Así se han pronunciado entidades que componen esta comisión -AE-Agró, Per l'Horta, El litoral per al poble, Ecologistes en Acció y la Associació de veins de Natzaret- en un comunicado en el que han considerado que esta propuesta "no se adecua a las necesidades actuales impuestas por la emergencia climática".
"Independientemente de los cambios oportunistas o no en el proyecto, la ampliación del puerto es una operación donde gastaremos ingentes cantidades de dinero público con el resultado de contaminar más el aire, quedarnos sin playas, destruir huerta, poner en peligro el parque natural de la Albufera y determinar el modelo de ciudad para los cercanos 100 años sin un debate informado", han indicado.
Según la Comissió, "no es posible rehuir el debate echando mano del conocido 'hay que compatibilizar el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente' del que tanto hablan el alcalde Ribó y el president Puig, por la sencilla razón que en el supuesto de que nos ocupa, ese objetivo, simplemente, es de imposible cumplimiento".
A su juicio, "lo más coherente" con la situación financiera y el bienestar de las personas que viven en el área metropolitana sería "parar y hacer marcha atrás, ahora que todavía estamos a tiempo". 
"Errores pasados no pueden avalar errores más grandes en el futuro. Hay que parar e impulsar el modelo de ciudad y de comarca que queremos y que necesitamos en un escenario de emergencia climática. Un modelo que proporcione bienestar y actividad económica con externalidades positivas", ha agregado.
"Por eso pedimos una reasignación de las inversiones públicas previstas para la ampliación del Puerto hacia otros sectores necesitados y urgentes, que tendrán, sin duda, claros efectos positivos sobre la economía, el medio ambiente y la cohesión social: cuestiones como la mejora de la red de cercanías, el transporte metropolitano, la adaptación de ciudades y pueblos a la emergencia climática, la rehabilitación de viviendas, la educación, los recursos dedicados a la investigación, entre otros. Todos estos, sectores que crean trabajo de calidad, establo y arraigado en el territorio", han agregado.
En esta línea, han hecho un llamamiento a los responsables políticos a que "tomen una posición decidida a favor del interés general de la ciudadanía y no de intereses particulares de empresas privadas".
"Teníamos razón y puerto nos la da", han asegurado, y han comunicado que "la renuncia al dragado y a la prolongación del dique de abrigo deja en evidencia el discurso que desde el primer momento mantenía el presidente de la APV, Aurelio Martínez, quien sostenía que todo entraba dentro de la legalidad y que no era necesaria otra DIA". 
"Por el contrario da la razón a los que consideramos que los cambios introducidos sobre el proyecto original no están amparados por el informe ambiental de 2007", han manifestado.
Así, desde la comisión han indicado que "la modificación propuesta tiene un solo objetivo: vencer los obstáculos políticos y legales para continuar adelante con la ampliación haciendo las renuncias que haga falta". 
"Una vez licitada la concesión y las obras empezadas se podrán presentar proyectos parciales que incluyan las modificaciones a las que han renunciado y acaban el proyecto original por la puerta de atrás", han agregado.
"A nuestro parecer es un fraude de ley comparable al fraccionamiento de contratos y un fraude a la ciudadanía", han aseverado.