VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) ha
desvelado en un informe aportado al juzgado del caso Imelsa que el
Olímpic de Xàtiva, que estuvo presidido por el expresidente de la
Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus, investigado en esta causa,
se financió de dos formas: con aportaciones dinerarias por distintas
empresas adjudicatarias de contratos en el Ayuntamiento de la localidad,
de la que Rus era alcalde, y con facturas falsas a la entidad pública
Imelsa, cuyos importes iban destinados al club.
Según ha podido saber Europa Press, así consta en el informe
aportado al Juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga
varias piezas del caso Imelsa, entre ellas, una secreta sobre el Olímpic
en la que está investigado Alfonso Rus y siete personas más.
Respecto a la primera de las operativas analizadas en el informe
policial, las aportaciones dinerarias, el juez acuerda en una resolución
tomar declaración, en calidad de investigados, a funcionarios o
técnicos intervinientes en las operaciones: Rus y otras diez personas
más.
Así mismo, el magistrado cita para interrogar como investigados al
administrador de la empresa Ommega Mmoe y a Emilio Llopis, exjefe de
Gabinete de Rus en la Diputación. Deberán declarar como testigos
personas que intervinieron en la entrega de aportaciones dinerarias al
club relacionadas con Cleop, Franjuan Obras Públicas, Llanera Urbanismo,
Asfaltos Guerola, Acciona Infraestructuras e Inditec.
En relación con la segunda operativa analizada por la UCO,
relativa a la facturación falsa, el juez cita a declarar como
investigados a representantes de Meydis; Gestión Gráfica 2000;
Soluciones Césped Artificial y Multiservicios Catalá y a Miguel Bailach
(diputado provincial y alcalde de Massamagrell en el momento de los
hechos).
El caso Imelsa consta de una decena de piezas investigadas en el
mismo juzgado, el 18 de València, algunas de ellas prácticamente
instruidas. El caso se destapó en 2016, con el llamado 'pitufeo', que
llevó a investigar todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de
València, excepto uno, por un presunto blanqueo de capitales de 50.000
euros y delito electoral.
Así mismo, en otras piezas se investiga el pago de comisiones
ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa,
dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la
construcción de las infraestructuras educativas en la Comunitat; o el
supuesto amaño en la adjudicación en 2013 del contrato del call center
--centro de atención telefónica de la empresa pública-- por dos millones
de euros.
El juzgado también investiga presuntas irregularidades achacadas a
responsables de Ciegsa en adjudicaciones de contratos para construir
colegios; un supuesto blanqueo de capitales que provenía de mordidas
presuntamente de Rus a través de la mercantil Geneva; o contratos que
pudo manipular el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del
dinero', Marcos Benavent.
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