MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ha
denunciado a la cúpula del Banco de Valencia ante la Audiencia Nacional
por la existencia de indicios de delito cuya gravedad exige su
"inmediata actuación", según informaron fuentes
judiciales.
En el escrito remitido al juzgado de instrucción nº 3 de
Valencia y firmado por el FROB con fecha 5 de junio, el organismo
informa de que sus administradores detectaron posibles delitos que deben
ser conocidos por la Audiencia "por su naturaleza y número de posibles
afectados, condición de cotizada del Banco de Valencia y repercusión en
la economía nacional".
Ante la existencia de indicios de actuaciones irregulares en
la entidad, las personas designadas por el FROB para ejercer las
funciones que le corresponden como administrador provisional solicitaron
una investigación independiente que culminó en un informe pericial que
refleja actuaciones que podrían ser constitutivas de delito, indica.
"Por ello y en el convencimiento de que las circunstancias
expuestas exigen la inmediata actuación de la Audiencia Nacional, el
FROB ha considerado ineludible poner a disposición del juzgado central
de instrucción el informe pericial realizado mediante la presentación de
la correspondiente denuncia", indican.
Tras recibir el informe del FROB, el juzgado ha remitido con
fecha del 4 de junio un oficio a las diferentes partes que integran el
procedimiento para, entre otras cuestiones, preguntarles sobre la
competencia para investigar a Banco de Valencia o remitirlo a la
Audiencia Nacional por el tipo de delitos y la cantidad de afectados.
Tras pronunciarse las partes, el juzgado informará sobre su postura.
En la junta general de accionistas de la entidad celebrada el
pasado 14 de mayo, el administrador del FROB Juan Antonio Iturriaga
anunció que estaban elaborando un informe muy amplio y preciso y que
próximamente iniciarían "alguna acción legal significativa derivada de
los hechos y circunstancias" ocurridos.
El FROB ha puesto esta denuncia en conocimiento del juzgado de
Instrucción nº 3 de Valencia, que instruye la querella interpuesta
por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia
(Apabankval) contra el consejo de administración de la entidad por dos
delitos societarios: falsedad contable y administración desleal
En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27
imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de
Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio,
el juez iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril, pero se
suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien consideraba
que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las
declaraciones.
Por este motivo, Fiscalía pidió al juzgado que recabase
documentación registral e informes a la entidad bancaria y a Banco de
España. También solicitó libros de actas de Banco de Valencia, informes
de las inspecciones realizadas por Banco de España a esta primera
entidad, créditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o
de riesgo.
Esta misma documentación también fue requerida por Diego
Muñoz-Cobo, letrado de la asociación de pequeños accionistas, en la
querella que presentó en febrero con la adhesión de 137 accionistas que
representan el 1% del capital de Banco de Valencia.
A esas dos acciones legales se unirá la acción social de
responsabilidad que la junta aprobó que se ejerza contra el expresidente
José Luis Olivas y Bancaja, contra el exconsejero delegado Domingo
Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de
Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio Izquierdo, como
exconsejero delegado y expresidente.
De este modo, Banco de Valencia promoverá ante los tribunales
una acción civil contra los administradores con la finalidad de resarcir
los daños y perjuicios ocasionados por su gestión. De acuerdo con la
legislación mercantil, los administradores responden frente a la
sociedad del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, a
los estatutos o por los realizados.
El Banco de España avisó de la dificultad de
subastar entidades nacionalizadas
El exsubgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Javier Aríztegui reconoció la dificultad de subastar las entidades nacionalizadas y en proceso de subasta, según las actas de su última comparecencia a puerta cerrada en el Congreso.
"Se observa en España y el resto del continente europeo un proceso de reducción adicional del valor de los activos y caída de las expectativas de beneficio de los negocios bancarios que va enmarcando progresivamente las operaciones de reestructuración de las entidades de crédito, haciendo cada vez más complicada la venta de las mismas, reconoció.
Así lo afirmó Aríztegui en su última comparecencia parlamentaria el pasado 7 de junio, cuatro días antes de renunciar a su cargo en favor de Fernando Restoy, en paralelo al cese anticipado del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que este lunes fue relevado en el cargo por Luis María Linde.
Aríztegui acudió a la Cámara Baja para dar cuenta sobre cuatro operaciones en las que el organismo dependiente del Banco de España ha intervenido o ha inyectado capital público: Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Aríztegui subrayó que Catalunya Caixa se encontraba entonces en pleno proceso de subasta y que se esperaba que el próximo 27 de junio se presentaran las ofertas vinculantes de compra. Asimismo, agregó que esta entidad y Novacaixagalicia requieren un respaldo adicional de 9.000 millones de euros.
El hasta hace poco 'número dos' del supervisor precisó ante los parlamentarios que comparecía en calidad de presidente de la comisión rectora del fondo, no como subgobernador, y eludió referirse a la nacionalización de Bankia por no haberse materializado aún la conversión en capital del préstamo público concedido por el FROB en 2010 para su integración.
El nuevo equipo gestor de Bankia encabezado por José Ignacio Goirigolzarri solicitó la conversión en acciones de un préstamo público por 4.465 millones de euros, así como otros 19.000 millones de euros de dinero público para garantizar su viabilidad y la estabilidad del conjunto del sistema financiero español, con lo que el respaldo estatal alcanzará 23.465 millones.
El Banco de España avisó de la dificultad de
subastar entidades nacionalizadas
El exsubgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Javier Aríztegui reconoció la dificultad de subastar las entidades nacionalizadas y en proceso de subasta, según las actas de su última comparecencia a puerta cerrada en el Congreso.
"Se observa en España y el resto del continente europeo un proceso de reducción adicional del valor de los activos y caída de las expectativas de beneficio de los negocios bancarios que va enmarcando progresivamente las operaciones de reestructuración de las entidades de crédito, haciendo cada vez más complicada la venta de las mismas, reconoció.
Así lo afirmó Aríztegui en su última comparecencia parlamentaria el pasado 7 de junio, cuatro días antes de renunciar a su cargo en favor de Fernando Restoy, en paralelo al cese anticipado del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que este lunes fue relevado en el cargo por Luis María Linde.
Aríztegui acudió a la Cámara Baja para dar cuenta sobre cuatro operaciones en las que el organismo dependiente del Banco de España ha intervenido o ha inyectado capital público: Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Aríztegui subrayó que Catalunya Caixa se encontraba entonces en pleno proceso de subasta y que se esperaba que el próximo 27 de junio se presentaran las ofertas vinculantes de compra. Asimismo, agregó que esta entidad y Novacaixagalicia requieren un respaldo adicional de 9.000 millones de euros.
El hasta hace poco 'número dos' del supervisor precisó ante los parlamentarios que comparecía en calidad de presidente de la comisión rectora del fondo, no como subgobernador, y eludió referirse a la nacionalización de Bankia por no haberse materializado aún la conversión en capital del préstamo público concedido por el FROB en 2010 para su integración.
El nuevo equipo gestor de Bankia encabezado por José Ignacio Goirigolzarri solicitó la conversión en acciones de un préstamo público por 4.465 millones de euros, así como otros 19.000 millones de euros de dinero público para garantizar su viabilidad y la estabilidad del conjunto del sistema financiero español, con lo que el respaldo estatal alcanzará 23.465 millones.
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