CASTELLÓN.- Joaquin Betoret lleva media vida entre fogones. Y por primera vez en
cinco años puede dormir tranquilo. Junto a sus padres, Joaquín y Lolita,
gestiona el mítico restaurante Piero, en la carretera N-340 a la altura
de Torreblanca, y tras mucho tiempo aguantando el tipo, ahora el local
empieza a parecerse a lo que un día fue, relata el diario Mediterráneo.
«Hace unos años, cuando prohibieron el paso de camiones por la 340 y
todos los transportistas se desviaron por la CV-10 el negocio cayó en
redondo. Ahora lo volvemos a recuperar, ya que muchos conductores que
ahora van por la autopista salen por el acceso de Torreblanca y vienen
aquí a descansar y a comer. Este establecimiento vuelve a ser el Piero
de siempre», cuenta. A Betoret los números le vuelven a salir, como
también les sucede al restaurante Tere o al Olímpic, en la misma
localidad.
Y todo gracias a la autopista. O mejor dicho, al fin de los
peajes de la AP-7, el vial que cruza Castellón de norte a sur. Una
decisión de la que ahora se cumple un mes y medio, y que en tiempo
récord ha cambiado la forma de circular por la provincia, pero también
ha transformado la vida y los negocios de decenas de personas. Para bien
y también para mal. Hay de todo.
Restaurantes como el Piero, a unos cinco kilómetros del acceso de
Torreblanca a la autopista, empiezan a beneficiarse de la primera
consecuencia del fin del peaje: el incremento del tráfico en la AP-7.
Desde que se liberalizó, el pasado 1 de enero, este vial soporta a su
paso por Castellón una intensidad media diaria de 24.273 vehículos, un
36% más que en el mismo periodo del 2019, cuando era de pago.
Y aunque
el subidón se nota mucho más en el tramo que discurre entre València y
Alicante, la realidad es que en la autopista hay más camiones que nunca.
Gerardo Sánchez es uno de los transportistas que ha cambiado la
CV-10 por la AP-7. «Todas las semanas hago el trayecto
Barcelona-Granada. Antes iba por la autovía del interior, pero desde que
es gratis uso la autopista. Y somos tantos los que la utilizamos que
todas las áreas de servicio están copalsadas. Por la noche no sabemos ni
donde aparcar», cuenta a Mediterráneo minutos antes de subirse de nuevo
al tráiler, en el área de servicio de la Plana.
Los
restaurantes de las tres áreas de servicio con las que cuenta la AP-7 a
su paso por Castellón (Burriana, Ribera de Cabanes y Benicarló) son
otros de los grandes beneficiados del fin de los peajes. «El cambio ha
sido brutal. Tenemos muchos más clientes, sobre todo transportistas y la
empresa está analizando los datos para ver si es necesario una
ampliación de plantilla», comentan varios trabajadores.
El bolsillo lo nota
Pese
a que le viene de paso, el transportista Diego Martín no soporta ni la
comida ni los precios que cobran en las áreas de servicio de la
autopista. «Vengo de Barcelona y voy a Murcia pero, en la salida de
Torreblanca, prefiero desviarme unos kilómetros y parar a comer en
cualquiera de los restaurantes de la 340», explica mientras hace una
pausa.
Y aunque en teoría, y para incorporarse a la AP- 7 debería
retroceder y volver a entrar por Torreblanca, Martín circula unos
kilómetros por la 340, hasta Orpesa. «Está prohibido, pero la Guardia
Civil de Tráfico entiende que no podemos hacer otra vez el mismo camino y
es permisiva», describe.
A quienes también les ha cambiado la
vida o, mejor dicho, la economía son a los trabajadores que a diario se
desplazan desde Castelló al Baix Maestrat o viceversa. Alejandra es uno
de ellos. Trabaja en el Hospital Comarcal de Vinaròs y cada día utiliza
la AP-7 desde Castellón Norte a Benicarló. «La liberalización me ha
supuesto un ahorro de unos 200 euros al mes, 2.500 euros al año»,
explica.
«Lo que también he notado es un aumento del tráfico, sobre
todo, pesado. Por cada camión que circulaba antes ahora hay tres o
cuatro, y cuando se producen adelantamientos entre ellos tienes que
reducir la velocidad, con lo que el mismo trayecto ahora me cuesta unos
cinco minutos más», estima.
El fin de los peajes ha democratizado la AP-7, pero la verdadera
prueba de fuego será durante los meses de julio y agosto. La Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC) avisa de un posible colapso en
verano, sobre todo en los accesos a las localidades más turísticas.
Y
todo mientras los tres nuevos accesos previstos en la provincia
(Vinaròs, Benicàssim y Vila-real) siguen pendientes. «Benicàssim
necesita unos accesos dignos a la autopista desde la 340 y es urgente
que se invierta», dice la alcaldesa, Susana Marqués.
Para la
economía de familias como la de David Merchán (un joven de Tarragona que
se desplaza frecuentemente del Vendrell a València), la liberalización
de la AP-7 también ha supuesto una bendición, pero hay otras economías
que se van a resentir.
Los mayores damnificados van a ser los
ayuntamientos de los 15 municipios por los que discurre la autopista, y
que desde este año van a dejar de ingresar 2,5 millones de euros en
concepto de IBI. Alcalà de Xivert, por ejemplo, tendrá una merma de
380.000 euros, Nules de 100.000 y en Vila-real el descenso rondará los
180.000.
Aun así, los alcaldes insisten que la liberalización de la
autopista es buena y consideran la caída en la recaudación como un mal
menor inevitable.
Pantallas contra el ruido
Lo
que no es inevitable son las molestias que genera el incremento del
tráfico por la AP-7 en urbanizaciones próximas, como Montornés, Las
Palmas y la Parreta, las tres en Benicàssim. Sus vecinos, con el apoyo
del Ayuntamiento, proponen la instalación de pantallas acústicas y el
uso de microasfaltos cuando se vuelva a pavimentar la carretera, que
reducen también el ruido.
Lo contrario les ocurre a quienes
viven o trabajan en localidades como Borriol, la Pobla Tornesa o
Cabanes. Tranquilidad absoluta. Porque a la misma velocidad que ha
aumentado el tráfico en la AP-7 ha disminuido en la CV-10, la autovía
que hasta el pasado 1 de enero utilizaban miles de transportistas para
cruzar la mitad sur de la provincia.
«El cambio ha sido radical y los
transportistas que, pese al fin de los peajes, todavía usamos esta
carretera somos cada vez menos», reconoce Ricardo Cándido, un camionero
que hace su parada obligatoria en el área de servicio 42 Pies, en
Cabanes. Un negocio que es, además, uno de los grandes damnificados de
la liberalización de la autopista.
«Tenemos 140 plazas de párking para
traílers y hasta el 1 de enero las teníamos todas las noches llenas.
Ahora la situación es muy distinta y, a la par que ha bajado el tráfico
de la CV-10, nuestros clientes también lo han hecho», lamenta Emiliano
López, responsable-supervisor de 42 Pies. Es la otra cara de la
liberalización de la autopista. La cara menos buena.
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