De este modo, está previsto autorizar hasta un máximo de 150 metros cuadrados por instalación lúdica "para no perjudicar a aquellos empresarios que han hecho una fuerte inversión económica y que cuentan con una concesión de explotación todavía en vigor", explicaron.
Lidia Pérez señaló que "se trata de una solución transitoria", pues, según dijo, "estamos en el más absoluto cumplimiento de la ley, pero con racionalidad, porque no queremos tampoco que los ayuntamientos se vean perjudicados si tienen adquirido algún compromiso económico con los empresarios concesionarios".
A este respecto, Pérez aclaró que la Ley de Costas autoriza la instalación en la arena de dos tipos de instalaciones: fijas y desmontables. Las desmontables pueden tener un máximo 20 metros cuadrados y las fijas hasta 150 metros cuadrados.
También explicó que se ha venido haciendo una interpretación "amable" de la ley "para no perjudicar a aquellos empresarios que había realizado una fuerte inversión económica, de manera que se habían autorizado como fijas instalaciones que en sentido estricto cabrían ser consideradas como desmontables".
Es el caso que se produce, por ejemplo, en la ciudad de Castellón, aunque insistió en que, de cara a 2010, "la situación debe cambiar necesariamente, porque una vez vencidas las concesiones otorgadas por el ayuntamiento, únicamente se podrán ubicar sobre la arena de la playa instalaciones de 20 metros cuadrados, y a las que excedan esas dimensiones habrá que buscarles una nueva ubicación fuera de la playa".
El subdelegado del Gobierno destacó que lo que se va a hacer en Castellón es lo mismo que se viene realizando en otros municipios de la provincia, "en los que según han ido venciendo las concesiones, se han sacado los chiringuitos de la playa o se han reducido a 20 metros cuadrados".
Es algo que por otra parte, dijo, "se irá aplicando en todos y cada uno de los municipios de la costa castellonense, según vaya venciendo el periodo de concesión municipal".
En alusión a unas recientes declaraciones del vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, en las que éste pedía la adecuación de la aplicación de la Ley de Costas a las especificidades que presenta la ciudad de Castellón, Antonio Lorenzo manifestó que "lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento de Castellón es haber trabajado durante todos estos años para haber encontrado una ubicación adecuada a estas instalaciones, como otros ayuntamientos han hecho".
Al respecto añadió que "el Ayuntamiento de Castellón sabe perfectamente que existe la norma, porque se le advierte, y porque todos los años recibe expedientes sancionadores que tiene que ejecutar y abonar por la utilización de una superficie superior a la autorizada". Agregó que ello "conllevan importantes cantidades de pago" y afirmó que "por lo tanto, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es buscar la mejor ubicación para esos chiringuitos si quiere que Castellón siga teniéndolos".
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