MADRID.- El Gobierno aprobó finalmente el proyecto de una nueva
Ley de Costas que plantea un uso sostenible del litoral español y trata
de reforzar la confianza en las actividades económicas costeras, pero
que ha contado con la oposición frontal de los grupos ecologistas.
Entre otras cosas, supondrá que los edificios que están
a menos de 100 metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo e
incluye una protección jurídica a propietarios y concesionarios de
explotaciones próximas a la costa.
Esta ley modifica la de julio de 1988 que, según el
ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha demostrado ser
ineficaz en numerosas ocasiones.
La ley tiene tres objetivos, según el ministro:
"reforzar la protección del litoral conciliándola con actividades
económicas sostenibles, (...) reforzar la seguridad jurídica en el
litoral, y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la
costa y la actividad económica", dijo Arias Cañete durante la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro detalló que la ley tratará de proteger las
23.000 ocupaciones no residenciales que generan empleo en la costa
española, de las cuales 3.000 corresponden a los denominados
"chiringuitos", para los que establecerá concesiones de cuatro años
siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral.
El titular de Medio Ambiente dijo que la normativa
pretende también ofrecer seguridad jurídica para los titulares de
viviendas.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de
30 años prorrogables a otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75
años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la norma de hace
24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado
con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que
la pasada legislación era un seguro contra la especulación y la
corrupción, a pesar de que se han dado numerosos casos en la costa
española en las últimas dos décadas.
Greenpeace - que hace unos meses denunció que el
mantenimiento de las actuaciones inadecuadas en la costa cuestan 100
millones de euros anuales al Estado - calificó la nueva norma de
"engaño" y acusó al Ejecutivo de "vender la costa al mejor postor" en un
comunicado.
"El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que
quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como se ha
entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad
privada y las actividades lucrativas en la costa", dijo Mario Rodríguez,
director ejecutivo de Greenpeace en una nota difundida tras el anuncio
del Gobierno.
Por su parte, el ministro sostuvo que "es una ley que
refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Esta ley no es más
laxa, no es más tolerante, sino que va a reforzar la prohibición de
nuevas edificaciones".
La ley incluye también la llamada "cláusula
antialgarrobico", que pretende acabar con agresiones medioambientales en
el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo
menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor
ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"Regula la posibilidad que tiene ahora el Gobierno de
suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar
situaciones irreversibles siempre con la última palabra para los
tribunales", dijo Arias Cañete.
La ley diferenciará también las playas urbanas de las
naturales, incrementando la protección en estas últimas y reduciendo las
ocupaciones, agregó.
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