Moreno se pronunció en estos términos tras conocer que el Banco de Valencia es la entidad que ha avalado de forma íntegra el préstamo con el que Matas ha eludido el ingreso en la cárcel y que asciende a tres millones de euros.
Al respecto, denunció el "intento" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el PPCV de "'gurtelizar' las cajas de ahorro valencianas para llevar también a las entidades financieras el oscurantismo que caracteriza su gestión".
La diputada criticó que "Camps intervenga ahora en el Banco de Valencia a través de su predecesor al frente de la Generalitat, el mismo que censuró la entrada en los órganos de dirección y control de las cajas de la oposición, para salvar a un ex presidente del PP, implicado en un grave caso de corrupción".
Cristina Moreno lamentó que ayer se engañó "a todos los valencianos y valencianas al no anunciarse que el Banco de Valencia había prestado la totalidad del aval, tres millones de euros".
"La realidad que hoy conocemos es que el Banco de Valencia es la entidad que ha permitido a Matas reunir los tres millones de euros íntegros para la fianza", un hecho que, a su juicio, "requiere de una explicación inmediata".
Moreno criticó que "sea precisamente una caja valenciana, controlada por un ex presidente del PP la que preste el dinero a otro ex alto cargo del PP para que evite la cárcel" y reclamó que "Olivas aclare las dudas sobre la operación y se aleje del oscurantismo que preside todas las actuaciones del PPCV".
Por otra parte, la Comisión de Economía y Hacienda del Senado aprobó anoche por unanimidad el Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por lo que queda pendiente de aprobación definitiva por parte del Congreso.
La portavoz del PSOE en la comisión, Yolanda Vicente, destacó que la Ley "no puede ser más oportuna" y que incide directamente en el establecimiento de obligaciones cuando existen actividades delictivas contra la Hacienda Pública y delitos de terrorismo tipificados en el código penal.
Además, la futura Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, en aras a evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o para la financiación de terrorismo.
Vicente mostró su sorpresa ante el giro de la postura del PP, que se abstuvo en la votación anterior realizada en el Congreso y, sin embargo, aprobó el texto en la Cámara Alta.
Entre otras medidas, la Ley reforzará el control en el caso de cargos públicos, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención en este ámbito.
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