CASTELLÓN.- El juzgado de instrucción nº 1 de
Castellón, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional,
comunicada y sin fianza para uno de los 53 detenidos en relación con la
investigación por supuesto fraude a la Seguridad Social después de que
el juez le haya tomado declaración, según ha informado el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El detenido está imputado por supuesto fraude a la Hacienda
Pública y a la Seguridad Social, y por falsedad documental, según ha
explicado el órgano judicial.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez
de León, ha asegurado este viernes que el fraude a la Seguridad Social
mediante cobros irregulares de subsidios descubierto por la Guardia
Civil en el marco de la operación 'Sarpe' desarrollada en Castellón,
podría superar los 600.000 euros solo en 2011.
Los agentes han detenido a 53 personas como presuntas autoras de
los delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social,
falsificación documental y pertenencia a organización criminal y
calculan que puede haber 200 posibles defraudadores en Castellón,
Cuenca, Tarragona, Lleida y Valencia.
Sánchez de León ha dado detalles de esta operación en una rueda de
prensa en Castellón en la que ha estado acompañada por el teniente
coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, Juan José
Miralles, y por el general jefe de zona, Fernando Santafé. Con esta
operación se ha desarticulado una banda que operaba desde 2009 mediante
la creación de empresas fantasma para contratar a trabajadores de origen
extranjero en puestos de trabajo inexistentes y que pudieran así cobrar
el subsidio de desempleo o crear expectativas de futuras prestaciones.
Según Miralles, se calcula que son más de 600.000 euros los
defraudados correspondientes al año fiscal de 2011, una cantidad a la
que habría que añadir los de 2010 y lo que va de este año. De las 53
personas detenidas --48 de nacionalidad rumana y cinco de origen
marroquí--, solo cuatro permanecen en esta situación. "Se trata de los
cuatro promotores, uno que ha organizado la empresa y los otros tres que
le han ayudado a crear el resto de la estructura", ha señalado Miralles
quien ha añadido que mantienen "una relación familiar" Entre estas
cuatro personas, se encuentra el presunto jefe de la trama, que ya tiene
antecedentes penales "de todo tipo", ha afirmado Miralles, como por
delitos contra la propiedad y lesiones. Además, estaba alquilado en
muchos sitios no pagaba".
El teniente ha especificado que se ha realizado un único registro
en el domicilio del principal imputado, de origen rumano, de donde se ha
obtenido "mucha información" porque "allí detallaba los contratos y qué
cantidad pagaba cada persona", que variaba en función de los días,
meses o años que les pudiesen faltar para poder cobrar posteriormente el
paro y defraudar.
"La operación está ideada y llevado a cabo por una única persona" que
creó una serie de empresas ficticias donde contrataba a otras más, ha
explicado, y ha dicho que, en este caso, no había sitio "físico" donde
se realizaban los contratos, de los que "muchas veces se hacían muchas
veces desde el coche, en la calle, en un bar, en un parque".
"Hay personas que llegaban a Castellón estuvieron tres días, hicieron
el contrato y se volvieron a Rumanía. Han estado teóricamente cotizando
mientras no estaban aquí y han cobrado subsidio. Por lo tanto, las más
de 200 personas eran conscientes y pagaron un dinero a un contrato
ficticio donde nunca han trabajado porque no hay empresas", ha
asegurado. Las cuatro empresas ficticias se dedicaban desde la limpieza,
a la construcción, servicios, transporte de personas en furgonetas o el
tercer sector.
A las personas implicadas se les cobraba para que la empresa
ficticia les tramitara el cobro del subsidio que les pudiera
corresponder por el tiempo de trabajo que supuestamente debería haber
realizado. De esta manera, el trabajador llegaba a percibir desde 2.500
hasta 13.000 euros por año, aunque "no tenía tasas reales".
La operación, iniciada a raíz de una denuncia, se abrió hace dos
meses y medio permanecerá abierta "mientras haya personas que se hayan
beneficiado del Estado de un dinero fraudulento", ha dicho Miralles
quien no ha descartado que se realicen más detenciones pero no como
"organizadores de este fraude no, sino como gente que se ha beneficiado
del dinero del Estado".
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