VALENCIA.- Acció Ecologista - Agró ha criticado que, según datos aportados por la
Generalitat, "unas pocas comarcas aglutinan la mayor parte de los
parques fotovoltaicos" de la Comunitat Valenciana, "mientras que otras
comarcas no reciben ninguna instalación".
La organización ha advertido que hay dos comarcas especialmente afectadas, tanto en plantas aprobadas como en proceso de tramitación. Por un lado, el Alto Vinalopó, que tiene plantas por una potencia total de 1.471 MW que podrían terminar instalándose en su territorio. De otro, el Valle de Ayora, que asciende a 915 MW, ha precisado en un comunicado.
Por el contrario, algunas comarcas no reciben este tipo de instalaciones. La ciudad de Valencia es "la más poblada y la que menos aporta", como tampoco la Ribera Baixa, la Marina Baixa y La Safor.
"Detrás de esta situación está que la elección de los lugares se realiza por criterios meramente económicos de precios de suelo bajo, y mayor número de hectáreas disponibles. Esta situación es contraproducente, injusta y además ilegal", ha aseverado la organización ecologista.
Asimismo, Acció Ecologista - Agró ha puesto el foco en que las plantas fotovoltaicas "generan muy poco empleo, aproximadamente un empleo cada 100 hectáreas, y esto es menos que lo que genera la agricultura".
Además, ha avisado de que la concentración de plantas "tiene efectos negativos en el medio ambiente, al afectar al paisaje (y al turismo), además de a la fauna y a los acuíferos". "Por ello, si albergar instalaciones fotovoltaicas es una carga, se debe repartir", ha defendido.
La organización ha expuesto que, en agosto, se habían aprobado 85 plantas fotovoltaicas con una potencia total de 2.190 MW en la Comunitat, 20 plantas las había aprobado la Administración del Estado y 65 la Generalitat, sin embargo, los parques aprobados por la Administración del Estado, alcanzaban 1760 MW de potencia, frente a las 459 de las aprobadas por la Generalitat.
En el caso de los parques ya aprobados, se han concentrado especialmente en Alicante (1.179 MW), seguido por Valencia (936,70 MW) y en último lugar Castellón, con 184 MW.
"Ya en este grupo de parques autorizados, se comprueba que ciertas comarcas son las damnificadas", ha indicado Acció Ecologista, que se ha referido al Vinalopó, con 1000 MW, especialmente el Alto Vinalopó y Villena. En la provincia de Valencia, ha destacado la situación de la Comarca del Valle de Ayora - Cofrentes con 583 MW.
Además, Acció Ecologista Agró ha explicado que en agosto se estaban tramitando 321 parques solares en la Comunitat Valenciana, con una potencia total de 7.610 MW: la administración del Estado tramitaba 29 parques con una potencia de 3.407 MW y la Generalitat ¡ tramitaba 292 parques, con un total de 4.203,19 MW.
"Estos datos ponen de manifiesto que la Administración del Estado tramita muchos más megavatios, con un número muy inferior de parques. Esta es una de las causas de la mayor lentitud de la Generalitat al tramitar expedientes", ha señalado.
Por provincias, en este caso, en Valencia se tramitan 125 instalaciones solares que tienen una potencia total de 2867 MW; en Alicante se estaban pendientes 135 instalaciones con una potencia de 2589 MW y en Castellón 61 plantas con una potencia de 2153 MW.
"En Castellón se constata la influencia de las plantas de tramitación estatal, que cuentan con una mayor potencia. Por comarcas, se mantiene la tendencia que hemos visto en relación a las plantas ya aprobadas. Tienden a concentrarse en unas pocas comarcas", ha explicado.
En concreto, 13 de las 33 comarcas de la Comunitat concentran 5.956 MW de las 7.610 MW que están en tramitación. Es decir, el 78 % del total de potencia. "En Alicante este fenómeno es muy visible en las tres comarcas del Vinalopó, que suman 1.446,29 MW, y la Vega Baja, 624,87 MW". En el Alto Vinalopó, y en la Vega Baja, se tramitan plantas por un total de más de 600 MW, cada una, según la organización ecologista.
Por su parte, en Valencia son siete comarcas las que concentran el 90 por ciento de las plantas y potencia en tramitación, ha añadido: la Vall d'Albaida, los Serranos, la Plana de Utiel Requena, el Valle de Ayora - Cofrentes, Camp de Turia y Hoya de Buñol. En Castellón son l'Alcalatén, la Plana Baja, la Plana Alta y parte del Maestrazgo las que recogen la mayor parte de las plantas y potencia generada.
Acció Ecologista - Agró ha incidido en que la ley de cambio climático, en su artículo 25, "obliga a que el despliegue de las energías perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico". Además, ha defendido que "debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial".
"Ni la Generalitat Valenciana, ni el Estado han previsto un mecanismo para compatibilizar energías fotovoltaicas y combatir el declive demográfico", ha reprochado.
Acció Ecologista - Agró ha llevado a los tribunales a la Generalitat por "la falta de previsión" de este mecanismo en la declaración de prioridad energética del Valle de Ayora. "Hemos podido constatar cómo la Generalitat Valenciana defiende que no debe hacer previsiones para evitar el declive demográfico de estos municipios", ha concluido.
