VALENCIA.- La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha solicitado una
reunión urgente con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska,
para "dar un paso adelante para aumentar el número de efectivos en la
Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana", así
como "firmar un nuevo convenio marco entre la Generalitat y el
Ministerio del Interior que está vencido desde 2022 y que el anterior
equipo no hizo nada para renovar".
Núñez ha destacado que, en el último trimestre de 2023, el nuevo equipo de la Conselleria ha puesto en marcha "los primeros compromisos de legislatura para mejorar el funcionamiento de la justicia, solucionar el caos en los servicios de emergencias y aumentar los efectivos de la Policía de la Generalitat".
En este sentido, ha manifestado que las medidas adoptadas "forman parte de los compromisos anunciados el pasado 21 de septiembre durante su primera comparecencia en les Corts para informar sobre los objetivos previstos para la presente legislatura".
En el ámbito de la justicia, la consellera ha explicado que "por primera vez se ha alcanzado un pacto de legislatura unánime con todos los sindicatos para conseguir una mejora progresiva de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia, lo que constituye un hito que influirá positivamente en el bienestar de los trabajadores y en el funcionamiento de la justicia".
Además, Justicia ha habilitado 1,18 millones de euros para prorrogar el refuerzo del personal en los juzgados hasta el 31 de diciembre, que sólo estaban prorrogados hasta finales de septiembre, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
También ha adquirido por 1,4 millones de euros los locales donde se ubicarán los Juzgados de Marca de la Unión Europea en Alicante, que permitirán reunir en un mismo inmueble los tres juzgados de lo Mercantil de Alicante, que actualmente se encuentran repartidos en dos edificios diferentes.
Y con el objetivo de dar un impulso grande a la digitalización y eliminación de papel, la Conselleria de Justicia ha iniciado la digitalización de 13.000 libros de Registros Civiles de las secciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y tutelas y representaciones legales, con una inversión de 4,9 millones de euros.
En materia de emergencias, la consellera ha resaltado "la puesta en marcha de un nuevo modelo de prevención, extinción y salvamento". Para ello, "se ha derogado por la vía de urgencia del decreto que regulaba la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), aprobado por el anterior equipo de gobierno".
Con respecto a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), Elisa Núñez ha resaltado que "se han comenzado a ordenar y a realizar una gestión responsable y eficiente de esta empresa pública", y ha añadido que "el nuevo futuro de la SGISE se sitúa alineado con el cumplimiento de la legalidad y de la protección del servicio y de sus trabajadores".
El acuerdo firmado entre la Conselleria y los sindicatos contiene las siguientes medidas a desarrollar durante los próximos tres años en el que se mantendrá la modalidad de "teletrabajo", y se sentarán las bases para que "no vaya en perjuicio de la debida atención presencial a ciudadanos y profesionales que acuden a las oficinas judiciales y fiscales".
Además, "mientras el Ministerio no siente las bases por medio de Real Decreto del establecimiento de la carrera profesional en la Administración de Justicia, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la Conselleria prorrogará el actual programa que reconoce la trayectoria y actuación profesional de los funcionarios de esta Administración", ha apuntado Núñez.
También se cumplirá con el resto de los conceptos retributivos ya negociados y pendientes de aplicación, como una dotación con la finalidad de luchar contra la "brecha salarial" y racionalizar los desfases en las clasificaciones y tablas retributivas sobre los complementos específicos del personal.
La consellera de Justicia e Interior anunció en la primera Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Comunitat Valenciana del pasado 23 de noviembre, la puesta en marcha de un nuevo modelo de prevención, extinción y salvamento.
En el marco de este nuevo modelo, se modificarán los criterios para obtener la acreditación de bombero de empresa, un programa de formación para la habilitación como buceador de rescate, con fines de servicio público, de personal bombero profesional de los SPEIS de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 395 efectivos, mientras que en 2013 tenía 476.
Núñez considera que "es una urgente necesidad" que las unidades policiales de las comunidades autónomas, que complementan el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, "a quienes descargan de tareas que han ido asumiendo, cuenten con una dotación suficiente de efectivos".
En este sentido, la falta de policías "puede tener un impacto negativo en servicios que las unidades prestan a la ciudadanía, tan importantes como la protección de víctimas de violencia sobre la mujer, de menores, la competencia en el control de juego, protección del medio ambiente y la lucha contra los incendios forestales que tan negativamente están afectando a nuestros recursos naturales y al medio ambiente", ha subrayado.
