VALENCIA.- La consellera de Justicia, Interior y
Administración Pública ha considerado que el permiso retribuido
recuperable implica una "discriminación" para personal con contratos
laborales con la administración, que tendrán recuperar las horas tras el
permiso, frente a funcionarios que de servicios no considerados
esenciales que tampoco están trabajando por causas no imputables a
ellos, pero a los que no se les podrá pedir realizar las horas no
trabajadas después.
Así lo ha explicado Bravo en una rueda de prensa que ha ofrecido
este sábado, en la que ha considerado que el Estado "tenía que haber
tenido una mirada mucho más amplia" y "establecer un sistema respecto
del empleado laboral", puesto que se genera "una discriminación y
desigualdad con los empleados públicos".
La consellera ha considerado que la normativa es "básica" y tiene
que impulsarse desde el Estado. Bravo ha explicado que se ha puesto en
contacto con el Ministerio y con el ministro de Justicia, Juan Carlos
Campo, sobre esta situación.
"En un momento de grave crisis económica hay que ser imaginativos y
creativos con el uso de los recursos públicos", ha señalado y ha puesto
como ejemplo la situación de los juzgados que llevan cuestiones
relacionadas con las preferentes.
Según ha explicado, en estos momentos hay funcionarios con labores
de refuerzo de los juzgados que tratan estos temas que no pueden
trabajar, y a los que habrá que pagar este refuerzo que no han podido
realizar más el que tendrán que realizar una vez termine el
confinamiento.
"Somos conscientes de que la administración no está preparada para
actuar telemáticamente en todos sus ámbitos. Hay servicios en los que
por el hecho de que tienen suspendidos todos los plazos y
procedimientos, no se puede seguir avanzando. Hay un número importante
de funcionarios que no pueden trabajar desde casa, ni tienen medios ni
su servicio está activo", ha señalado.
Como ejemplo, Bravo ha puesto la situación de los funcionarios de
justicia, de los que ha destacado que menos de un 10% pueden acudir a su
puesto de trabajo. En esta línea, ha puesto como ejemplo el incendio en
la Ciudad de la Justicia de València, por el que se tuvo que parar la
actividad durante 10 días, lo que hizo que se aplazaran 2.500
procedimientos. "Cuando acabe el confinamiento, igual hay que
multiplicar esto por tres, por cuatro o por cinco", ha manifestado.
"Cuando tengamos que poner en marcha la vuelta vamos a tener que
pagar primero por el trabajo no hecho y segundo por el trabajo que
tendremos que recuperar", ha señalado.
La consellera sí ha indicado que al principio del confinamiento se
podía trabajar, pero ahora, con la paralización de todos los trámites,
ese teletrabajo en la actividad judicial, salvo servicios esenciales,
"se va reduciendo".
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