Así lo explicó el responsable del sector textil de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT, Alfredo Sanmartín, quien lamentó que los responsables de la empresa "generan preocupación en vez de despejar dudas" a los trabajadores, ya que en la reunión de ayer entre sindicatos y compañía "los dirigentes que han acudido "no sabían contestar a la mayoría de cuestiones que les planteábamos".
Sanmartín se refirió de este modo al encuentro celebrado entre los miembros del Comité de Empresa de Sáez Merino y los responsables de la compañía en la que debían abordar diferentes cuestiones, como las condiciones en las que quedarán la plantilla de la empresa, que actualmente cuenta con 350 empleados distribuidos en sus dos centros de Benaguacil (Valencia) y Daimiel (Ciudad Real).
No obstante, el representante sindical lamentó que al encuentro no acudió el consejero delegado de la empresa, Vicente Sáez Merino, sino una serie de cargos intermedios que "no han sabido contestar a la mayoría de cuestiones" que presentaban los sindicatos. Sanmartín insistió en que "ellos mismos se consideraban afectados" por esta liquidación.
Por ello, el responsable del sector textil calificó el encuentro como "decepcionante y muy descafeinado" y exigió a los asistentes que se celebre un nuevo encuentro al que acudan tanto el consejero delegado de Sáez Merino, como el abogado que llevará el caso, que probablemente será Manolo Calvet, que ya se encargó del proceso concursal presentado por la compañía en 2006.
En este sentido, reclamó al máximo responsable de Sáez Merino que "dé la cara y las explicaciones de por qué se ha llegado a esta situación".
Por su parte, el portavoz de la Federación de Textil, Piel y Químicos (Fiteqa) de CCOO-PV, Miguel Ángel Castelló, insistió en que al encuentro "no han acudido los responsables reales, porque el responsable de esta situación es Vicente Sáez Merino".
De este modo, reclamó la presencia del consejero delegado en futuros encuentros, y lamentó que los representantes que acudieron "están atados de pies y manos porque no tienen poder de decisión y porque el banco ha dado orden de no hacer ningún movimiento en las cuentas de la compañía".
Añadió que, aunque los responsables, entre los que se encontraban el jefe de Administración, el de Contabilidad, y del Personal, entre otros acudieron "con toda la buena voluntad del mundo, pero no podían tomar ninguna decisión".
Así, aseguró que los sindicatos instaron el viernes al juez a que "acelere" este proceso, y a que nombre a los administradores concursales para "afrontar la liquidación con la mayor celeridad posible".
Asimismo, las organizaciones sindicales pidieron a los mandos intermedios que acudieron "que hicieran llegar a los administradores concursales la necesidad de una reunión lo antes posibles", aunque no se ha acordado ninguna fecha concreta.
Sanmartín subrayó que los sindicatos han manifestado a los responsables presentes en el encuentro su intención de conocer en qué situación quedarán, tanto los 350 empleados de la plantilla, como el personal que se encuentra en excedencia, además de los 126 trabajadores que se vieron afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado el pasado mes de abril y que aún están pendientes de cobrar parte de las indemnizaciones.
En concreto, Castelló precisó que la empresa sólo se ha hecho cargo de "una parte muy pequeña de estas cantidades", puesto que de un total de 18 mensualidades, "sólo se han cumplido tres".
El representante de UGT destacó que "lo que más preocupa en este momento" es la situación de los trabajadores afectados, y recordó que en la negociación del ERE de abril se incluyó una cláusula, según la cual, si se presentaba un nuevo expediente como el de ahora, los trabajadores afectados se acogerían "a las mismas condiciones" que los que se vieron perjudicados por el anterior proceso del mes de abril.
Además, entre las cuestiones planteadas por los sindicatos y que los responsables no han sabido contestar destacó conocer si la liquidación era con o sin continuidad de la actividad; precisar los detalles del convenio de complementos con una empresa de Madeira (Portugal), por el que Sáez Merino comercializa sus marcas; además de saber el activo, y el patrimonio de la empresa, lo que debe o el stock con el que cuenta, entre otros detalles económicos.
Del mismo modo, Sanmartín exigió a la compañía que ofrezca a los trabajadores "explicaciones serias" de por qué la compañía "después de presentar un ERE que afectó a 126 trabajadores y prometer viabilidad, en tres meses ha llegado a esta situación". También reclamó saber "si cabe la posibilidad de salvación de la compañía, aunque sea con menos trabajadores".
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