Alonso se expresó en estos términos en un comunicado en relación con la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas comunes, a raíz de una petición de la Fiscalía, hasta que no se decida si el juez Garzón es o no competente para investigar estos hechos.
El coordinador de la asociación se mostró preocupado por el hecho de que la Justicia "pierda celeridad en solucionar la situación que plantean varias familias y asociaciones acudiendo a ella en busca de amparo para hacer efectivo un derecho negado durante décadas".
En esta línea, lamentó que "algunos esgrimen una ley decimonónica como es la de Enjuiciamiento Criminal para quitar la competencia al juez Garzón, olvidando que esa ley también obliga al juez de una demarcación donde se conozca la existencia de un enterramiento ilegal a desenterrar los restos, analizarlos, entregarlos a sus familias y a buscar al culpable".
"Ahora, como el perro del hortelano, invocan una ley que nunca aplicaron para dar cristiana sepultura a compatriotas enterrados como alimañas durante décadas en las cunetas y barrancos de España", añadió Alonso.
"Nos avergüenza que figure la ley de Amnistía como uno de los argumentos, la misma ley que la comunidad internacional acaba de rechazar equiparando nuestro país a otras dictaduras bananeras con leyes parecidas, y nos avergüenza la posibilidad de que algún juez de otro país tenga que asumir la iniciativa de Garzón que, en definitiva, no es sino procurar una solución rápida a viejos problemas originados por un régimen que cometió crímenes contra la Humanidad" remarcó.
El coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia remarcó que "por encima de competencias y piruetas judiciales está el derecho de la persona a su condición de tal, negada al estar enterrada sin nombre, y el de sus familias a tener un sitio donde honrar su recuerdo".
Por este motivo, hizo un llamamiento a la cordura y aseguró que su grupo no pide exhumaciones "a mansalva".
"Nosotros no somos los dueños de las fosas que vamos denunciando ni de la memoria contenida en ellas; los dueños son los muertos y sus familiares, que tienen todo el derecho a exigir al Estado que devuelva la dignidad a aquellos que mató y enterró ilegalmente", apostilló.
En opinión de Alonso, "son muy dueños de exigir al responsable de aquellas atrocidades la devolución de sus restos y la restitución de la dignidad a los lugares donde, como en las fosas de Valencia, se les enterró en muchos casos clandestinamente, sin conocimiento de quienes nunca pudieron honrar su recuerdo".
Así, subrayó que el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia apoyan que, "de una u otra manera, por encima de personalismos y de piruetas jurídico-mediáticas, se garantice con la máxima urgencia el derecho de los familiares a recuperar a sus desaparecidos y a cerrar la herida que servidores del Estado abrieron hace ya demasiados años".
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