Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás, que trabajaba en la tienda que la firma de moda Milano tiene en la calle de Serrano de Madrid, declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón.
Su teléfono estaba intervenido por orden judicial, lo que permitió a los investigadores conocer las llamadas que hacía y que recibía. Durante la declaración, el sastre tenía su teléfono apagado, pero quedaron registradas las insistentes llamadas de Camps, hasta ocho, según detalló ayer El Confidencial.com citando fuentes de la investigación. Un portavoz del Gobierno valenciano rechazó aclarar a EL País el motivo de las llamadas: "No vamos a comentar nada sobre ese asunto".
Camps negó desde el primer momento que hubiera recibido regalos en forma de trajes de la red corrupta que dirigía Álvaro Pérez en Valencia a través de la empresa Orange Market. Y llegó a amenazar con querellas a quien sugiriese que había tenido tratos con la trama.
El presidente valenciano visitó a su sastre en Madrid en varias ocasiones, incluso cuando éste cambió de empresa y fichó por la franquicia Forever Young. El Gobierno valenciano ha reconocido ya que el presidente Camps encargó cuatro trajes en la tienda Milano de Madrid en las fechas previas a la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Nunca llegó a pagarlos porque los devolvió debido a que no le gustaron los arreglos que le habían hecho, según la versión del Ejecutivo valenciano.
Una de las colaboradoras de Francisco Correa, Isabel Jordán, señaló en una conversación grabada y aportada al sumario que los miembros de la trama habían pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps.
Orange Market, la empresa de Correa en la Comunidad Valenciana, ha recibido más de seis millones de euros en contratos de distintas consejerías del Gobierno de Camps, algunos de ellos sin publicidad y por procedimiento negociado. Además, ha montado la inmensa mayoría de los actos electorales del PP valenciano.
Los responsables de la trama se ufanaban en conversaciones privadas, cuyas grabaciones por parte de un ex concejal del PP están incluidas en el sumario, que en la Comunidad Valenciana lograban contratos con suma facilidad por sus relaciones con los dirigentes del Gobierno autónomo.
La fiscalía, en contestación a un escrito del juez Baltasar Garzón, solicitó la semana pasada la inhibición total del magistrado en este caso al encontrar indicios de delitos en cargos políticos del Partido Popular que, por su calidad de parlamentarios, son aforados y tienen que ser juzgados en los tribunales superiores de Justicia de sus comunidades autónomas.
Entre los cargos a los que la fiscalía implicó en las prácticas ilegales de la red corrupta de Francisco Correa estaba Francisco Camps, que calificó de falsas todas las imputaciones.
La red corrupta logró 6 millones en contratos de Camps
Un negocio multimillonario basado en las magníficas relaciones del jefe empresarial con el partido que gobernaba en las instituciones que le adjudicaban contratos públicos. Así operó en los diez últimos años la red de sociedades que tejió Francisco Correa, el hombre que montó los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
El Gobierno de Francisco Camps adjudicó en los últimos cuatro años hasta seis millones de euros a las empresas de Correa. En algún caso, los concursos estaban amañados porque se hicieron sin publicidad y con el procedimiento negociado. La Administración valenciana invitaba a tres empresas y adjudicaba el contrato a una de ellas.
Pero ocurrió que las tres empresas eran de la misma persona, por lo que no había competencia posible como establece la ley. Eso ocurrió al menos en una ocasión con un contrato por casi 140.000 euros para la realización del guión y la maqueta de un documental sobre la utilización de los contenedores amarillos de basura. Las tres empresas que fueron invitadas para el contrato pertenecían a la red tejida por Francisco Correa.
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