VALENCIA.- Unas 250 personas que participaron en las
manifestaciones estudiantiles del pasado mes de febrero en Valencia, la
conocida como 'primavera valenciana', han recibido propuestas de sanción
del Gobierno central por infracción grave por un importe de hasta 6.000
euros, según la plataforma jurídica formada a raíz de estos hechos.
Estudiantes y representantes de diversas entidades se han concentrado
este martes a las puertas del IES Lluís Vives para denunciar "la
criminalización" de sus protestas y anunciar que alegarán contra este
procedimiento.
Los jóvenes se han reunido a las 11.00 horas frente al
instituto de secundaria y han desplegado una pancarta con el lema 'Ni
retallades ni repressió. Solidaritat represssaliats #primavera
valenciana', al tiempo que han exhibido las propuestas de multa que han
recibido. Posteriormente, una joven ha leído un manifiesto en el que el
colectivo considera que el objetivo de las denuncias es "provocar miedo
entre las personas y servir de medida ejemplarizante para otros sectores
de la sociedad".
Igualmente, sostienen que, "tanto la Delegación del Gobierno
como la Policía Nacional tratan de culpabilizar y criminalizar a todas
aquellas personas que fueron identificadas para limpiar su imagen y
desviar la atención de ellos mismos, los verdaderos culpables de los
hechos que se desencadenaron durante la primavera valenciana". Por ello,
expresan su intención de "defender sus derechos con todos los
mecanismos jurídicos y mediáticos posibles".
En este sentido, Sebastián Cabanes, miembro del colectivo
Alerta Solidaria y de la plataforma jurídica ha explicado que la gran
mayoría de propuestas de sanción por infracción grave --que acarrea
multa de entre 300,51 a 6.010,12 euros-- corresponden a la concentración
que se llevó a cabo el 17 de febrero ante la Comisaría de Zapadores,
aunque también se han comunicado algunos procedimientos abiertos, en
este caso de carácter leve, por cortes de la calle Xàtiva.
En las notificaciones de incoación de expediente se achaca a
las personas identificadas en Zapadores su participación "en una
concentración no comunicada frente a las dependencias policiales,
negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los
agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes
públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública", según
precisa el documento.
Cabanes ha defendido que esto "no responde a la realidad" ya
que, su parecer, lo que se produjo fue "un dispositivo desproporcionado
de la Policía" contra los estudiantes, "algunos de ellos menores de
edad". En estos momentos, ha añadido, "la gente se está coordinando para
alegar y recurrir todas esas notificaciones".
El proceso --ha concretado-- consiste en que cada persona
"presente su alegación ante Delegación, después habrá una propuesta de
resolución, donde se dirá el importe definitivo de la multa, y, tras más
alegaciones y si es el caso, un recurso de alzada para poder llegar a
un contencioso administrativo".
Este portavoz ha comentado que el proceso se puede paralizar,
tanto en el caso de las infracciones graves como en las leves, pagando
una determinada cantidad pero ha precisado que si se hace "se demuestra
la culpabilidad". "Y lo que queremos es decir que nosotros no somos
culpables de nada", ha sentenciado.
En términos similares se ha expresado María, una estudiantes
de 18 años del IES Lluís Vives, que ha subrayado que se "niega a pagar
por esto" y que va a recurrir, si se le impone, la multa, al igual que
"la mayoría de compañeros del instituto" que también participaron en la
concentración.
Precisa Subdelegación del Gobierno
Las propuestas de sanción administrativa
incoadas por hechos relacionados con las protestas estudiantiles del
pasado mes de febrero en Valencia, conocidas como 'primavera
valenciana', son un total de 230, 171 de ellas a personas mayores de
edad y 59 a menores, según han detallado fuentes de la Subdelegación de
Gobierno en Valencia.
Estas fuentes han señalado que, basándose en las denuncias del
Cuerpo Nacional de Policía, la Subdelegación ha iniciado expedientes de
sanción según lo dispuesto en la Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana, y en concreto en lo establecido en el artículo 23.d) sobre
"negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de
tránsito público" y en el 23 n), referente a "originar desordenes graves
en las vías, espacios o establecimientos públicos".
De acuerdo a esta norma, se han considerado los incidentes como
infracción administrativa grave, lo que ha supuesto la apertura de 230
procedimientos. En concreto, 171 corresponden a mayores de 18 años con
301 euros que es la cuantía mínima que recoge la Ley.
A los menores de edad comprendidos entre los 16 y los 18 años --de
los que hay 53 casos-- la propuesta de sanción se cifra en 200 euros,
mientras que a los que tienen entre 14 y 16 años --seis en total-- el
acuerdo de iniciación propone sancionar con 100 euros.
La decisión de diferenciar entre menores y mayores de edad parte
de una instrucción del año 2001, después de la entrada en vigor de la
Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La instrucción adecuó el
ejercicio de la potestad sancionadora a lo dispuesto en esa Ley cuando
se refiere a menores, han detallado desde la institución.
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