NULES.- El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, acusado de delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, ha ratificado ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules que los ingresos de origen desconocido en sus cuentas se deben a movimientos entre ellas.
Fabra ha reiterado a los periodistas que es "inocente", que no piensa dimitir y que no tiene "nada que ocultar".
El interrogatorio, en el que ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, del magistrado instructor y del fiscal, se prolongó durante una hora y cuarto.
Su declaración --que ha tenido que ser aplazada varias veces por motivos de salud-- se ha basado fundamentalmente en ratificar el informe que elaboró un perito a instancias de su defensa, que afirmaba que los ingresos de origen desconocido en sus cuentas se debían a diferentes movimientos internos entre ellas, según han informado fuentes conocedoras de la declaración.
Fabra presentó este informe en el juzgado tras las conclusiones de peritos judiciales que apuntaban a la existencia de ganancias patrimoniales no justificadas.
El fiscal ha indicado en declaraciones a los periodistas que mantendrá la pena solicitada para Fabra, de 15 años de prisión, puesto que, tras escuchar su declaración, no ha visto elementos que le permitan cambiar el escrito de acusación.
Preguntado por la fecha en la que se podría celebrar el juicio, ha recordado que la Audiencia Provincial todavía tiene que resolver tres recursos, uno de ellos referente a si el juicio se celebraría con jurado o bien por procedimiento abreviado; otro sobre la petición de prescripción del delito contra la Hacienda pública en los años 2000-2003; y uno más sobre el sobreseimiento del resto de delitos.
Junto a ello, el ministerio público ha indicado que también hay pendientes dos recursos de apelación. Ante ello, ha indicado que parece que el juicio podría celebrarse la próxima primavera, pero ha señalado que no se atrevía a dar ningún plazo "sobre todo con el tiempo que ha pasado".
"Ya me gustaría que fuese antes", ha matizado.
Esta causa tiene su origen en una denuncia de Hacienda contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999.
En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apuntaba a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario.
En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.
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