La organización ha advertido que hay dos comarcas especialmente afectadas, tanto en plantas aprobadas como en proceso de tramitación. Por un lado, el Alto Vinalopó, que tiene plantas por una potencia total de 1.471 MW que podrían terminar instalándose en su territorio. De otro, el Valle de Ayora, que asciende a 915 MW, ha precisado en un comunicado.
Por el contrario, algunas comarcas no reciben este tipo de instalaciones. La ciudad de Valencia es "la más poblada y la que menos aporta", como tampoco la Ribera Baixa, la Marina Baixa y La Safor.
"Detrás de esta situación está que la elección de los lugares se realiza por criterios meramente económicos de precios de suelo bajo, y mayor número de hectáreas disponibles. Esta situación es contraproducente, injusta y además ilegal", ha aseverado la organización ecologista.
Asimismo, Acció Ecologista - Agró ha puesto el foco en que las plantas fotovoltaicas "generan muy poco empleo, aproximadamente un empleo cada 100 hectáreas, y esto es menos que lo que genera la agricultura".
Además, ha avisado de que la concentración de plantas "tiene efectos negativos en el medio ambiente, al afectar al paisaje (y al turismo), además de a la fauna y a los acuíferos". "Por ello, si albergar instalaciones fotovoltaicas es una carga, se debe repartir", ha defendido.
La organización ha expuesto que, en agosto, se habían aprobado 85 plantas fotovoltaicas con una potencia total de 2.190 MW en la Comunitat, 20 plantas las había aprobado la Administración del Estado y 65 la Generalitat, sin embargo, los parques aprobados por la Administración del Estado, alcanzaban 1760 MW de potencia, frente a las 459 de las aprobadas por la Generalitat.
En el caso de los parques ya aprobados, se han concentrado especialmente en Alicante (1.179 MW), seguido por Valencia (936,70 MW) y en último lugar Castellón, con 184 MW.
"Ya en este grupo de parques autorizados, se comprueba que ciertas comarcas son las damnificadas", ha indicado Acció Ecologista, que se ha referido al Vinalopó, con 1000 MW, especialmente el Alto Vinalopó y Villena. En la provincia de Valencia, ha destacado la situación de la Comarca del Valle de Ayora - Cofrentes con 583 MW.
Además, Acció Ecologista Agró ha explicado que en agosto se estaban tramitando 321 parques solares en la Comunitat Valenciana, con una potencia total de 7.610 MW: la administración del Estado tramitaba 29 parques con una potencia de 3.407 MW y la Generalitat ¡ tramitaba 292 parques, con un total de 4.203,19 MW.
"Estos datos ponen de manifiesto que la Administración del Estado tramita muchos más megavatios, con un número muy inferior de parques. Esta es una de las causas de la mayor lentitud de la Generalitat al tramitar expedientes", ha señalado.
Por provincias, en este caso, en Valencia se tramitan 125 instalaciones solares que tienen una potencia total de 2867 MW; en Alicante se estaban pendientes 135 instalaciones con una potencia de 2589 MW y en Castellón 61 plantas con una potencia de 2153 MW.
"En Castellón se constata la influencia de las plantas de tramitación estatal, que cuentan con una mayor potencia. Por comarcas, se mantiene la tendencia que hemos visto en relación a las plantas ya aprobadas. Tienden a concentrarse en unas pocas comarcas", ha explicado.
En concreto, 13 de las 33 comarcas de la Comunitat concentran 5.956 MW de las 7.610 MW que están en tramitación. Es decir, el 78 % del total de potencia. "En Alicante este fenómeno es muy visible en las tres comarcas del Vinalopó, que suman 1.446,29 MW, y la Vega Baja, 624,87 MW". En el Alto Vinalopó, y en la Vega Baja, se tramitan plantas por un total de más de 600 MW, cada una, según la organización ecologista.
Por su parte, en Valencia son siete comarcas las que concentran el 90 por ciento de las plantas y potencia en tramitación, ha añadido: la Vall d'Albaida, los Serranos, la Plana de Utiel Requena, el Valle de Ayora - Cofrentes, Camp de Turia y Hoya de Buñol. En Castellón son l'Alcalatén, la Plana Baja, la Plana Alta y parte del Maestrazgo las que recogen la mayor parte de las plantas y potencia generada.
Acció Ecologista - Agró ha incidido en que la ley de cambio climático, en su artículo 25, "obliga a que el despliegue de las energías perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico". Además, ha defendido que "debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial".
"Ni la Generalitat Valenciana, ni el Estado han previsto un mecanismo para compatibilizar energías fotovoltaicas y combatir el declive demográfico", ha reprochado.
Acció Ecologista - Agró ha llevado a los tribunales a la Generalitat por "la falta de previsión" de este mecanismo en la declaración de prioridad energética del Valle de Ayora. "Hemos podido constatar cómo la Generalitat Valenciana defiende que no debe hacer previsiones para evitar el declive demográfico de estos municipios", ha concluido.
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