"Además, la falta de presencia policial puede conllevar un aumento de la delincuencia y de la inseguridad en la población", ha concluido la consellera.
Núñez ha destacado que, en el último trimestre de 2023, el nuevo equipo de la Conselleria ha puesto en marcha "los primeros compromisos de legislatura para mejorar el funcionamiento de la justicia, solucionar el caos en los servicios de emergencias y aumentar los efectivos de la Policía de la Generalitat".
En este sentido, ha manifestado que las medidas adoptadas "forman parte de los compromisos anunciados el pasado 21 de septiembre durante su primera comparecencia en les Corts para informar sobre los objetivos previstos para la presente legislatura".
En el ámbito de la justicia, la consellera ha explicado que "por primera vez se ha alcanzado un pacto de legislatura unánime con todos los sindicatos para conseguir una mejora progresiva de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia, lo que constituye un hito que influirá positivamente en el bienestar de los trabajadores y en el funcionamiento de la justicia".
Además, Justicia ha habilitado 1,18 millones de euros para prorrogar el refuerzo del personal en los juzgados hasta el 31 de diciembre, que sólo estaban prorrogados hasta finales de septiembre, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
También ha adquirido por 1,4 millones de euros los locales donde se ubicarán los Juzgados de Marca de la Unión Europea en Alicante, que permitirán reunir en un mismo inmueble los tres juzgados de lo Mercantil de Alicante, que actualmente se encuentran repartidos en dos edificios diferentes.
Y con el objetivo de dar un impulso grande a la digitalización y eliminación de papel, la Conselleria de Justicia ha iniciado la digitalización de 13.000 libros de Registros Civiles de las secciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y tutelas y representaciones legales, con una inversión de 4,9 millones de euros.
En materia de emergencias, la consellera ha resaltado "la puesta en marcha de un nuevo modelo de prevención, extinción y salvamento". Para ello, "se ha derogado por la vía de urgencia del decreto que regulaba la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), aprobado por el anterior equipo de gobierno".
Con respecto a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), Elisa Núñez ha resaltado que "se han comenzado a ordenar y a realizar una gestión responsable y eficiente de esta empresa pública", y ha añadido que "el nuevo futuro de la SGISE se sitúa alineado con el cumplimiento de la legalidad y de la protección del servicio y de sus trabajadores".
El acuerdo firmado entre la Conselleria y los sindicatos contiene las siguientes medidas a desarrollar durante los próximos tres años en el que se mantendrá la modalidad de "teletrabajo", y se sentarán las bases para que "no vaya en perjuicio de la debida atención presencial a ciudadanos y profesionales que acuden a las oficinas judiciales y fiscales".
Además, "mientras el Ministerio no siente las bases por medio de Real Decreto del establecimiento de la carrera profesional en la Administración de Justicia, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la Conselleria prorrogará el actual programa que reconoce la trayectoria y actuación profesional de los funcionarios de esta Administración", ha apuntado Núñez.
También se cumplirá con el resto de los conceptos retributivos ya negociados y pendientes de aplicación, como una dotación con la finalidad de luchar contra la "brecha salarial" y racionalizar los desfases en las clasificaciones y tablas retributivas sobre los complementos específicos del personal.
La consellera de Justicia e Interior anunció en la primera Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Comunitat Valenciana del pasado 23 de noviembre, la puesta en marcha de un nuevo modelo de prevención, extinción y salvamento.
En el marco de este nuevo modelo, se modificarán los criterios para obtener la acreditación de bombero de empresa, un programa de formación para la habilitación como buceador de rescate, con fines de servicio público, de personal bombero profesional de los SPEIS de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 395 efectivos, mientras que en 2013 tenía 476.
Núñez considera que "es una urgente necesidad" que las unidades policiales de las comunidades autónomas, que complementan el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, "a quienes descargan de tareas que han ido asumiendo, cuenten con una dotación suficiente de efectivos".
En este sentido, la falta de policías "puede tener un impacto negativo en servicios que las unidades prestan a la ciudadanía, tan importantes como la protección de víctimas de violencia sobre la mujer, de menores, la competencia en el control de juego, protección del medio ambiente y la lucha contra los incendios forestales que tan negativamente están afectando a nuestros recursos naturales y al medio ambiente", ha subrayado.
"Además, la falta de presencia policial puede conllevar un aumento de la delincuencia y de la inseguridad en la población", ha concluido la consellera.
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