Alberto Fabra se enfrenta ahora a la posibilidad de tener que remodelar su Gobierno en el peor momento, si se confirma la imputación del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, acusado de haber filtrado un informe al imputado en el ‘caso Cooperación’ y diputado ‘popular’ en las Corts, Rafael Blasco.

VALENCIA.- Alberto Fabra se enfrenta ahora a la posibilidad de tener que remodelar su Gobierno en el peor momento, si se confirma la imputación del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, acusado de haber filtrado un informe al imputado en el ‘caso Cooperación’ y diputado ‘popular’ en las Corts, Rafael Blasco.

Si Fabra fuera consecuente con su anuncio de que los cargos imputados en causas judiciales tuvieran que abandonar sus puestos, el president debería sacrificar a su responsable de Hacienda. Las posibilidades de que Vela sea llamado a declarar en calidad de imputado son altas. Pero la firmeza del president está en tela de juicio si nos remitimos al caso de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, acusada de irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Castedo mantiene la Alcaldía y su escaño de diputada regional del PP. El president ha dicho este mismo miércoles, de manera contradictoria, que confía en que la regidora podrá demostrar que su gestión en la tramitación del plan de urbanismo ha sido “transparente” y ha pedido respeto por la presunción de inocencia.
La jueza instructora del caso Cooperación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pía Calderón, ha pedido que se depuren las responsabilidades penales en que se hubiera podido incurrir por la filtración a Blasco de un informe del interventor general de la Generalitat sobre el caso de Cooperación, que fue solicitado por el juzgado. Para ello, ha ordenado que se envíe a la Fiscalía toda la información sobre la presunta filtración. El diario Levante desveló que el conseller de Hacienda entregó a Blasco el citado documento durante el pleno del martes en el Parlamento valenciano.
El asunto es un nuevo quebradero de cabeza para Fabra, ya que se vería en la tesitura de renunciar al responsable de las cuentas públicas en el peor momento: se acaban de presentar los Presupuestos autonómicos y la Generaliltat negocia actualmente con el Ministerio de Hacienda una nueva inyección de fondos.
El interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, elaboró el informe a requerimiento del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que inicialmente llevó la investigación del presunto desvío de fondos públicos destinados a Cooperación durante la etapa de Rafael Blasco como conseller de Solidaridad. La causa pasó posteriormente al Tribunal Superior de Justicia Valenciano al considerar la titular del juzgado que existían indicios de delito en el exconseller, aforado en su condición de diputado.
Blasco renunció a su cargo como portavoz del PP temporalmente y, tras su imputación en octubre, lo hizo de forma definitiva. Alberto Fabra había adelantado al respecto unos días antes que Blasco era “consciente de que con imputación dejaría de ser portavoz”. Sin embargo, el exportavoz del Grupo popular en las Cortes Valencianas conserva su escaño y como él alrededor de una decena de diputados de ese partido implicados en casos de corrupción.