La ausencia de un gobierno democrático mundial obliga a utilizar ese remedo que hemos dado en llamar gobernanza. Mediante estructuras informales, como la del G-20, cuya próxima reunión tendrá lugar en Londres este lunes, se juntan representantes de unos pocos gobiernos nacionales autoelegidos por su poder, en forma de potencia económica aparente, sin excluir a algunos de países claramente no democráticos ni a otros con sistemas manifiestamente mejorables.
Si la estructura y los mecanismos de toma de decisiones en organismos internacionales consolidados por el tiempo, como la ONU o el FMI, son ya claramente distantes de los principios democráticos occidentales (separación de poderes y una persona, un voto), los nuevos esquemas de coordinación informal pero efectiva de las cosas reproducen un sistema de toma de decisiones elitista, feudal y censitario.
Este tipo de gobernanza, aun siendo mejor que el caos de los mercados incontrolados y siendo preferible estar dentro que fuera, es inferior a un gobierno democrático, tanto desde el punto de vista moral como, también, de la eficacia. La crisis del automóvil, por ejemplo, tiene causas y efectos mundiales, pero estamos intentando buscar soluciones parciales desde cada uno de los países por separado, pues los mercados son globales pero los estados no.
El resultado de este método de coordinación en forma de un club que tiene reservado el derecho de admisión podrá ser positivo desde el punto de vista de la gestión técnica de las cosas, pero deficiente, necesariamente, desde la gestión política, de política democrática, de la misma.
Por tanto, si teníamos el problema de una globalización económica no sometida a reglas y controles, se suma ahora un profundo déficit democrático en el gobierno de esta crisis mundial y, si me apuran, grandes deficiencias, también, en su gobernanza que, como hemos visto, es algo distinto.
En democracia, la forma es parte consustancial del fondo. Cómo hacer las cosas define al sistema democrático mucho más que las cosas que se hacen. El procedimiento mediante el cual se aprueban las políticas es tan importante como el contenido material de éstas. Porque la clave del asunto radica, precisamente, en asumir y dejar constancia permanente de dos cosas fundamentales: nadie tiene por sí solo toda la verdad y los seres humanos somos capaces de discutir y alcanzar acuerdos razonados.
En política democrática no hablamos de cuestiones técnicas que deban decidir los expertos a espaldas de los ciudadanos, sino de decisiones que impactan en las condiciones de vida y en las creencias de muchos. Por eso hay que informar, debatir, consultar con la gente, hacer pedagogía, intentar convencerla con argumentos a favor de un determinado curso de acción. De otro modo, se debilita el valor supremo de la democracia como el mejor procedimiento para resolver conflictos con gran repercusión social.
No aminora este problema el hecho de que la mayoría de miembros asistentes al club de los poderosos sean democracias que tendrán que pasar por sus parlamentos una parte importante de las decisiones acordadas allí. Y no lo hace porque en las últimas décadas da la impresión de que no sólo no hemos sido capaces de democratizar la gobernanza mundial, sino que estamos trasladando parte de los defectos de ésta a la manera nacional de gobernar -incluso en países democráticos- mediante dos fenómenos que debilitan la esencia misma de la democracia.
En primer lugar, la sustitución de la critica a las políticas por la descalificación de los políticos.En segundo lugar, la personalización excesiva en líderes, más o menos carismáticos y televisivos, en quienes depositamos toda la confianza y el poder, eludiendo nuestras responsabilidades ciudadanas con la res publica, incluso en la faceta de control adecuado.Estos dos hechos, aplicados al ámbito de la gestión nacional de la crisis económica, se traducen en que apenas hay debate en torno a propuestas alternativas, a la vez que se desanima la participación pública en la búsqueda de soluciones. Así, las medidas adoptadas por los gobiernos, sea en el ámbito nacional o mediante la coordinación intergubernamental, son iniciativas unilaterales que surgen de ellos mismos y que no han sido discutidas previamente con publicidad y participación de colectivos, con lo que se desincentiva la corresponsabilidad pública.
Una crisis económica de esta magnitud no es una cuestión que deba resolverse de espaldas a la gente. Las medidas a adoptar son política de alto nivel, porque buscan repartir socialmente los esfuerzos, sacrificios y recompensas, abriendo opciones de futuro entre las que la sociedad debe elegir. Pero, en lugar de movilizar la energía colectiva llamando al debate público, a la participación social, al pacto político, dejamos el protagonismo exclusivo en manos de los gobiernos que, a menudo, como en Francia, menosprecian el significado de las protestas sociales que van creciendo conforme se agudiza la crisis.
No he sido capaz de encontrar las razones por las que el paquete de ayuda aprobado por la administración de Obama no ha contado más que con tres votos republicanos cuando se parece más a las soluciones ofrecidas por Bush que a las primeras propuestas demócratas.Sólo hay una: que las peleas entre partidos les ha parecido a éstos más importantes que el futuro de su país, siguiendo un esquema maniqueo según el cual uno tiene todas las virtudes y su adversario, todos los defectos.
El resultado es que, ni a escala internacional ni nacional, las medidas de lucha contra la crisis y a favor de un nuevo orden económico están sirviendo para reforzar y profundizar en una democracia participativa, sino más bien, todo lo contrario. Con ello, nos debilitamos todos. Es un error, espero que de método y no de concepción.
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