Todo ello, mientras los parlamentarios del PSPV y de Compromís
coreaban desde sus escaños el grito de 'Consellera, dimisión', un lema
que han repetido en varios momentos del pleno de este jueves.
De hecho,
el vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló, que ha
presidido la sesión en ausencia de Llanos Massó, ha llamado al orden a
varios diputados de ambas formaciones: «Ya han hecho la 'performance' y
las fotos, siéntense, 15 segunditos ya está bien».
En el turno de la pregunta del síndic de Compromís, Joan Baldoví, en
una de las réplicas el diputado de esta formación Gerard Fullana ha
señalado que la Audiencia de Valencia «acaba de reabrir el caso contra
una escuela concertada por abuso sexual muy grave a 11 niños de entre 7 y
11 años» y ha preguntado al 'president' de la Generalitat, Juanfran
Pérez Llorca:
«¿Sabe cuál es la escuela? Una de las del Opus --Dei-- que
solo acepta niños y que su gobierno acaba de regar ilegalmente con 16
millones de euros. ¿Sabe quién era la inspectora de ese centro
educativo? Su consellera. ¿Sabe quién ha renovado el concierto en contra
de la ley? Su consellera».
Y ha acusado al jefe del Consell de «hacer política» cuando, entre
otras cosas, «ordena una plaza VIP para su pareja, cuando recorta 123
millones de euros para construir escuelas, cuando privatiza la FP,
cuando maltrata a los educadores o cuando ordena una campaña para
fomentar el odio al profesorado».
Con todo, ha cuestionado a Llorca «qué
ha de hacer más esta consellera para que la tire a la calle». En ese
momento, los diputados del PSPV y de Compromís han comenzado a gritar
'Consellera, dimisión', en alusión a Ortí.
En su respuesta, la titular de Educación ha señalado que los delitos a
los que ha referido Fullana son «tremendamente espeluznantes» y ha
garantizado que, ante «actuaciones de este calibre», el Consell «no más
que tiene palabras que condena».
«Es una causa que está abierta y, como
no puede ser de otra manera, este Consell tiene confianza absoluta en la
justicia. Por tanto, respetará y secundará todas las decisiones que
dictamine», ha prometido.
«Es cierto que hemos tenido casos de corrupción en diferentes ámbitos
del Estado, pero el Poder Judicial tiene toda la confianza que merece
por nuestra parte, independientemente de si el investigado es el hermano
o la esposa del presidente, lo que corresponde es juzgar a los
encausados por las conductas que se investigan y no poner en duda a los
que tienen la función de hacerlo bien», ha zanjado la consellera.
Al finalizar su intervención, un grupo de profesoras que presenciaba
la sesión desde la tribuna de público ha comenzado a lanzar gritos con
consignas como 'Por una educación pública y de calidad', que han seguido
los diputados del PSPV y de Compromís en pie desde sus escaños con
otros de 'Consellera, dimisión'.
Algunas de estas profesoras han llegado a mostrar chalecos en los que
habían escrito mensajes como 'Docente trabajando en precario' y a
lanzar billetes con las caras del 'president' de la Generalitat,
Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de Educación, Carmen Ortí.
En
ese momento, el vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló,
ha ordenado a los servicios de la cámara su desalojo y ha pedido
silencio en el hemiciclo.
En otro momento de la sesión de control, tras la pregunta del síndic
del PSPV, José Muñoz, al jefe del Consell, en una de las réplicas, la
consellera Carmen Ortí ha acusado al diputado socialista José Luis
Lorenz de «incitar al odio» al compartir en su perfil de Instagram una
publicación --que ha exhibido ante el pleno-- que mostraba una
guillotina a las puertas de la Conselleria de Educación.
«Le hago una pregunta: ¿Si me encuentro con usted por la calle, puedo
ir tranquila?», le ha cuestionado Ortí a Lorenz. La consellera ha
defendido que un docente «no puede estar publicando eso» en sus perfiles
de las redes sociales porque, a su juicio, incita «claramente a la
violencia» contra su persona.
Previamente, el síndic socialista, José Muñoz, había reprochado a
Llorca que afirme que «no hay ni un duro» para la educación pública
mientras «le da 72 millones de euros al Opus Dei» y mientras, en plena
negociación con los sindicatos, «hacía una modificación de crédito para
darle seis millones de euros a la concertada».
Ante esta afirmación, fuentes de la Conselleria de Educación han
precisado para «aclarar las cifras», que, los 6,2
millones de euros a los que ha hecho referencia Muñoz en la dotación de
350 equipos de robótica a centros sostenidos con fondos públicos a
centros concertados «dependen de un programa (Escuela 4.0) que pertenece
al Ministerio de Educación».
Además, han apuntado que también hubo «una resolución anterior para
la pública por el mismo concepto por valor de casi 15 millones de
euros».
«Otras comunidades autónomas como Cataluña han gestionado igual
los fondos», han esgrimido estas mismas fuentes.