VALENCIA.- El III Comité Nacional Ordinario de UGT-PV, máximo órgano entre congresos, considera que los presupuestos de la Generalitat para 2011 "son incompatibles con el crecimiento económico y el empleo, y socialmente injustos, ya que inciden en el error de priorizar reducción del déficit público como objetivo principal", pese a que en una comunidad "con más de medio millón de desempleados, es necesaria la protección a las personas y el refuerzo de la inversión pública".
Así lo ha señalado en su sesión de este miércoles, en la que también ha dado luz verde a su presupuesto para 2011, que está "basado en la contención del gasto, con un incremento cero de la cuota sindical", y ha aprobado tres resoluciones de urgencia.
A propuesta de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego, la primera de esas resoluciones "rechaza y condena" las "prácticas antisindicales" de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), "especialmente durante el actual proceso de elecciones sindicales en el sector de grandes almacenes", así como la "actitud cómplice" de los sindicatos Fetico y Fasga.
Las otras dos resoluciones han sido propuestas por la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar. En concreto, la primera rechaza los "planteamientos privatizadores" de la Conselleria de Transporte con motivo de la ampliación de líneas y servicios de mantenimiento en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), por "sus consecuencias sobre la creación de empleo público, la calidad del servicio y la seguridad".
La última resolución rechaza igualmente la "política empresarial" adoptada por el Ayuntamiento de Valencia y la dirección de empresa de EMT de Valencia "encaminada a reducir y precarizar los derechos laborales de los trabajadores", así como el "empeoramiento en la calidad del servicio" que supone, a su juicio, "la privatización de la línea orbital", que ha motivado la convocatoria de paros parciales los lunes y jueves desde el 4 de octubre hasta finales de junio.
Por otro lado, el Comité Nacional de UGT-PV ha manifestado su "apoyo a los derechos del pueblo saharaui" y ha denunciado y condenado la "violenta intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes" en el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún.
Así, ha instado a la ONU, a la Unión Europea y al Gobierno español a que "promuevan las investigaciones oportunas para determinar las responsabilidades habidas en aquella intervención" y "las acciones que permitan garantizar los derechos humanos de los habitantes del Sáhara occidental, y la solución negociada entre las partes".
Con motivo de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, ha expresado asimismo su apoyo a todas las personas con VIH/SIDA que "continúan sufriendo numerosas discriminaciones a nivel social y laboral".
En cuanto al contexto social y económico, el Comité Nacional de UGT-PV ha señalado que "es complicado, contradictorio y nos lleva a la necesidad de intentar reducir o limitar los efectos negativos sobre los trabajadores y trabajadoras, los desempleados y los menos favorecidos, de las políticas de ajuste, a la vez que tratar de que se implanten medidas que reconduzcan el modelo económico".
Además, ha criticado que las políticas "impuestas" por el Gobierno central "no están funcionando", dado que "en lugar de corregir las debilidades y disfunciones de nuestro sistema de relaciones laborales, ha apostado por la desregulación y el empobrecimiento de los derechos laborales de los trabajadores".
Ha denunciado igualmente que la patronal "tampoco ha estado a la altura de las circunstancias", tanto en el proceso de concertación, como en su "actitud ante las reformas impuestas".
El Comité Nacional de UGT-PV ha valorado que la huelga general del 29 de septiembre "paró el país" e "hizo llegar a la sociedad el claro mensaje de que se estaba yendo por el peor de los caminos y que otras políticas sociales, laborales y económicas eran, y son, posibles y necesarias".
En este sentido, ha destacado que UGT y CCOO han pedido al Ejecutivo estatal "una rectificación de sus políticas que incida en un crecimiento económico sostenido, creador de empleo de calidad y con derechos que venga a consolidar el Estado del bienestar", ante la que "no ha habido respuesta todavía", por lo que "el conflicto sigue abierto" y se ha iniciado una "campaña reivindicativa" que incluye concentraciones y manifestaciones en diciembre.
Por otra parte, ha valorado la firma de la Estrategia de la Política Industrial (EPI) 2010-2015 y ha recalcado que "es responsabilidad de todos" que ese acuerdo "no se quede en intenciones sino que sea el elemento de dinamización económica y social que nuestra sociedad, en una situación de grave crisis, demanda".
En otro orden de cosas, ha defendido "la viabilidad del actual sistema público de pensiones" y se ha opuesto a "cualquier tipo de recorte", al tiempo que ha aludido al proceso de negociación colectiva como "una prioridad máxima, que, además, de reivindicar la consolidación y mejora de derechos laborales y sociales, corrija al máximo las disfunciones que la reforma laboral ha generado".
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