de la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat para
construir colegios) y la Fundación Jaume II El Just, por supuestas
adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.
Otra, que de momento se dirime únicamente en sede policial, tiene
que ver con la supuesta contratación encubierta de personal por parte
de Imelsa y trata de dilucidar si esas personas en realidad ejercían
como asesores de los grupos políticos representados en el consejo de
administración de Imelsa.
Así, está previsto que mañana concluyan las declaraciones por el
supuesto blanqueo de capitales en el seno del PP de la ciudad de
Valencia y que el martes y el miércoles se tome declaración a 12
personas por su relación con la pieza principal del caso.
En total son más de 80 los investigados entre políticos, asesores
y empresarios por varios delitos contra la administración pública,
entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y
blanqueo de capitales, contenidos en un sumario que seguirá siendo
secreto al menos hasta el 14 de marzo.
Por otra parte, está previsto que el martes y el miércoles
declaren también, en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, los
vicepresidentes tercero de la Diputación de Valencia, Emili Altur
(Compromís), y cuarto, Rosa Pérez (EU), además del asesor Raúl Pardos
(PSPV) en relación con la supuesta contratación encubierta de asesores.
La dirección de Imelsa ha despedido a cinco personas que
trabajaban en el servicio de Protocolo de la institución y a seis que lo
hacían en el gabinete de prensa siendo personal contratado por la
empresa pública Imelsa, unos despidos que se estaban procesando desde
finales de enero, fechas desde la que estas personas estaban en
situación de permiso retribuido, y que no guardan relación con la
citación policial de los actuales dirigentes de la Diputación.
Además, en julio y agosto del año pasado también se despidió a
una veintena de personas de Imelsa que realmente no trabajaban donde se
suponía que debían estar o incluso no acudían a ningún puesto de
trabajo.
Según recoge un informe interno de la institución provincial,
fueron despedidas ocho personas a sueldo de Imelsa que trabajaban como
asesores de los miembros del consejo de administración de la empresa
pública, entre los que, según fuentes de la institución provincial,
había asesores del PSOE, PP, EU y Compromís.
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